Qué industrias cuentan con certificado ambiental en el Gran Rosario, por ejemplo, es una pregunta sin respuesta oficial, cuando es fundamental para ejercer el derecho a reclamar.

En relación con la democracia ambiental, que se ejerce a través del acceso a la información pública ambiental, el trabajo elaborado por el Taller Ecologista es concluyente: "Hay evidencias de que no se cumple en los hechos en Santa Fe". Por lo cual "es necesario revertir con urgencia esta situación", y a partir de ese cumplimento "también se logrará la participación ciudadana y el acceso a la justicia". Según la organización ambientalista rosarina, la información desarrollada "deja en evidencia las diferentes trabas y escollos que surgen cuando se ejercen acciones ciudadanas que buscan proteger el ambiente para disfrutarlo y, mantenerlo libre de contaminantes". Además, destaca que el acceso libre a la información ambiental vigente "evitaría consecuencias irreversibles y favorecería al cumplimiento de las normas". "Pedir información pública ambiental para saber cuáles son las emisiones de gases, si las industrias están habilitadas, si cuentan con certificado ambiental; si cumplen las normas ambientales son cuestiones fundamentales para ejercer el derecho a reclamar", dijo a Rosario/12 Florencia Sívori, asesora jurídica del Taller Ecologista, y autora del informe.

La apatía de los gobiernos, por decirlo en términos suaves, para impulsar decisiones políticas que apunten a defender el ambiente llega a extremos insondables, como la imposibilidad de acceder a la información pública ambiental. En el informe elaborado por el Taller Ecologista, presentado el pasado 13 de marzo, se describe el marco normativo nacional e internacional, como el Acuerdo de Escazú, vigente desde 2021, que garantiza este derecho democrático. Se analizaron los distintos modos de solicitar esta información y los conflictos existentes a la hora de ejercer estos derechos. Pero también se plantean recomendaciones para concretarla, como la digitalización de la información y las sanciones.

En la introducción del trabajo afirman que cuando se habla sobre democracia ambiental, se hace referencia a tres ejes: la información pública ambiental, la participación ciudadana y el acceso a la justicia. "Al analizar cada uno de estos, es imposible no vincularlo con los otros dos, pero el eje de la información pública ambiental es el más importante de los tres, ya que, si no se garantiza este derecho, es imposible ejercer los restantes", argumentaron.

"El Estado en todos sus niveles debe implementar las herramientas para lograr el efectivo cumplimiento de estos derechos, agilizar procesos, y generar sistemas de información, participación y educación ambiental", señala el informe, y advierte que Santa Fe "tiene un largo camino por recorrer para lograr un cambio de paradigma en los órganos estatales, que rehúsan entregar la información ambiental, como así también para promover y fomentar la participación ciudadana en todos los ámbitos posibles".

Desde el Taller Ecologista plantean que al pasar al plano del ejercicio efectivo del derecho a la información pública ambiental y analizar la normativa, se podría inferir que el trámite es más que sencillo: el solicitante ingresa un pedido de información con sus datos y el detalle de la información que requiere, y en un plazo máximo de 30 días hábiles debería tener una respuesta. En caso de que la solicitud sea rechazada, se debe indicar el motivo; caso contrario, el solicitante debería recibir la información pública ambiental solicitada. "Lamentablemente esto no ocurre", subrayaron.

"Cuando pedimos los primeros informes, hace ya varios años, la gente que nos atendía no solamente no nos quería dar la información si no que desconocían esto. Más adelante, cuando desde el Taller Ecologista comenzamos a ver que faltaba información para las consultas que nos hacían los vecinos, tanto desde la provincia como desde el municipio nos decían que esa era información que tiene el Estado. De ahí salió la idea de realizar informes relacionados con temas que trabajábamos para ver cuál era la devolución del otro lado", recordó Sívori, docente de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNR.

"Allí nos dimos cuenta de que la provincia, puntualmente, fue la que más nos complicó, no te dan la devolución ni información, y llegado al caso cuando te la dan, es muy escueta, siempre amparados en que ellos no tienen que generar información, algo que no es así según lo dice la ley nacional de Presupuestos Mínimos", agregó la abogada de la organización ambientalista rosarina.

En efecto, el trabajo precisa que de los 31 pedidos de información solicitados y respondidos entre 2018 y diciembre 2022, no fueron respondidos 18, mientras que cuatro fueron judicializados y otros cuatro respondidos fuera de plazo. Solamente ocho se respondieron en plazo y quedan cinco para responder.

"En su momento hemos pedido información sobre el tema de la Petroquímica Bermúdez (ex Electroclor); de audiencias públicas, que recibimos la respuesta cuando ya estaba iniciado el expediente judicial, pero se solucionó. Cuando uno lo judicializa, al menos recibe parte de la respuesta, con lo cual consideramos que la pueden generar. Uno no quiere hacer una industria del juicio, lo que se busca es contar cuanto antes con la información, porque para la organización tiene un costo iniciar un juicio, son muchas horas de trabajo", dijo Sívori.

"Otro de los temas en los que se pidió información están referidos a los efluentes al río Paraná, un tema muy importante sobretodo por la bajante de los últimos tiempos, y nos respondieron con evasivas, que no tienen realizados relevamientos. Por eso nos preguntamos cómo hacen para realizar las inspecciones. También hicimos pedidos sobre los envases vacíos de productos de fitosanitarios, y están pendientes todos los que están relacionados con la cuenca del arroyo Ludueña y los barrios en la zona de Funes. Esos informes que tienen mucha importancia porque ahí está la presa retardadora y no han respondido nada", añadió.

"Sin contar con la información, qué derechos se van a poder ejercer después, no saber si la empresa, los colectivos, el vecino, el propio Estado, controla o no, cumple o no. Así no se puede acceder a una justicia ni pedir o reclamar como ciudadanos. Lamentablemente nos encontramos con un Estado provincial, no sólo el de esta gestión si no también la anterior, en el que el silencio es reinante. Y muchas veces la información que no dan es como si fuese un titular y falta la explicación", sostuvo Sívori.

La asesora jurídica del Taller Ecologista subrayó que la mayoría de la información pública solicitada es al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial que conduce Erika Gonnet. "No queremos decir con todo esto que en otros ministerios no se cumpla, y tal vez con información que es menos sensible de la que nosotros pedimos. Cuando le pedís a la provincia que te informe, por ejemplo, sobre mediciones de dióxido de carbono, y te tiran números terribles, nos preguntamos qué están haciendo, y después siempre se justifican al decirnos que están cortos de personal", lamentó.

De todos modos, Sívori destacó que "el sistema de Nación, a través de trámites a distancia, realmente funciona, es serio en cuanto a la instrumentación y brinda una información, como en el caso del pedido que hicimos sobre el tema de la Hidrovía que es bastante importante para la zona. Si bien cuando uno se pone a desentrañar hay algún punto que no está, pero te dan la información, acompañada incluso de documentación".

Fuente: Página 12