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Aysa estima una suba del 32 por ciento de su tarifa

En una audiencia pública que se celebrará hoy por la mañana, la empresa estatal que preside Malena Galmarini justificará la necesidad de alzas por la suba de la electricidad necesaria para el suministro; el último aumento fue de 27 por ciento y se llevó a cabo el primero de mayo de 2019

Luego de las audiencias para la suba de tarifas de gas y electricidad, hoy llegará el turno de la audiencia pública para el aumento de las tarifas de agua, que se mantienen congeladas hace tres años. Desde la empresa Aysa solicitaron nuevos cuadros tarifarios con un incremento del 20 por ciento a partir de julio —que impactará en la factura de agosto— y otro 10 por ciento a partir de octubre, lo que da un aumento acumulado de 32 por ciento. También quiere tener la facultad de aplicar la segmentación, que es la quita de subsidios a los clientes de mayores ingresos.

En una Argentina en la que los economistas relevados por el Banco Central prevén un 65 por ciento de inflación en el año, la compañía que abastece a la capital y el conurbano juzga que debería equiparar sus precios con los incrementos de la electricidad ya que es el tercer mayor consumidor de esta energía en el país. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) es el que autoriza las subas.

Según estimaciones de Aysa, si se aplica el aumento propuesto, la factura promedio para usuarios residenciales no medidos con los dos servicios (agua potable y cloacas) sería de $744,10 desde julio (sin impuestos incluidos) y de $818,60 desde octubre.

Específicamente, los usuarios de los segmentos de menores ingresos pagan hoy en promedio unos $190 mensuales; para los segmentos medios, la factura promedio es de $500 y para los de mayores ingresos, ronda los $980 por mes.

A su vez, la secretaría de Energía busca aplicar la segmentación, que implica una quita de subsidios, al 10 por ciento de clientes con mayores ingresos o que viven en barrios de alto poder adquisitivo. En Aysa consideran que ese modelo es replicable para su propia facturación.

En la actualidad hay 250.000 beneficiarios de la tarifa social en el área de AySA, subvencionados con un total de $1.000 millones. En teoría, la ciudad y la provincia de Buenos Aires deberían aportar al subsidio, pero no lo hacen. El ERAS determina la cobertura de la tarifa social. La empresa tiene en total 3,6 millones de usuarios, de los cuales 2,7 millones son residenciales y 900.000 comercios, industrias e instituciones varias.

La empresa de agua es deficitaria. En 2021, gastó $84.000 millones entre la provisión del servicio de aguas y cloacas, y obras de mejora y ampliación de la red. Para 2022, estima que necesitará $170.000 millones. Las tarifas le aportarán $33.363 millones. Con los ingresos que obtendrá de sus clientes, la compañía pagará un 35 por ciento de sus gastos operativos, y cubrirá menos de una quinta parte de sus gastos totales.

Esto significa que el aporte del Tesoro a la empresa crecerá pese al aumento de tarifas. Por otra parte, se reclamará un aumento del presupuesto para la tarifa social desde $792 millones a $1052 millones con el objetivo de subsidiar el acceso a 250.000 beneficiarios en Capital Federal y 26 partidos bonaerenses. La tarifa social debería pagarse con aportes de los gobiernos porteño y bonaerense, pero en la empresa que conduce Galmarini afirman que ese dinero no se gira.

“Hubo un cambio de mirada del Gobierno sobre este servicio. El agua ya no es más como un servicio público para nosotros, además es un servicio de salud, es un servicio al medio ambiente, es un servicio al desarrollo, el desarrollo de las personas, el desarrollo local e industrial”, justifican en la empresa estatal. “Si sólo tomamos el servicio de salud estimado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) en el mediano plazo, por cada dólar que invertimos en agua y saneamiento se ahorran un promedio de siete horas de atención de salud, tomado el servicio cómo prevención de salud como enfermedades agudas y crónicas.”

La gestión de Galmarini sostiene que en 2019 el gobierno de Cambiemos dejó AySA con un déficit operativo de $5.000 millones, con necesidades de inversiones por 3.600 millones y una deuda flotante con proveedores y contratistas de más de 9.000 millones. “No había dinero”, recuerdan. “En ese momento, como hoy, la tarifa no cubría esos gastos, pero tampoco el Estado Nacional transfería para garantizar el servicio. Había faltante de repuestos básicos, no todos los empleados tenían las herramientas pertinentes para hacer sus trabajos. Con la decisión de Malena, y obviamente con la decisión presidencial, se generaron recursos para poner al día la empresa y generar estos niveles de inversión”, aducen.

Desde el comienzo de su gestión, Galmarini planteó este problema al Palacio de Hacienda, según señalan en la empresa. Al respecto, se intentó – sin resultados – que este pasivo fuera incluido en la refinanciación de la deuda que llevó adelante Guzmán con los acreedores privados.

Ante la proximidad de este vencimiento que no podrá ser afrontado por la empresa, la titular de Aysa reiteró su pedido. “Estamos a la espera de una devolución del Ministerio de Economía para saber cómo seguimos adelante", precisaron fuentes de la compañía.

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