Con la venia del Ministerio de Ecología y de espaldas a los pueblos originarios, una empresa avanza sobre árboles centenarios en el corazón misionero. Los indígenas interpusieron amparos, llevaron el reclamo a la Cidh, y le ponen el cuerpo a las motosierras mientras sufren amenazas.

Desde febrero, tres comunidades mbya guaraní de Misiones dan pelea contra el desmonte de un lote dentro de su territorio ancestral.

Se trata del Lote 7B, un terreno ubicado en la localidad de Campo Grande, en el centro de la provincia de Misiones, y sobre él pesa un conflicto similar al que atraviesan los de otras comunidades indígenas del país. Según el registro de propiedad, la empresa Carba Sacifia es la titular registral de los terrenos, pero estos son parte del territorio ancestral de las comunidades, lo cual está acreditado en el relevamiento realizado de acuerdo a la Ley 26.160. Esta norma, si bien no otorga la titularidad dominial a los pueblos indígenas, protege sus derechos y obliga tanto al Estado como a particulares a consultar en caso de pretender realizar emprendimientos que afecten al territorio y a la vida de las comunidades.

En 2018, Carba solicitó ante el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia la autorización para la extracción “selectiva” de madera de monte nativo del Lote 7B. Las tres comunidades afectadas por la tala –Kaá Kupe, Yvy Chy y Koé Ju– fueron informadas y se opusieron al desmonte en cualquiera de sus formas.

El diálogo entre los pueblos originarios y la empresa continuó con el Ministerio como mediador. Y en el proceso del mismo los mbya guaraní presentaron propuestas alternativas que estaban siendo consideradas. Pero en noviembre, el entonces titular de la cartera de Ecología, Juan Manuel Díaz, dio el diálogo por terminado y autorizó las tareas de desmonte pocos días antes de cesar en sus funciones.

Para cuando las comunidades supieron de la situación, interpusieron ante el organismo un recurso de consideración con efectos suspensivos que nunca fue tratado con el argumento de que “se traspapeló” en medio del cambio de funcionarios.

“Lo sentimos como un atropello más hacia la vida de la comunidad, pero esto es una autorización del Ministerio de Ecología”, relata Mario Borjas, quien fuera hasta hace pocos días mburuvicha (cacique) de la Comunidad de Kaá Kupe.

Daño irreparable

La lucha rindió frutos temporales: el reclamo ante el Ministerio obligó a Carba a suspender la extracción de madera, pero ésta recomenzó la tarea a comienzos de mayo.

En tanto, el nuevo ministro de Ecología misionero, Mario Vialey, defendió públicamente la actuación de la empresa, al sostener que ésta cumplía con los pasos formales requeridos por la Ley de Bosques.

El reinicio de las tareas de desmonte sorprendió a las comunidades en pleno cumplimiento del Aislamiento Social Obligatorio. “Nosotros hemos respetado las decisiones del gobierno, de los funcionarios importantes, pero a nosotros no nos respetan, sino atropellan a nuestra comunidad”, reclama Borjas.

En un nuevo intento por frenar la tala, el 8 de mayo la comunidad Kaá Kupe llevó el reclamo a la Justicia provincial, interponiendo un recurso de amparo. Pero el Poder Judicial omitió brindar medidas de protección para frenar el desmonte.

“Los amparos tienen como primera medida la de no innovar, sobre todo en casos como éste, en los cuales el objeto es el de evitar un daño irreparable porque cada árbol que se pierde es irrecuperable”, explica Roxana Rivas, abogada del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, en representación de las comunidades.

Pero, lejos de impulsar la medida cautelar, el juez elevó un pedido de informes al Ministerio del Agro en lugar de a la cartera de Ecología, organismo donde Carba obtuvo el permiso. El error obligó a las comunidades a pedir una aclaración y dilatar el trámite. “Esto implica que en este tiempo de pandemia nos lleve por lo menos dos semanas lograr que un juez de paz nos dé un turno y podamos hacer la diligencia”, agrega la letrada.

Mientras, el tiempo corre en contra de las comunidades que intentan preservar la integridad del monte, se encuentran resistiendo y, según denuncia Rivas, “sufriendo amenazas de muerte por parte de los motosierristas y operarios de la empresa”.

Instancia internacional

La semana pasada, y frente la falta de respuestas institucionales locales, las comunidades llevaron su demanda hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí solicitaron una medida cautelar que detenga la tala “ante la increíble e injustificable denegación de justicia de la que ellos están siendo víctimas”, sostiene Rivas.

Por su parte, Bernardino Cabrera, referente mbya guaraní y secretario de Pueblos Originarios de la CTA Autónoma de Misiones, junto a Jorge “Koki” Duarte, secretario General de la Central, presentaron una nota al gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad.

En ella solicitan que “se arbitren los mecanismos y espacios necesarios para retomar una instancia de diálogo, y entretanto que el Ministerio de Ecología suspenda cualquier tipo de autorización para que avancen los desmontes sobre estos territorios, se garanticen los derechos de las comunidades afectadas y se eviten cualquier tipo de violencias a las que están expuestos en la defensa de la selva”.

Fuente: Canal Abierto