El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) emitió un comunicado en el que instó a la petrolera a detener su actividad “frente al riesgo de que existan nuevos derrames que puedan afectar el mar y ecosistemas marinos”

El lunes por la mañana el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del gobierno Nacional de Perú emitió un comunicado en el que obligó a la empresa petrolera, Repsol, a detener su actividad de carga y descarga en La Pampilla, refinería que derramó miles de barriles de petróleo a las costas peruanas.

“La medida adoptada por OEFA se realiza frente al riesgo de que existan nuevos derrames que puedan afectar el mar y ecosistemas marinos sin que puedan ser adecuadamente controlados por la empresa”, informó el Organismo en un comunicado hace unos días.

Al menos por 10 días o hasta que “se comprueben medidas contundentes de la empresa”, la actividad comercial de la refinería “La Pampilla” se reducirá sustancialmente, lo que ha encendido y ha contrapuesto a la opinión pública.

El Ministerio de Ambiente informó ayer que visitará las instalaciones de Repsol para constatar que la solicitud gubernamental se está llevando a cabo. Esta consiste en controlar el derrame de la refinería y generar medidas contundentes para evitar otro incidente.

El accidente

Todo se resumió en una combinación de catástrofes y errores de alarma de tsunami. Así lo detallaron los medios limeños el 16 de enero de este año; un día después del accidente. El volcán Toga había explotado y los consecuentes sismos provocaron que olas gigantes llegaran a las costas peruanas mientras trabajadores de la empresa Repsol descargaban barriles crudo del buque italiano Mare Dorium.

El domingo siguiente, la empresa petrolera española reportó un derrame debido al “oleaje violento”, pero informó que “rápidamente había sido superado por los brigadistas” de la empresa. El martes siguiente, el ministro de Ambiente, Rubén Ramírez, aseguró el derrame sería de 6.000 barriles de petróleo, y que la multa que podría recibir la subsidiaria de Repsol ascendería a unos 35 millones de dólares.

En este momento el derrame se ha extendido 18.000 metros cuadrados lo que afectaría “la Zona Reservada de Ancón y parte de la reserva nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Estos sitios son considerados zona de refugio de aves marinas que producen guano, un abono natural cuya demanda creció en 2021 ante el incremento del precio de los fertilizantes importados”, asegura el Ministerio de Ambiente peruano.