El 80 por ciento de los vertebrados terrestres españoles amenazados están desprotegidos. Es la dramática conclusión de un estudio realizado por tres investigadores españoles, que acaba de ser publicado en la revista internacional ‘Journal for Nature Conservation’. Ocurre que cuatro de cada cinco vertebrados terrestres en situación vulnerable o en peligro de extinción carecen de planes de protección, gestión, conservación y recuperación, pese a que la legislación vigente lo exige. “La razón última de la subprotección de la vida silvestre en España y en tantos otros países podría ser la falta de compromiso político y la escasa reivindicación social para proteger la biodiversidad”, resaltan los científicos.

“Además de ser la principal causa de pérdida de biodiversidad, los seres humanos también son esenciales para la sostenibilidad y la conservación biológica. Las regulaciones para la conservación de especies amenazadas son claves para responder a este desafío”, recoge el primer párrafo del estudio, que evalúa la eficacia de la normativa de obligado cumplimiento en España para la protección efectiva de los vertebrados terrestres amenazados.

Las conclusiones del estudio son preocupantes: solo el 20 por ciento de los vertebrados terrestres amenazados cuentan con planes de gestión aprobados por las comunidades autónomas. Y se observan importantes sesgos taxonómicos y regionales, ya que algunos grupos animales reciben mucha más atención política y social que otros.

“Aparecen niveles más altos de protección en regiones con porcentajes más altos de áreas protegidas, mayor conciencia ambiental de los ciudadanos, menor PIB per cápita y listas regionales más cortas”, concluyen los investigadores.

Especies ‘olvidadas’

La herpetofauna (rama de la zoología que estudia a los reptiles y anfibios) tiene menos planes de gestión aprobados que los mamíferos o las aves. “Nuestros resultados resaltan la importancia de integrar la perspectiva, el conocimiento y las prácticas de todos los grupos de interés (Academia, gobiernos y sociedad) para aplicar de manera efectiva las regulaciones ambientales”, indican los autores.

Las acciones de conservación se centran en un pequeño grupo carismático de animales, principalmente motivados por la popularidad de las especies más que por su estado de amenaza. Un ejemplo de ave popular sería la cigüeña blanca (Ciconia ciconia), mientras que entre las especies ‘olvidadas’, estarían las tortugas o los galápagos, reconocidas como amenazadas o incluso en peligro de extinción en algunos casos, pero que, pese a ello, carecen de planes de gestión.

Un ejemplo concreto de la “diversidad de trato” puede verse en Andalucía, donde tanto la tortuga mora (Testudo graeca) como el lince ibérico (Lynx pardinus) están catalogados ‘en peligro de extinción’, pero el reptil todavía no dispone de un plan para su recuperación, mientras que el felino sí lo tiene y recibe gran atención, tanto política como social y mediática.

Otra conclusión es que no todas las regiones españolas protegieron su fauna por igual. Existe una “gran variabilidad”, pues mientras alguna protege todas las especies amenazadas, otras no han desarrollado planes de gestión para casi ninguna de ellas. Dos comunidades autónomas, Cataluña y Castilla y León, ni siquiera tienen listas autonómicas aprobadas de especies amenazadas. Por este motivo fueron excluidas del análisis.

La disparidad es enorme: el Principado de Asturias tiene todas sus especies amenazadas –entre ellas el oso pardo y el urogallo– con planes aprobados mientras que la Comunidad de Madrid sólo cuenta con planes de gestión para el seis por ciento de las especies en vulnerables y en extinción.

Conciencia ambiental

De otro lado, las regiones con listas de especies ampliamente amenazadas tienden a cubrir un porcentaje menor de ellas utilizando planes de manejo, “probablemente debido a limitaciones presupuestarias, técnicas y administrativas”, señalan los científicos.

“La aplicación de planes de manejo conjunto para un grupo de especies similares, que se ven afectadas por las mismas amenazas (como las aves esteparias), o planes para proteger hábitats específicos podría ser útil en caso de escasez de recursos para regiones con listas más largas”, recoge el estudio.

