En un clima de hipersensibilidad por la reapertura de la negociación salarial, y con el ruido de fondo de las protestas, causa inquietud la revisión iniciada por el Gobierno del régimen de jubilación anticipada. En los sindicatos ven un afán de recorte fiscal en línea con los compromisos con el FMI.

En su afán de reducir gastos en el Estado y modificar el sistema jubilatorio, el Gobierno avanza con la revisión de los regímenes diferenciales de jubilaciones anticipadas.

Se trata de unas 50 actividades del transporte, industria y servicios que, por implicar riesgos para el trabajador por insalubridad o envejecimiento prematuro, prevén la posibilidad de jubilarse con un mínimo de 50 años de edad y 25 de aporte y que ahora quedaron en la mira de las autoridades.

El ministerio de Trabajo oficializó el lunes pasado la "comisión técnica permanente" para reordenar ese marco previsional con la publicación de la resolución 194, aunque en realidad el organismo ya se reunió dos veces el mes pasado.

La nueva estructura presidida por el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulicci, definió en dos reuniones un plan de trabajo que podría derivar en la supresión de algunos regímenes, la elevación de la edad jubilatoria y la incorporación de nuevas actividades, con contribuciones patronales adicionales.

"La idea es emprolijar, no achicar costos", señaló a este medio un funcionario de la comisión.

Como primer paso, la comisión integrada por funcionarios de Seguridad Social, Anses y la SRT empezó a elaborar un informe sobre las actividades o tareas que "merecen" los beneficios del régimen diferencial, consignando los respectivos requisitos de edad, servicios y cotizaciones adicionales, ya que en algunos casos los empleadores aportan dos puntos extra de cargas sociales.

En tanto, para analizar cada sector específico se convocará a gremios y empresarios. El plazo previsto para el relevamiento es de un año y luego deberá convertirse en un proyecto legislativo.

La resolución del ministerio de Trabajo no tardó en encender el alerta en el ámbito gremial. En plena discusión de un paro nacional de la CGT para los próximos días y de presiones dentro de los sindicatos para revisar las paritarias cerradas en torno al 15 por ciento, son varios los sectores que temen un tijeratazo en su régimen jubilatorio particular.

Si bien no hay un dato oficial sobre la cantidad de beneficiarios, se estima que cerca de 700.000 trabajadores gozan de un status previsional más favorable que el del sistema general por el tipo de tareas o el ambiente desfavorable donde las realizan.

En la actividad del transporte, choferes de camiones, recolectores de residuos, colectiveros, trabajadores del subte, ferroviarios, aeronavegantes, choferes de micro y colectivos, portuarios y taxistas perciben haberes con una edad menor a la ordinaria.

También gozan de jubilaciones anticipadas ramas del agro y de la industria como petroleros, gráficos, obreros del vidrio, la carne, frigoríficos y chacinados, mineros (subterráneos y a cielo abierto), metalúrgicos (laminación acería y fundición) y en los últimos años, se sumó la construcción. Mientras que en los servicios ocurre lo mismo con radiólogos, enfermería, personal femenino telefónico, de servicios eléctricos y los docentes de frontera.

En la cartera laboral encabezada por Jorge Triaca, creen que varias de las tareas que fueron declaradas penosas o riesgosas entre los años 60 y 80 hoy ya no generan un deterioro en los trabajadores por los cambios en la tecnología y la ciencia, que habrían mejorado las condiciones de trabajo.

Ese sería el caso de los textiles que ya no aplican la técnica del dofeo del rayón, las actividades que empleaban el sistema morse y teletipo, y el personal de imprenta del Congreso con tareas insalubres, en cuyo régimen "se quiso meter un empleado" legislativo, según alegan los funcionarios.

A partir de esas situaciones, las autoridades no descartan eliminar algunos regímenes que consideran desactualizados y elevar las contribuciones para mantenerlos en pie o bien para incorporar nuevas actividades.

