El 24 de diciembre de 2020, Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) suscribieron el Contrato Especial de Proyectos de Investigación para realizar el proyecto piloto de fracking llamado “Kalé”, en Puerto Wilches.
Con este piloto, que tiene una inversión de 76,7 millones de dólares, el gobierno intenta legitimar el fracking en el momento cuando más ojos lo vigilan:
- Desde 2018, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente las normas que regulaban el fracking por los daños que puede causar sobre la salud y el ambiente; en este proceso, aún no se ha tomado la decisión definitiva.
- Hoy, el gobierno tiene la posibilidad de realizar pilotos de fracking, pero solo bajo estrictas condiciones.
Pero en vez de cumplir las exigencias de las autoridades judiciales y de la población, el gobierno ha seguido adelante con un proyecto piloto que no tiene participación y que solo beneficia a la industria extractiva.
Sin cumplir las condiciones
Para llevar a cabo los pilotos de fracking, el gobierno debe cumplir varios requisitos que fueron recomendados por una comisión de expertos, entre ellos:
- Aprobación de las comunidades locales;
- Protección de los ecosistemas de la región donde se realicen los pilotos; y
- Respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En el marco de estos pilotos, el gobierno espera comenzar actividades de perforación en el segundo semestre de 2021. Pero, hasta el momento, los requisitos que ha impuesto el Consejo de Estado están aún muy lejos de cumplirse.
Después de expedir el Decreto 328 de 2020, los Ministerios de Minas y Energía, Interior y Ambiente, la ANH y el Servicio Geológico Colombiano avanzaron en la reglamentación de los pilotos, pero sin acatar los requisitos establecidos por la autoridad judicial.
Por ejemplo, pusieron a andar el proyecto Kalé en plena pandemia, con todo lo que esto implica en términos de participación y acceso a la información para las comunidades que no tienen acceso a internet, que ya han sufrido los impactos ambientales de la extracción y que son pobre en su mayoría.
Tampoco identificaron los impactos ambientales no compensados que ha causado la extracción de hidrocarburos convencionales durante los últimos cien años. No indicaron cuál es la estrategia para compensar estos impactos. No mostraron un plan para fortalecer las débiles instituciones de la región.
En Puerto Wilches, donde se pretende aplicar la técnica por primera vez, avanzaron sin licencia social. Los habitantes del municipio desconfían del proyecto Kalé y, por lo tanto, lo rechazan. Mientras tanto, el gobierno y el sector petrolero siguen evadiendo la necesidad de idear un mecanismo para obtener la aprobación de la comunidad. De manera vergonzosa, el primer piloto de fracking se hace en contravía de todo lo que han propuesto las autoridades como buenas prácticas de diagnóstico previo.
Pusieron a andar el proyecto Kalé en plena pandemia, con todo lo que esto implica en términos de participación y acceso a la información para las comunidades
Hasta ahora nada ha detenido el proyecto Kalé, ni siquiera el contexto de amenazas e intimidación que han vivido varios jóvenes que integran el Comité para la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio de Puerto Wilches. Con cacerolas, murales y carnavales, estos jóvenes se han opuesto al fracking de forma pacífica y han jugado un papel importante en informar a la comunidad sobre sus riesgos. Hoy, opinar pone su vida en riesgo.
Al gobierno se le olvida que el Estado puede ser responsable internacionalmente por cualquier abuso que pueda derivarse de proyectos extractivos por parte de empresas extranjeras o nacionales, incluida Ecopetrol. Solo esta falta de debida diligencia debería ser razón suficiente para la suspensión inmediata del piloto.
El piloto no es representativo
Además, Kalé es un proyecto político y mediático que no es representativo de los impactos ambientales y sociales que puede tener el fracking en Colombia. Basta leer el Decreto 328 de 2020 para darse cuenta de que el Kalé es financiado, diseñado y evaluado por quienes se beneficiarían del fracking. Este sesgo evidente le quita toda pretensión de valor científico.
El supuesto seguimiento adecuado y análisis de desempeño ambiental no será ni adecuado ni medirá el desempeño ambiental, porque no se tiene la capacidad de evaluar impactos acumulativos o a largo plazo.
En términos de sismogeneración, por ejemplo, el aumento de presión en un acuífero, debido a un número ínfimo de pozos, muy probablemente no producirá sismos y menos de magnitudes significativas. Por eso el proyecto pasará fácilmente ese monitoreo, pero cuando se construyan los 12.000 pozos que proyecta Ecopetrol el escenario será distinto.
Lo mismo podríamos decir sobre la fragmentación de los ecosistemas: dos o cuatro pozos pueden no incidir, pero cuando haya miles de pozos todo cambiará. En materia de calidad de agua, los contaminantes en las aguas de retorno de unos pocos pozos pasarán fácilmente el examen por su baja concentración relativa respecto de la totalidad del volumen del acuífero en el que se reinyecte. Pero no pasará lo mismo con la concentración de más de 12.000 pozos.
Otras voces que se oponen al fracking
Además de ignorar las exigencias del Consejo de Estado, el gobierno desconoce la voz de otras autoridades internacionales sobre los riesgos del fracking, entre ellos:
- Dos relatores especiales de Naciones Unidas, uno sobre medio ambiente y otro sobre sustancias tóxicas;
- El presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales de Naciones Unidas (Desc), y
- La Relatora Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Recientemente, estas autoridades solicitaron a la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes que se prohíba el fracking en Colombia. David Boyd, relator especial de Naciones Unidas sobre medio ambiente y derechos humanos, hizo un llamado a Colombia para que sea consecuente con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, y para que busque un futuro basado en energías renovables.
Al gobierno se le olvida que el Estado puede ser responsable internacionalmente por cualquier abuso que pueda derivarse de proyectos extractivos por parte de empresas
Los relatores les recordaron a los congresistas que las nuevas inversiones en fracking son incompatibles con la protección de los derechos humanos. Como resaltó Marcos Orellana, relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, el fracking “genera contaminación tóxica que amenaza la vida, la salud y los ecosistemas, agrava el cambio climático, vulnera el derecho a vivir en un ambiente sano y menoscaba el desarrollo sostenible”.
Por su parte, Renato Zerbini, presidente del Desc, destacó que en los proyectos de fracking generalmente “se violan los derechos a la información, a la consulta, y al consentimiento libre, previo e informado” y que es recurrente el incumplimiento de la obligación de proteger por parte de los Estados Parte, la cual, “en el contexto del sector de hidrocarburos, implica también cuidar que las empresas nacionales y trasnacionales no afecten derechos humanos y se responsabilicen si lo hacen”.
Por último, la relatora especial Desca de la Cidh reiteró lo dicho en su informe sobre empresas y derechos. Según esta funcionaria, para que el desarrollo sea sostenible se debe poner en el centro de atención el bienestar y los derechos de las personas y comunidades, más que las simples estadísticas económicas.
Pese a todas estas voces, en Puerto Wilches el fracking ya está agravando la violencia y los conflictos socioambientales, llevándose por delante a los más vulnerables. Sin duda, el proyecto Kalé es la rueda suelta que hoy amenaza la justicia ambiental del Magdalena Medio y la sostenibilidad de Colombia.
Fuente: Razón Pública