La Asamblea Aguas Claras del distrito Choya en Andalgalá (Catamarca) sostiene, hace más de dos meses, un acampe a más de 3000 metros de altura. A pesar del frío, la persecución judicial, la violencia y la criminalización insisten: “El agua vale más que todo”. Con esta acción, la comunidad organizada de Choya le corta el paso a las máquinas y camionetas cargadas de combustible de la empresa Mara (Agua Rica-Alumbrera), y evitan que sigan trabajando en la exploración avanzada del proyecto minero que ya está afectando la salud de todo un pueblo.

Esta lucha, como señalan integrantes de las asambleas El Algarrobo y Aguas Claras, tiene más de dos décadas. Se reactualiza y transforma constantemente, como lo hace el Estado y la empresa a manos de Yamana Gold, en sus intentos de avanzar con la explotación del yacimiento que aún no posee autorización, ni presentación del informe de impacto ambiental para la misma.

Caminata por la vida 644

La caminata por la vida es una acción histórica inigualable a nivel latinoamericano y global: se realiza hace más de 11 años cada sábado tras la inolvidable represión del 15 de febrero de 2010. Desde entonces, se sigue sosteniendo como consiga que “Agua Rica no tiene licencia social en Andalgalá”, que los pueblos no queremos megaminería. Sin embargo, a cada paso se suman nuevas demandas: hoy, exigimos con todas nuestras fuerzas la libertad de Enzo Brizuela y que bajen las maquinas del cerro.

Mientras esperábamos para comenzar la Caminata 644 dialogué con vecinas y vecinos de Choya. Allí me invitaron a la asamblea que realizarían el domingo en su espacio de encuentro para registrar sus voces y comunicar sus principales denuncias: estamos hablando de violación de Derechos Humanos y derechos constitucionales a vivir en un ambiente sano. También hablamos de respeto a la autodeterminación de los pueblos, y del resonante “No es no”, que los gobiernos nacional y provincial desoyen. Cabe aclarar que, por la situación de extrema criminalización que están atravesando algunas personas prefieren el anonimato”.

Al llegar a Aguas Claras, lo primero que reconocí fue aquella callecita donde, en medio de la noche y la represión del reciente 3 de mayo, más de siete efectivos varones de la policía de Catamarca se llevaban detenida a Karina Orquera quien se defendió gritando “tengo un escudo más fuerte que el de ustedes”.

En ese momento, los grupos de choque libraban el camino a las camionetas mineras hiriendo con palos y balas a más de 20 vecinos y vecinas de diferentes edades. Fueron pocas las personas que se animaron a llegar al hospital para recibir la atención médica y este no es un dato menor: Esas mismas personas fueron las que posteriormente recibieron citaciones de fiscalía. Explica una de las vecinas que “los que han quedado marcados son los que después citaron”.

Mientras compartimos la comida, diferentes vecinos y vecinas comienzan a relatar sus historias, son de distintas generaciones y van narrando cómo están viviendo la avanzada minera, la criminalización y persecución judicial en su territorio. Quienes son de mayor edad no se cansan de decir que “el tiempo es ahora” y que van a luchar hasta las últimas consecuencias: “Como los árboles que mueren de pie, nosotros jamás moriremos de rodillas”, manifiesta uno de los vecinos.

Resistir y no rendirse es un cotidiano, es parte de la vida del pueblo choyano que sabe muy bien que Agua Rica es una sentencia de muerte para las comunidades. Con orgullo comparten que allí arriba, en el campamento del “globo”, la presencia de cuerpos es transgeneracional: “Hay chicos desde los 13 años que están en el cerro defendiendo nuestra agua”, afirman. Una joven relata que todavía hay vecinas y vecinos heridos por las balas de goma, que tienen infecciones y dolores en las zonas golpeadas. Otras vecinas señalan que en Andalgalá “no se puede denunciar nada, sino somos perseguidos”.

Así suceden las cosas en Andalgalá, cuentan las y los vecinos que la complicidad Estado-empresas opera también desde lugares pequeños y comunes: trabajadores mineros directos o tercerizados que se prestan a realizar falsas denuncias, estatales de un hospital que no atienden a las personas heridas de la represión y otras tantas detenidas por ser “antimineros”, e incluso brindan sus datos a la policía y fiscalía para luego inculparlas de algún delito mientras ejercen su derecho a la protesta, por un ambiente sano, por aguas claras para las generaciones venideras, los animales y la tierra. Para la vida de todo el pueblo choyano y de todos los pueblos que el Aconquija abraza.

En el pueblo de Choya viven unas 600 personas, de las cuales unas cinco o seis familias “no están en contra de la minera” según relatan las y los vecinos de Aguas Claras. Choya se encuentra a unos 12 kilómetros del centro de Andalgalá, sobre la ruta 47. Andalgalá es uno de los pocos lugares del país donde las rutas y caminos terminan en portones de una empresa minera.

“Por el futuro de nuestrxs niñxs: el agua no se toca“

Los relatos continúan. La asamblea se reúne bajo históricos árboles y en un mástil flamea la bandera argentina.

Conversamos sobre las niñas y niños enfermos en marzo de este año, muchos de ellos con diarrea, vómitos y desarreglos estomacales por beber el agua que bajaba sucia, afectada por los derrumbes que provoca M.A.R.A. En el hospital fueron atendidos, pero no quisieron dar certificados ni explicar nada de lo que pasó. Sin embargo, la escuela N°217 “Fragata Libertad” suspendió las clases “por la falta de agua” dice el relato oficial ya que los filtros que “potabilizan” el agua se taparon por la cantidad de sedimento; a su vez la cantidad de niñas y niños afectados impedía el desarrollo normal de las clases. La denuncia llegó al Concejo Deliberante de Andalgalá, quien pidió informes a los ministerios correspondientes que dieran cuenta de las autorizaciones otorgadas a Mara para operar en las márgenes del río Choya. Sin embargo, las respuestas son las de siempre: hablan de monitoreos y controles para nada objetivos, realizados por la empresa o el mismo Ministerio de Minería que bien sabemos por la historia de Catamarca, tiene sus intereses puestos en que Agua Rica avance.

Esta situación fue uno de los motivos que impulsó a varias personas a recorrer las vertientes. Los videos filmados en esas fechas por las y los vecinos conocedores del cerro, que viven allí llevando y trayendo sus animales, acostumbrados a andar por las quebradas, muestran la presencia de material sedimentario blanquecino y algunas piedras como la pirita (con un alto componente de azufre y hierro) en las vertientes de agua que bajan hacia el pueblo, provenientes de las remociones de las cornisas del cerro con maquinaria pesada.

Esta acción impacta de manera irreversible, implica un enorme desmonte y produce un talud que cae por las quebradas, es decir las acciones de Mara ya están afectando al destruir zonas del cerro por donde antes -relatan los vecinos- se podía andar a caballo para buscar la hacienda, y actualmente es imposible recorrer. Se está afectando de forma intensiva espacios claves para la retención del elemento por el cual lucha Andalgalá: el agua.

Las aguas no conocen de fronteras estatales ni empresariales; el río Choya y el río Andalgalá son vecinos que comparten una divisoria de aguas común, asociada a la cuenca del río Minas, la misma que la propia empresa en sus informes reconoce será afectada.

Fuente: biodiversidadla.org