“Aquí a veces vemos a la Comisión Nacional Forestal, pero a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, jamás”, explica una mujer de unos 30 años, de familia de madereros de Michoacán. “Vienen a clausurar talleres y la gente los recibe muy agresivos. Hace 20 años hasta trajeron helicópteros y se montó una batalla campal. Entonces ya no vienen”. Su narración la confirman otros dueños de aserraderos ilegales y taladores sin permiso al este de la entidad. “Aquí no entra la Profepa”. No es un caso único.

Viven en una zona de 895 kilómetros cuadrados que para la procuraduría es una de las 122 “áreas forestales que presentan procesos críticos de deforestación por la alta incidencia de tala clandestina relacionada con grupos de delincuencia organizada”. Suponen al menos 313 mil 500 kilómetros cuadrados del millón 970 mil de superficie terrestre del país. Un 15 por ciento del país está dentro de esas zonas donde “es requerido invariablemente el resguardo de fuerzas de seguridad pública que garanticen los actos de inspección al personal actuante”.

Entre 2002 y 2020, México perdió 662 mil hectáreas de bosque primario y 4.2 millones de hectáreas de cobertura arbórea, la cantidad de capas de hojas y ramas que cubren el suelo cuando se observa desde altura. Del total, 228 mil hectáreas de bosque primario y un millón de hectáreas de cobertura forestal desaparecieron de estas 122 áreas.

Eso significa que una de tres hectáreas afectadas de bosque primario está en ese 15 por ciento del país. Greenpeace enumera dos causas para la deforestación en México: el cambio de uso de suelo para convertir los bosques en cultivos o potreros y la tala ilegal.

“La tala ilegal en México es un problema generalizado que tiene demasiadas aristas y cuellos de botella”, confirma Emilio Cruz, de Reforestamos México, una organización que tiene como uno de sus ejes fomentar la legalidad de los productores de madera del país; “las razones van desde que es más barato estar en la ilegalidad o que es un negocio más del crimen organizado, pasando por evitar impuestos y permisos por la exportación de maderas”.

“En México se consumen 24 millones de metros cúbicos de madera al año, si tenemos en cuenta que se producen legalmente ocho millones y se importan ocho, esto habla de que hay otros ocho que no sabemos de dónde salen”, lo que coincide con los datos del informe Estado que guarda el sector forestal en México 2019 de la Conafor, que estima que de los aserraderos salen al año siete millones de metros cúbicos de madera que tienen su origen en la tala clandestina, con un valor de mercado superior a los siete mil millones de pesos.

Tala sin medida

“Medir la tala clandestina es complejo, Profepa calcula que es un 70 por ciento, pero no tienen una metodología clara”, apunta su compañera Xiomara Domínguez, coordinadora de Reforestamos México, quien detalla otro indicador: comparar la capacidad instalada de los 2 mil 25 aserraderos legales, 11 millones y medio de metros cúbicos de madera en rollo, con el volumen de extracción autorizado, ocho millones de metros cúbicos.

“¿Para qué contar con tanta capacidad instalada si ésta no se usa? ¿Realmente no usan toda su capacidad? ¿De dónde sale la madera que se procesa ahí?”, se preguntan. Eso sin contar con los comunes aserraderos ilegales.

Hay cinco tipos de actores principales dentro de la tala clandestina, enlista un documento de la Subprocuraduría de Recursos Naturales. Los dos primeros son tala hormiga, que va de uno a seis metros cúbicos por semana, y es para el autoconsumo. Luego llega la pequeña comercialización, de seis a 10 metros cúbicos, con motosierra y camionetas de tres toneladas y media. Los dos últimos niveles se llaman “alta comercialización” e “industrialización y almacenamiento”. Junto a las dos, hay la leyenda (delincuencia organizada) y van de los 10 metros cúbicos a la semana a superar los 25 metros cúbicos.

“Estos son los principales actores. La parte de autoconsumo es hacer cosquillas comparado con estos dos; estos modelos pueden darse en espacios donde no hay seguridad ni control del territorio”, sentencia Rodríguez.

Algo similar se explica en el Programa Nacional Forestal 2020-2024 de la Semarnat: “La debilidad del Estado de derecho [que se refleja en la existencia de corrupción, insuficiente inspección y vigilancia, presencia del crimen organizado, impunidad]facilita la extracción clandestina y el lavado de materias primas forestales, principalmente madera, para uso comercial”.

