Los sondeos previos pronostican un resultado ajustado, con una leve ventaja a favor del Sí, es decir la opción que propone derogar leyes que restringieron el derecho a las protestas, a la educación y que favorecen la mano dura.

Los uruguayos volverán a las urnas el próximo domingo, para votar en el referéndum si quieren o no derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), como indica la Corte Electoral de Uruguay.

A pocas horas de la apertura de los circuitos electorales, el escenario previo está marcado por la paridad, ya que las últimas encuestas de varias empresas coinciden en un resultado con un alto porcentaje de indecisos.

La Ley de Urgente Consideración, popularmente conocida por sus siglas “LUC”, se trata de un conjunto de 476 artículos que cambiaron varias normas. Allí hay artículos vinculados a la seguridad pública, a la educación, al derecho de huelga, al nuevo régimen de alquiler sin garantía, al de fijación del precio de los combustibles, a la flexibilización de controles del lavado de activos, entre varios otros.

Un total de 135 artículos de una ley central para la administración del presidente Luis Lacalle Pou serán puestos hoy en debate en Uruguay, en un referendo con pronóstico de resultado ajustado que, además del futuro mismo de la iniciativa, aireará o erosionará lo que queda del mandato del Ejecutivo y marcará al menos parte de la estrategia futura de la oposición.

Entre otras cuestiones, limita el derecho de huelga, declara ilegítimos a los piquetes en espacios públicos o privados, establece la figura de la "apariencia delictiva" y aumenta el límite de transacciones en efectivo hasta 100.000 dólares, lo que habilita el lavado de dinero y permite la evasión de impuestos según sus detractores.

Además, elimina la obligación de la educación inicial y recorta las funciones del Estado en el área, crea una modalidad de desalojo exprés de viviendas alquiladas y evita el modelo cooperativo de construcciones de casas, y habilita el cierre y/o la privatización de áreas estratégicas de la petrolera estatal Ancap.

Las encuestas muestran una leve ventaja para el gobierno y el “No” a la derogación, pero hay un alto nivel de indecisos, indefinidos y desinteresados, lo que abre dudas sobre lo que pueden arrojar las urnas. Un triunfo del No significará, sin dudas, un espaldarazo para Lacalle Pou, quien podría animarse a impulsar otras reformas centrales en la estructura del Estado uruguayo.

Lacalle Pou llega además a la votación con un alto nivel de aprobación a su gestión, de 50 por ciento y más según todas las encuestas, y de bajo rechazo, que nunca llega a un tercio del electorado, lo que le da confianza para conseguir un triunfo de la papeleta de color de celeste, la del “No”.

El año pasado, un conjunto de organizaciones, entre ellas la central obrera PIT-CNT y el Frente Amplio, se propuso juntar más de 700.000 firmas para forzar el referendo, un logro que se consiguió en plena pandemia. Por la complejidad de lo que se vota se trató de una campaña atípica: hubo que explicar el contenido de decenas de artículos de una ley extensa.

Además del PIT-CNT y el Frente Amplio, la Comisión por el Sí reúne a la Federación de Estudiantes Universitarios Uruguayos (FEUU), la Intersocial Feminista, la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU), las Intersociales de Salto, Carmelo, Rivera, Soriano, Artigas, Costa de Oro, Tacuarembó, Paysandú, Treinta y Tres y Fray Bentos; Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos, y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam).

Del lado del Sí, al Frente Amplio le queda –aún si el resultado fuera adverso- la satisfacción de haber podido mostrar un enorme poder de presencia territorial, una movilización notoria aún en tiempos de pandemia y una revitalización que, incluso, atravesó su proceso de renovación de autoridades.

Por eso más que de grandes actos, se trató de una tarea cara a cara, de concientización en pequeños encuentros, de mucha presencia en medios y de charlas-debates en los ámbitos en los que se pudiese.

Desde la restauración democrática en Uruguay, en 1985, apenas 13 proyectos de ley fueron enviados al Legislativo con esa declaratoria de urgente consideración: 9 fueron aprobados y 4 rechazados, pero solo 3 de esas iniciativas eran de la categoría "ley ómnibus".

Según la Corte Electoral, las personas habilitadas para votar son 2.684.131. Las mesas están abiertas de 8 a 19.30 (mismo horario que en Argentina).