Fracasó la segunda audiencia conciliatoria tras el amparo colectivo presentado en diciembre.
Siete comunidades mapuches, acompañadas por la Coordinadora Mapuche Tehuelche de Río Negro, no lograron llegar a un acuerdo con los referentes de la Secretaría de Minería de Río Negro durante la segunda audiencia conciliatoria que se llevó a cabo el martes al mediodía en el Juzgado de El Bolsón.
El encuentro se realizó tras el amparo colectivo presentado por las comunidades de Pilquiniyeu del Limay, Ñorquinco, Cañadón Chileno, Laguna Blanca, Blancura Centro, Mencué Viejo y Colán Conhue en diciembre, a raíz de los permisos otorgados por la Secretaria de Minería de Río Negro a empresas mineras para avanzar en territorios comunitarios de Río Negro.
En la primera audiencia a comienzos de febrero, el juez Marcelo Muscillo dispuso medidas cautelares para evitar que las empresas ingresen en los predios de las comunidades, pero el gobierno rionegrino ya apeló la decisión ante el Superior Tribunal de Justicia.
«Nosotros expusimos la necesidad de la consulta libre e informada, pero el gobierno dijo que desconocía el territorio de las comunidades ya que no había relevamiento, que eso era insalvable y que dentro del procedimiento minero, solo se notifica a los titulares», relató Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Cuestionó duramente a los referentes del gobierno provincial por rechazar el pedido de una consulta, insistiendo en que se hizo lugar al procedimiento contemplado por el Código Civil y Minero: «Reconocen que entregaron permisos de cateo sin prever que había comunidades. Esos permisos implican el ingreso de gente desconocida al territorio y el movimiento de suelos. Es tremendo que desconozcan a las comunidades«.
Durante la última Exposición Rural en Bariloche, la gobernadora Arabela Carreras anunció la entrega de títulos comunitarios. «Es una deuda histórica. Pero días atrás, nos reunimos con (Rodrigo) Buteler y le pedimos más información. Aseguró que van a regularizar tierras sin el relevamiento territorial, pero solo entregarán los títulos a las comunidades que no tienen conflicto -que serán tres o cuatro-«, manifestó Carriqueo.
De las siete comunidades mapuches que presentaron el amparo, solo una cuenta con el relevamiento territorial. Para el resto, la Coordinadora realizó un croquis georeferenciado. «Si bien no es certero, no está alejado de la realidad. Esos croquis fueron presentados en la causa, pero la provincia dice que no es cierto. Hablan del derecho civil y minero y nosotros, del Convenio 169 que establece que las comunidades tienen derecho a participar en la explotación de los recursos naturales para lo cual debe haber consulta previa, libre e informada», recalcó y acotó: «Los recursos naturales no son exclusividad del estado«.
Durante la audiencia de este martes, las comunidades llevaban como propuesta un nuevo relevamiento georeferenciado a cargo de la Universidad Nacional de Río Negro y el Conicet, pero la negativa del gobierno provincial a hacer la consulta previa e informada impidió avanzar en cualquier iniciativa.
«La provincia planteó que desconocía a las comunidades y que se atenía al procedimiento del Código Minero que rige en Río Negro. El juez lamentó no haber llegado a un acuerdo y consideró que, más allá de una cuestión judicial, es un tema político. En su momento, la gobernadora dijo que no habría proyecto minero sin consenso social«, planteó Carriqueo.
Dijo que, más allá de la resolución del juez, las comunidades no están dispuestas a permitir el ingreso de las empresas al territorio, sin una consulta previa. «El proyecto minero de Río Negro es abarcativo de toda la provincia. No es poca cosa de lo que se está hablando aunque en este caso de la presentación del amparo, afecta a estas comunidades de la región andina. Hay otras cuatro que evalúan sumarse de la región sur», concluyó Carriqueo.
Fuente: Diario Río Negro