Mientras la asfixia presupuestaria del gobierno no cesa y llegan facturas millonarias, el sector crece en acciones: clases públicas, banderazos, y una Marcha Federal el 23 de abril que promete ser masiva. Exactas de UBA lanzó un contador: le quedan 47 días de funcionamiento.

“Por una factura de luz no van a cerrar las universidades”, respondió con su habitual tono socarrón el vocero presidencial, Manuel Adorni, al ser consultado de algo esencial: si el gobierno tomaría alguna medida ante la asfixia que denuncian las universidades por el ajuste presupuestario, mientras comienzan a recibir facturas de servicios millonarias.

“No va a haber ningún cambio presupuestario por las facturas de luz, no va a pasar eso”, insistió, pese a que las advertencias que vienen haciendo las casas de altos estudios desde principios de año ya empiezan a ser realidad. El riesgo es tan inminente que podría no haber segundo cuatrimestre. Un contador lanzado por la Facultad de Exactas de la UBA lo gráfica: tienen vida hasta la primera semana de junio.

La Universidad Nacional de Comahue fue una de las primeras que alertó sobre la entrada en cesación de pagos. “Todavía no recibimos todas las boletas, pero ya lo estamos previendo y estamos priorizando, suspendiendo por el momento el pago de Aguas Rionegrinas, dando de baja una de las dos empresas de telefonía que teníamos. Además, no hicimos la convocatoria de becas de extensión y para jóvenes investigadores, es otra reducción cierta. Estamos priorizando el dictado de grado”, detalló la rectora Beatriz Gentile en diálogo con Tiempo.

Universidades con vida limitada

La participación de Gentile en el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), esta semana, se destacó por un dato que muestra el peso del crecimiento universitario en la historia reciente: “En 1970 éramos una población de 24 millones de habitantes. La matrícula universitaria era de 200 mil. En 2013 la población era de 42,5 millones y la matrícula universitaria de 1.500.000 estudiantes. Es decir que la población creció en un 77 por ciento y la matrícula universitaria en 40 años creció en un 750 por ciento. Ningún país puede mirar esto como un fracaso”.

En la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires encontraron el modo más gráfico de plasmar la gravedad de la situación: un contador de los días que restan con dinero del presupuesto para seguir en pie. Al cierre de esta nota, eran 47.

En este contexto se dio el nombrado plenario del CIN, con representantes de 73 universidades públicas. Las y los rectores resolvieron sumarse a la convocatoria de una gran marcha nacional, el 23 de abril, en defensa del sistema público de educación superior y contra el ajuste anticientífico del gobierno de Javier Milei. La CGT y las CTA anunciaron que se sumarán. Va camino a ser la primera movilización transversal contra la administración libertaria.

¿Incremento?

“Hemos hecho un reajuste en torno al 70 por ciento del presupuesto”, dijo Adorni para dar la versión gubernamental de la situación económica de las universidades y poner en duda la situación de asfixia que denuncian. El físico Jorge Aliaga, exdecano de la Facultad de Exactas de la UBA, se cansó de desmentir ese porcentaje con datos.

“Las universidades nacionales negocian aumentos de gastos de funcionamiento cuando se hace el presupuesto. El actual gobierno se salteó ese paso. No tomó las partidas acordadas para 2024, si no sólo habría reclamo salarial por el aumento de inflación post devaluación. Se entiende entonces por qué aplicar un 70 por ciento de aumento a las partidas de funcionamiento 2023 es insuficiente. El incremento en el proyecto 2024 era del 168 por ciento”, explicó.

Ya en el momento del anuncio de ese 70 por ciento, semanas atrás, había enfatizado: «Eso es falso. El anuncio es sobre Gastos de Funcionamiento, que representa sólo el 5,9 por ciento del presupuesto universitario de febrero 2024″.

“Estamos funcionando con un presupuesto reconducido que hoy representa apenas 30 por ciento de los gastos de funcionamiento que deberíamos tener”, sentenció el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco, tras el plenario del CIN. Y agregó: “La situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público es grave y necesita urgente respuesta por parte de los poderes del Estado nacional”.

