Siete mandatarios, entre ellos el bonaerense Kicillof, expusieron en la Cámara alta sobre el proyecto kirchnerista para modificar la composición del máximo tribunal de Justicia y luego se encontraron con la vicepresidenta. “Acá no hay independencia judicial, sino dependencia respecto a corporaciones”, denunció Capitanich, referente de la Liga de gobernadores. La oposición, ausente en el debate.

Con fuertes críticas a la actual composición de la Corte Suprema de Justicia, siete gobernadores peronistas defendieron ante el Senado el proyecto kirchnerista de ampliación del máximo tribunal a 25 miembros, uno por cada provincia, más otro por la Ciudad de Buenos Aires y el último designado por la Nación. Luego de la exposición en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, los mandatarios se encontraron con Cristina Kirchner en su despacho de la Cámara Alta.

La presentación de los mandatarios del Frente de Todos se dio en medio de la discusión abierta por el Gobierno contra el máximo tribunal. Este mismo miércoles el presidente Alberto Fernández visitó en Jujuy a Milagro Sala y le exigió a la Justicia “enmendar las barrabasadas que se hicieron” en contra de la dirigente social, detenida hace siete años. Además, la semana pasada la Corte rechazó los planteos de Cristina Kirchner y garantizó la continuidad del juicio por el caso Vialidad contra la vice. A estos hechos se sumó la crisis en el Consejo de la Magistratura, donde asumió el supremo Horacio Rosatti luego de que se declarase inconstitucional la conformación que tenía hasta el año pasado.

“Yo no cuestiono a las personalidades que están en la Corte, pero es una de las más chicas de todo el planeta”, empezó diciendo Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis y el primero en hablar en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia. Los demás mandatarios presentes fueron Jorge Capitanich, de Chaco; Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa), y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

De la reunión no participó ninguno de los senadores de Juntos por el Cambio que integran las comisiones, en claro rechazo del proyecto para ampliar el número de integrantes del tribunal, hoy con apenas cuatro miembros, todos hombres, ya que aún no se reemplazó a Elena Highton de Nolasco: Rosatti (presidente), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Consultado el bloque opositor por qué los legisladores no participaron, en el despacho de uno de los más encumbrados aseguró que no había una excusa formal.

El proyecto

El proyecto de ley firmado por los gobernadores tiene el impulso de 16 mandatarios oficialistas y fue materializado en el Senado por los legisladores José Mayans (Formosa) y Anabel Fernández Sagasti (Mendoza). No solo propone elevar a 25 el número de jueces y juezas del máximo tribunal con carácter federal, sino también asegurar la paridad de género entre sus miembros y dividirlos en distintas salas especializadas (administrativo, tributario, penal, etc). La designación de los jueces sería firmada por el Presidente, a instancia de que cada provincia entregue una propuesta de cuatro candidatos (dos hombres y dos mujeres). El texto no detalla si, en el caso de convertirse en ley, habría una transición con 21 nuevos supremos o directamente 25 nuevos, más los cuatro actuales, hasta su retiro.

Uno de los discursos más encendidos fue el de Capitanich, anfitrión el viernes pasado en su provincia de la primera reunión de la Liga de los gobernadores y donde se impulsó la iniciativa parlamentaria. “Hay una injerencia corporativa”, denunció sobre la situación actual del máximo tribunal. “Acá no hay independencia judicial, sino dependencia de la Corte Suprema respecto a corporaciones”, expuso. “No estamos en contra de nadie, sino a favor de una justicia federal y de un modelo de gestión que verdaderamente resuelva los problemas básicos”, amplió el mandatario.

Fue el santiagueño Zamora el que graficó el déficit que tiene la Corte actual sobre la cantidad de expedientes demorados en la Justicia: dijo que llegan 15 mil por año, lo que implicaría 69 sentencias por día hábil. “Es imposible que una Corte de cinco o cuatro miembros pueda resolver todos estos casos”, planteó, y recordó que el número actual se impuso hacia fines del siglo XIX, cuando el país tenía apenas un millón de habitantes.

“El número de 25 miembros no tiene que asustar”, defendió Rodríguez Saá. Destacó que en Brasil hay 11 magistrados, en Colombia, 23; en Chile, 21, en Italia, 15; en España, 54 magistrados y 20 salas. “Los gobernadores abordamos el problema fuera de la grieta, porque es un problema grande. Tenemos que hacer esto de una manera casi fundacional, en un clima de unidad. No queremos que sea ‘la Corte de…’”, completó el mandatario.

La reunión del plenario duró poco más de una hora, aunque no expusieron Kicillof ni Insfrán. Casi al final se sumó el gobernador Raúl Jalil, de Catamarca. “Lamento que no esté acá la oposición, porque de esto se trata el diálogo”, cerró el senador Mayans, jefe del interbloque oficialista. Tras la exposición de los mandatarios provinciales, se pasó a un cuarto intermedio hasta una próxima convocatoria. Sumando a sus habituales aliados, el FdT podría darle media sanción al proyecto, aunque quedaría trabado en Diputados, como ya pasó con la reforma del Consejo de la Magistratura.

Además del de los gobernadores, hay otras iniciativas en danza: uno es el impulsado por el puntano Adolfo Rodríguez Saá (FdT), quien propone pasar de 5 a 9 jueces, como también federalizar el máximo tribunal con el nombramiento de jueces por regiones, debiendo respetarse en su integración la diversidad de género. Otro es del senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que establece llevar a 16 los jueces de la Corte. El tercero corresponde a la neuquina Silvia Sapag (Unidad Ciudadana-FdT) y también plantea una composición por regiones, elevando de 5 a 15 los integrantes de la Corte. Y por último está la iniciativa de la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina, y flamante aliada al oficialismo), que se limita a regular el cupo femenino en el seno del tribunal, sin elevar su número.