El Gobierno adelantó para el martes próximo la revisión del Salario Mínimo con el propósito de estirar lo antes posible la suba acordada meses atrás, de 35 por ciento, a un valor de entre 46 y 48 por ciento, incluso por encima del promedio de las paritarias del segundo semestre, confiaron en el equipo económico.

La decisión busca no sólo convalidar el compromiso de la administración de Alberto Fernández de que este año los ingresos deberán ganarle a la inflación sino, sobre todo, darle a la población una señal superadora de aquella premisa con una suba que al cabo de 2021 muestre eventualmente una distancia considerable con el alza en el costo de vida. Estará en línea, además, con el anuncio de la suba a 175 mil pesos del mínimo no imponible para el pago de Ganancias.

El ajuste en el piso salarial, que incluirá una nueva revisión en febrero y vigencia hasta marzo, tendrá un efecto marginal sobre trabajadores formales (se calcula que entre 100 mil y 300 mil son los que no están regidos por convenios colectivos) pero el mayor impacto se dará en el valor de los planes sociales: cada “salario social complementario” equivale al a mitad del mínimo, vital y móvil, que en la actualidad es de 29.160 pesos, y se modifica según sus cambios periódicos. El debate quedará a cargo del Consejo del Salario que se reunirá de este modo por segunda vez en el año, luego del acuerdo tripartito de fines de abril pasado.

Los programas impactados de lleno por la variación del salario mínimo son el Potenciar Trabajo, el Acompañar y las becas Progresar. Pero también incide sobre el valor que el Gobierno les asigna a los subsidios Repro con los que complementa el pago de sueldos en las empresas todavía con dificultades derivadas de la pandemia, con lo que la incidencia del piso salarial se extiende a millones de personas.

Esa condición hace que el Estado sea casi el único pagador efectivo del salario mínimo. En base a esa premisa el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confía en alcanzar el martes que viene un acuerdo con los protagonistas del Consejo del Empleo, la Productividad y Salario Mínimo, Vital y Móvil, que reúne a empresarios y sindicalistas. Desde hoy el funcionario -uno de los apuntados por el kirchnerismo como quienes deberían dejar su cargo- iniciará reuniones con las cámaras patronales, en particular con el nuevo presidente de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja, catalogado como rival político del Gobierno.

El martes próximo discutirán por los gremios la CGT, de Héctor Daer y Carlos Acuña, la CTA de los Trabajadores (Hugo Yasky) y, por primera vez de manera plena y por derecho propio, a instancias de una decisión de la cartera laboral, también lo hará la CTA Autónoma, que lidera Ricardo Peidró. Por el empresariado irán la UIA y las cámaras de Comercio y Construcción, las entidades de ruralistas, la Bolsa de Comercio, los bancos y el sector pyme entre otros rubros. De no haber acuerdo, en la cartera laboral confirmaron que terminarán por laudar en el rango del 46 al 48 por ciento.

En abril hubo consenso casi unánime para elevar 35 por ciento el sueldo mínimo en siete tramos que debían completarse recién en febrero próximo. Sin embargo, la disparada inflacionaria de mitad de año y el arranque de una nueva ronda de paritarias que cerraba aumentos diez puntos porcentuales por encima de ese valor motivaron que el propio Moroni resolviera, tras consultas con la CGT y la UIA, adelantar los tramos a septiembre para completar allí la suba total y llegar al piso de 29.160 pesos, como también fijar para el 30 de este mes la revisión. El resultado electoral adverso para el Ejecutivo obligó incluso a anticipar esa renegociación para el martes que viene.