En los últimos años, el número de esas áreas críticas forestales ha crecido desde las 100 de 2001 a las 122 actuales. De acuerdo con una solicitud de transparencia de agosto de 2021, el mapa de riesgos usado para este análisis “describe la ubicación de las zonas críticas forestales en cada entidad”. El objetivo del Programa Nacional Forestal 2020-2024 no es reducirlas, sino simplemente “que las zonas críticas que presentan tala ilegal no se incrementen”.

El Universal documentó en abril de este año cómo las inspecciones en bosques, aserraderos y mueblerías descendieron 75 por ciento (de 4 mil 600 en 2014 a mil 162 en 2020). Las incautaciones, 90 por ciento (de 54 mil metros cúbicos de madera a 5 mil 700) y los recorridos en bosques se redujeron de 2 mil 648 a 905.

Problemas comunes y diversos

Estas 122 áreas atraviesan el país entero, desde la selva compartida con Guatemala en Chiapas, hasta la norteña Sonora en los municipios de Hermosillo y Pitiquito. EL Universal buscó activistas y productores que trabajan en ellas para explicar sus diferencias, similitudes y razones.

Con casi 18 mil kilómetros cuadrados, la selva de Chiapas-Ocosingo y la de Fronteriza-Altos de Chiapas son las más grandes de las áreas marcadas por Profepa. Allí trabaja y vive Rene Gómez, productor forestal de edad avanzada y presidente de la organización Bosques y Gobernanza.

“Aquí en Chiapas la tala ilegal genera una competencia desleal, ya que es 60 por ciento más barata”, asegura. “Y la pregunta clave es por qué se van a lo ilegal”, insiste.

Se ha fomentado el desarrollo agropecuario frente a la industria forestal, lo que promueve los cambios de uso de suelo, y las políticas conservacionistas han sobrerregulado la actividad comercial y el aprovechamiento forestal, mandando a los dueños de los bosques a la ilegalidad.

Orantes lo resume: “La falta de alternativas para que la gente pueda hacer un buen manejo de bosque hace que vayan a cambios de uso de suelo y la ilegalidad”.

Para poder explotar un bosque, la pieza central es el documento Programa de Manejo Forestal. Debe ser aprobado por la Semarnat y elaborado por un técnico forestal. Un estudio de Reforestamos México entre núcleos ejidales halló que lograrlo cuesta en promedio 60 mil pesos al año, de una horquilla de 30 mil a 245 mil, y la mayoría tardaron más de cuatro meses en aprobarlo.

En Durango, donde se ubican los 11 mil 345 kilómetros del área Canela, trabaja Carlos Zapata, ingeniero forestal y director técnico de la Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal Integral Topia, S.C. Ahí agrupan 15 ejidos y 50 pequeñas propiedades, que suman unas 300 mil hectáreas.

“Aquí hay un problema de abuso. Por ejemplo, se autorizan mil metros cúbicos y se extraen mil 300. Usan varias veces la misma documentación y como una vez que entra al aserradero ya no se puede saber si es legal o no... la autoridad casi no revisa”, señala.

Las áreas limítrofes de Los Chimalapas en Chiapas y Las Choapas Uxpanapa, en Veracruz, suman 13 mil kilómetros cuadrados. Ahí vivió 35 años Miguel Ángel García, fundador de Maderas del Pueblo del Sureste: “Aquí hay tala clandestina hormiga, de tablones y perfectamente ubicada, pero lo que devasta Los Chimalapas son los madereros y talamontes avalados por el gobierno estatal, que del lado oriente invaden la región y deforestan miles de hectáreas”, explica.

Hay una controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde diciembre de 2012 por 160 mil hectáreas de selvas y bosques entre Oaxaca y Chiapas que supuestamente se resolverá antes de que acabe 2021.

En Michoacán, donde dicen que no entra la Profepa, el problema es que a los costos de estar en la legalidad hay que sumarle el derecho de piso que pagan al crimen organizado. Ante el abandono de las autoridades, los aserraderos y leñadores no tienen ningún incentivo para ir a lo legal.

El Programa Nacional Forestal 2020-2024, cuya meta es que “las zonas críticas no se incrementen”, promete que para 2040 “se habrá erradicado la tala ilegal”. ¿La razón?

El “empoderamiento” de productores y habitantes.

Fuente: El Universal (México)