El viernes, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reveló que «el Presupuesto 2024 para las universidades nacionales es el más bajo desde 1997», año en que empezó a haber registro. “Para 2024, el presupuesto asignado al Programa Desarrollo de la Educación Superior (principal programa universitario) es un 72 por ciento más bajo en comparación con el año anterior. La caída interanual en la ejecución presupuestaria universitaria fue del 34,4 por ciento, esta cifra es incluso más pronunciada que el promedio del gasto público nacional que disminuyó el 30 por ciento”, subrayaron.

El informe enfatiza que, dentro del programa de desarrollo de la educación superior, la caída afecta de manera significativa a todas las actividades que comprende: “los fondos asignados al pago de salarios registran una disminución del 32 por ciento para docentes y autoridades, y del 28 por ciento para el personal no docente. El financiamiento destinado al funcionamiento universitario se ha reducido en casi un 60 por ciento en comparación con el año 2023. Las transferencias a hospitales universitarios experimentan una caída del 72 por ciento, mientras que el Fondo Universitario para el Desarrollo Regional, al igual que los institutos tecnológicos de formación profesional y el desarrollo de proyectos especiales, no reciben asignación alguna”.

Futuro incierto

A la Universidad Nacional de Moreno llegó una factura de luz de 12 millones de pesos. La anterior había sido de tres. En la Universidad Nacional de Mar del Plata, el costo de la luz en los tres primeros meses de 2023 se multiplicó por diez: “De 3.450.000 a 34 millones”, comparó Osvaldo De Felipe, secretario de Administración Financiera, y alertó: “Esto no se sostiene en el largo plazo”.

La situación se da de Sur a Norte. De la Universidad de Comahue (donde, con los primeros fríos, ya preocupan los aumentos de gas que se vienen) a la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS). “De no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de la universidad –advirtió a este medio el rector, Germán Oestmann–. Lo último que se vería afectado son las clases, pero todo lo que son contratos, horas adicionales, eso se paga con gastos propios. Si no tenemos forma de pagarlo no vamos a poder abrir todos los cursos y capacitaciones planificadas”.

En medio de la oleada de ataques y cuestionamientos a la ciencia y las universidades que pregona el gobierno, la importancia de su rol se coló nada menos que en la mesa de Mirtha Legrand semanas atrás, cuando la actriz Mercedes Morán destacó a la UNCAUS por haber elaborado sus propios repelentes, en el marco de una epidemia histórica de dengue y con un Estado nacional que mira para otro lado. El rol clave de las universidades en sus comunidades escapa a la consideración oficial.

La situación terminal de la educación superior está generando reacciones en lugares históricamente más conservadores. Las facultades de Derecho y Economía de la UBA se sumaron a los reclamos y las clases públicas, la UTN llamó a marchar el 23 de abril, y en Mendoza se vivió esta semana una movilización que incluyó numerosas cuadras.

Estudiantes

La pregunta se puso en circulación desde que emergieron las primeras advertencias: ¿Hay preocupación en las aulas? ¿Temen no poder seguir con sus cursadas? ¿Dimensionan el nivel de crisis de sus universidades? En los últimos días, clases públicas, banderazos y abrazos en distintas sedes comenzaron a mostrar movilización estudiantil. La marcha del 23 será un punto de inflexión. Pero en los pasillos universitarios el panorama es dispar.

“Todavía sigue muy polarizada la opinión, muchos aún no caen en que es grave lo que está pasando y siguen apoyando la medida por el solo hecho de apoyar a Milei. Estoy tratando de explicar la situación a mis alumnos para que entiendan la problemática y puedan apoyar el reclamo, no es sólo para el docente sino para todos. No es posible estudiar en una facultad destruida, sin financiamiento ni siquiera para marcadores”, planteó el médico pediatra Guillermo Moscatelli, docente en la UBA.

“Están muy segmentados –coincidió Gentile, rectora de Comahue–. Seguro participan en carreras humanísticas e ingenierías, en otras son más ambivalentes. O todavía sienten que no es tan grave como parece. No es como en otra oportunidad, con un estudiantado movilizado y compacto. No está totalmente desmovilizado pero está fragmentado, como toda la sociedad. Lo que pasa en las universidades es reflejo de cómo estamos”.