Así lo manifiestan desde la ONG Kaapuera y sostienen que el Estado debe recomponer el daño. Lamentan la tala de un Palo Rosa de 500 años en Andresito, entre otros delitos ambientales.
Las organizaciones ambientales manifestaron su preocupación por el notable crecimiento de los delitos ambientales (tala, caza, desmonte) en Misiones durante abril.
1- Un centenario Palo Rosa fue talado en Andresito. El árbol caído mide cinco metros de circunferencia en la base y 21 metros de largo; su tala está prohibida por ley desde la década del 80. Los expertos calculan que tenía al menos 500 años de vida. En el mismo predio, también se depredaron palmitos y se destruyó vegetación sobre un curso de agua.
2- Otro desmonte, de unas 600 hectáreas, ocurrió en Dos Hermanas, en un predio situado cerca de Bernardo de Irigoyen, según denunciaron sus propietarios.
3- En Colonia San Juan Bosco, en San Pedro, hay quemas a cielo abierto y destrucción del ecosistema con maquinaria pesada. Es el mismo lugar donde el año pasado se denunció desmonte para el cultivo de maíz transgénico, con todos los daños que esta actividad implica.
4- El 27 de abril por la tarde se realizó un operativo en una chacra de San Vicente donde se encontraron 24 troncos de maderas nativas apeadas que no tienen autorización para la explotación forestal. En total sumaron 35 metros de madera.
No caben dudas que la prioridad hoy es proteger la salud de los ciudadanos ante el avance de la pandemia Covid-19, y es aquí donde el ambiente sano juega un rol fundamental, por lo que la Asociación Civil Kaapuera entiende que las acciones ambientales gubernamentales deben estar también en la primera línea de batalla.
“Es tiempo de redefinir acciones y ordenar prioridades, tanto desde la Provincia como desde Nación, para evitar que el monte se transforme en una tapera, de forma tal que apenas tengamos vía libre para la acción en terreno, la recuperación de los árboles y el agua sea una real política de Estado, recordando que Agua y Monte tienen una relación intrínseca”, sostuvo Rulo Bregagnolo, vicepresidente de Kaapuera.
En esa línea, el abogado Martín Ferroni, presidente de la Asociación Civil Kaapuera, manifestó que “el problema de la deforestación no se subsana con la aplicación de multas. La Ley General de Ambiente 25.675 no deja margen de especulación, el Estado es el responsable final y quien debe recomponer por estos daños ambientales. Las multas resultan una sanción inoperante frente al daño ambiental, que suele estar incluida en las proyecciones de costos de las deforestadoras”, explicó.
Ferroni recordó que la Ley de Bosques Nativos 26.331 estipula que las leyes de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que son sancionadas por cada provincia, deben renovarse cada cinco años.
“Teniendo esto presente, este año debería nuestra provincia renovar este ordenamiento territorial, lo que podría ser una buena oportunidad para que esta tan preciada herramienta de planificación y conservación adopte criterios integrales de zonificación ambiental”, agregó.
Resaltó por último la necesidad de que “esta ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos sea producto de una verdadera instancia de participación ciudadana, en la que se involucren todos los sectores sociales, económicos y políticos de la provincia”.
Fuente: Primera Edición