La Reina Isabel se encuentra en el medio de la escena en esta “crisis constitucional” que sacude a Gran Bretaña, con la decisión del primer ministro de suspender el Parlamento entre el 9 de septiembre hasta el 14 de octubre para impedir que los parlamentarios le bloqueen salir sin acuerdo de la Unión Europea el próximo 31 de octubre. Lo aprobó este miércoles a primera hora de la tarde la soberana, tras una reunión con su Privy Council o consejo de asesores en Escocia.

De vacaciones en su palacio de Balmoral, la reina convocó a los miembros de su Privy Council a una reunión extraordinaria. Sus miembros llegaron al aeropuerto de Aberdeen, el más próximo al castillo real, y fueron trasladados en un ómnibus frente a la soberana, de 93 años. Allí se reunieron en la biblioteca del palacio Jacob Rees Mogg, líder de la Cámara de los Comunes junto a Mark Spncer, el jefe de los Whip del gobierno y los demás miembros. En una sesión que siguió el protocolo real, la reina se limitó decir: “Aprobado”.

Formalmente la soberana no puede impedir ese “proroguin”. Pero es la primera vez que Isabel II queda sumergida en tan controvertida decisión, que ya ha obtenido 170.000 firmas en pocas horas en una petición y los obliga a ser debatida por el Parlamento.

Después que el primer ministro Boris Johnson la llamara por teléfono para anunciar el “proroguin” o suspensión del Parlamento, Isabel II quedó como protagonista de un escándalo que el Speaker (presidente) de la Cámara de los Comunes denunció desde sus vacaciones como “un ultraje constitucional”.

El líder de la oposición Jeremy Corbyn dijo que el laborismo “hará todo lo posible” para evitar una operación de “aplastar y agarrar” de parte del gobierno. Le escribió una carta a la soberana pidiendo una audiencia para denunciar “la suspensión inconstitucional del Parlamento” y exigiendo un encuentro con ella y su Privy Council. Hasta ahora no ha recibido una audiencia y su carta llegó después que el Privy Council se había reunido.

En un extracto de la carta, Corbyn dijo a la soberana que “sus prerrogativas como monarca han sido dirigidas contra el deseo de una mayoría de la Cámara de los Comunes”.

Después tuiteó que “el intento de Boris Johnson de suspender el parlamento para evitar un escrutinio de su temerario no acuerdo del Brexit es un atropello y una amenaza a nuestra democracia”.

También le escribió la líder liberal demócrata Jo Swimson protestando contra la suspensión parlamentaria.

El Parlamento británico debe terminar su receso el 3 de septiembre. Pero con esta suspensión solo sesionara hasta el 9 de septiembre. Ese es el período que tienen los parlamentarios para generar un voto de confianza que liquide a Boris Johnson y bloquee su decisión de salir el 31 de octubre sin acuerdo o resignarse a una salida sin acuerdo.

El primer ministro británico amenaza con no renunciar si pierde el voto de confianza, disolver el Parlamento y convocar a una elección general anticipada, que proyecta convertirse en una suerte de referéndum sobre el Brexit y recuperar para Boris una mayoría que han perdido los conservadores en el Parlamento.

El líder del partido del Brexit, Nigel Farage propone un acuerdo a Boris Johnson para ser “imparables” “en una evidente elección general”. Boris involucró a la reina porque sabe que puede perder no solo el voto de confianza sino que los parlamentarios, que son soberanos, pueden producir legislación, en tiempo record, que le exija pedir una extensión a la Unión Europea para continuar la negociación para el divorcio o incluso anular el Brexit por ley.

En este “golpe contra la democracia” según los parlamentarios pro europeos, Boris está acompañado por el DUP, los protestantes unionistas democráticos de Irlanda del Norte.

Esta suspensión del Parlamento es la más larga desde 1945. No ha habido una suspensión de más de tres semanas por más de 40 años.

Un grupo de obispos de la Iglesia de Inglaterra publicaron una carta abierta frente a la posibilidad de un “no acuerdo” y “la necesidad de una reconciliación nacional, a pesar de la potencial prorrogación del Parlamento”. Apoyarán el movimiento del Arzobispo de Canterbury de liderar un Forum Ciudadano sobre las “particulares preocupaciones del potencial costo de un acuerdo y su impacto económico”. Advierten sobre el “masivo impacto que un No Acuerdo va a tener sobre nuestra gente y debemos ser francos sobre sus costos potenciales”.

Los sorprendidos diputados británicos han comenzado a regresar rápidamente de sus vacaciones. No se descarta una presentación legal ante los tribunales pero la discusión es si hacerla ahora o el 3 de septiembre, cuando hayan vuelto del receso. Las próximas dos semanas serán tan inciertas como históricas en Gran Bretaña.