"Podemos tocar intereses, algunos no quieren que se saque el régimen diferencial de jubilaciones, a otros les podés aumentar la edad para obtener el haber y otros quieren incorporarse al sistema", admitieron en la comisión.

Reforma previsional

La decisión de crear un listado de actividades fue adoptada en 1996 en la ley 24.241. La idea era unificar una veintena de decretos y leyes previas que datan de 1968, pero el anteproyecto elaborado nunca llegó a tratarse en el Congreso.

En esa normativa se apoya ahora a Mauricio Macri para avanzar sobre el retiro temprano de los trabajadores y concluir la tarea de la comisión creada luego en 2011, que quedó trunca por falta de recursos y el desinterés del sector sindical y empleador, temerosos unos de perder beneficios y los segundos de ver incrementadas las contribuciones patronales.

Los cambios se inscriben además en una estrategia de mayor alcance del Gobierno que se propone disminuir los fondos destinados al sistema previsional con el fin de hacerlo "suficiente" y "sustentable".

La lectura oficial es que el aumento de la esperanza de vida conspira con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Hoy, por cada jubilado hay 1,3 trabajadores aportantes, una relación que debería ser de uno a tres.

El presidente retomó sus planes de reforma jubilatoria el mes pasado, cuando reiteró que todos los argentinos debían trabajar "la misma cantidad de horas" y de "años" y pidió terminar con los "privilegios".

Fue un mensaje en sintonía con las recomendaciones del FMI, que el jueves acordó prestarle a la Argentina u$s50.000 millones a cambio de un fuerte ajuste fiscal, dentro del cual estaría el rubro previsional.

El tema surgió en la reunión de urgencia que mantuvo el jueves la cúpula de la CGT con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el vicejefe de Gabinete Nacional Mario Quintana, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Ernesto Leguizamón, en reemplazo del titular Jorge Triaca, quien se encuentra en Suiza, en la conferencia de la OIT.

Durante la reunión, según el comunicado de la central, "Dujovne informó brevemente sobre el inminente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y subrayó que el mismo no afectará los intereses de los trabajadores ni los derechos de la seguridad social". En otras palabras, se mantienen derechos, pero no se dice nada de los montos de los haberes ni la edad jubilatoria.

Ya en diciembre pasado, el organismo multilateral sugirió en su informe del artículo IV sobre la Argentina la necesidad de reducir erogaciones públicas en salarios, jubilaciones y transferencias sociales.

Pero el régimen previsional siempre estuvo en la agenda de Cambiemos. Desde el inicio de la gestión se puso en marcha la comisión de fortalecimiento, donde se estableció el sistema de tres pilares (no contributivo, contributivo y voluntario) y se fijaron criterios que sirvieron para definir la fórmula de movilidad jubilatoria sancionada en diciembre, que ahora la Justicia declaró inconstitucional.

En mayo pasado, se creó además el consejo de sustentabilidad, un organismo cuya tarea es elaborar un nuevo proyecto de ley jubilatoria.

Con todo, la oposición y la CGT cuestionan las medidas oficiales. Uno de los hombres más escuchados en Azopardo es el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, para quien el plan oficial en materia jubilatoria "desvía la atención" sobre los haberes, en lugar de enfocarse en generar ingresos desde el Estado.

"No hay que discutir si la edad para jubilarse creció demasiado, sino el financiamiento, el 35 por ciento de trabajo en negro y los impuestos al consumo como el IVA, sin que haya financiamiento de las rentas", dijo Semino.

El especialista alerta además por la situación delicada de buena parte de los jubilados y pensionados: de un universo de siete millones, 3,5 millones cobran la mínima de $8.096 y otros 1,5 millones perciben la media de $12.000.

En ambos casos, el ingreso es inferior a la canasta de vida medida por el Indec, que es de $14.535 para un hogar de tres miembros y de $18.258 para uno de cuatro.