Los investigadores plantearon la hipótesis de que las regiones con mayor capacidad económica (mayor PIB per cápita) proporcionarían mayores presupuestos para las políticas de conservación, pero se encontraron justo con lo contrario: el número de especies amenazadas con plan de manejo tiende a disminuir cuando el PIB per cápita aumenta. La conclusión es que las regiones más ricas son también “las más urbanas e industrializadas” y “otorgan menos importancia a la naturaleza”, quizá porque se ejerce “menos presión social sobre la protección de las especies”.

El estudio revela asimismo que el porcentaje de áreas protegidas en una comunidad es directamente proporcional al número de especies con planes de manejo aprobados. Se asignan más recursos económicos y esfuerzos de investigación a las áreas protegidas que a los territorios no protegidos, así que se genera “más conocimiento sobre las especies que las habitan y más elementos para elaborar planes de manejo”.

Otra variable analizada por los científicos fue la conciencia ambiental, que “varía mucho entre las diferentes regiones españolas”. La relación entre la conciencia ambiental y la proporción de especies con plan de manejo dificulta identificar la causalidad de esta relación, reconocen los autores.

Grandes retrasos para aprobar planes de gestión

“Por un lado, los altos índices de conciencia ambiental en las regiones pueden presionar a los gobiernos para desarrollar medidas de conservación o, por el contrario, los planes de conservación fomentan acciones de difusión para concienciar a la sociedad, y estas acciones pueden aumentar la conciencia ambiental”.

“Las regiones con más áreas protegidas conducen a una mejor educación ambiental y promueven el turismo de vida silvestre, lo que también aumenta la conciencia ambiental. En este sentido, la educación para la conservación, primer paso para lograr una mayor conciencia ambiental, también podría explicar los sesgos regionales en los planes de manejo”, apunta el documento.

En cuanto a los sesgos taxonómicos, las aves, seguidas de los mamíferos, obtienen mayores porcentajes de planes de manejo aprobados que la herpetofauna. Estas diferencias podrían explicarse porque reptiles y anfibios son “especies menos populares”, e incluso sufren “rechazo social” en algunas zonas de España, al ser consideradas perjudiciales por las poblaciones locales, apuntan los autores.quizá por ello tienen “menos prioridad” para los dirigentes políticos.

Otro aspecto que ha desvelado el estudio tiene que ver con los “grandes retrasos” en la aprobación de los planes de gestión. La legislación nacional especifica que se debe aplicar un plan de conservación para las especies “vulnerables” en un plazo máximo de 5 años y un plan de recuperación para las especies “amenazadas” en un plazo máximo de 3 años.

Pero la realidad dista mucho de estos requisitos, ya que los planes de manejo tardan alrededor de 10 años en ser aprobados. Y eso considerando solo las especies con planes aprobados, que suponen menos del 30 por ciento del total de especies amenazadas.

Vulnerabilidad al cambio climático

El mayor peligro es que el retraso en la realización de las medidas y acciones de conservación “podría afectar a la preservación de especies, especialmente la de especies que se encuentran cercanas a la extinción”, advierten los científicos, que subrayan que en el actual contexto de “cambio global”, el momento de las acciones de conservación es “crucial, particularmente para aquellas especies que son vulnerables al cambio climático”.

Apuntan, además, que la aprobación temprana de los planes de manejo es “económicamente más eficiente y mejora la recuperación de la biodiversidad”. Por ello reclaman, a los gobiernos, que aprueben y apliquen “las regulaciones necesarias para proteger las especies amenazadas”; y a la sociedad, que presione a los gobiernos para que se redacten y apliquen posteriormente las regulaciones, Creen que los grupos de trabajo locales y los voluntarios ambientales podrían mejorar la implementación real de los planes de manejo.

“Dada la crisis de la biodiversidad y los sesgos taxonómicos y regionales de las especies amenazadas en España, consideramos necesaria una mayor coordinación nacional, así como suficientes dotaciones presupuestarias para que investigadores y técnicos cubran todos los grupos taxonómicos, y para realizar evaluaciones periódicas de ambos. listas de especies amenazadas y planes de manejo”, recoge el estudio.

“La protección efectiva de la biodiversidad resultaría en última instancia en un aumento directo e indirecto de los servicios de los ecosistemas, que podrían considerarse inversiones a mediano y largo plazo”, concluyen los autores: Jorge García-Macía, de la Universidad de Alicante; Irene Pérez Ibarra, de la Universidad de Zaragoza; y Roberto C. Rodríguez-Caro, de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Fuente: El Periódico (España)