El jefe de Irrigación afirmó que el re uso de estos líquidos es una medida para enfrentar la escasez y la sequía. Por su parte, el diputado Mario Vadillo criticó la decisión: "Es regresiva en materia ambiental, compromete nuestros recursos hídricos y sube los estándares para contaminar", expresó.
El Departamento General de Irrigación buscó hoy aclarar en la Legislatura los alcances de una nueva normativa sobre uso de efluentes industriales, pero no detuvo una polémica que ha surgido con parte de la oposición, que denuncia una posible contaminación de aguas.
El tema en debate es la modificación parcial de la resolución 778 de Irrigación, que databa de 1996. En su lugar se dictó la resolución 52, mucho menos restrictiva que la anterior sobre el vuelco de efluentes a cauces de agua.
"Es muy difícil hacer pasar una resolución regresiva en materia ambiental, que compromete nuestros recursos hídricos y sube los estándares para contaminar, menos aún con la creación del agente contaminante. La única respuesta es que la industria necesita trabajar sin control", expresó el diputado Mario Vadillo, después de escuchar las exposiciones de Irrigación.
Vadillo, como el senador Marcelo Romano, dicen que la resolución 778 de Irrigación tiene una importancia similar a la de la ley antiminera 7722.
En el caso de Vadillo, el legislador no se mostró para nada conforme con las explicaciones que dieron el superintendente Sergio Marinelli y el equipo del DGI hoy, ante dos comisiones del Senado y Diputados.
Marinelli aseguró que el trabajo para la resolución 52 fue "muy técnico". “Lo que buscamos, ante la escasez y ante la sequía, es lograr hacer un re uso de los efluentes que en caso de ser tratados como corresponde, es una nueva y única oferta que podemos tener en un ciclo como el que tenemos, en áreas de secano como las nuestras”, dijo Marinelli.
En tato, Noelia Torchia, abogada del Tribunal Administrativo de Irrigación, explicó: "Tenemos 1700 establecimientos inscriptos y sólo 5 contaban con un permiso de vertido y 50 con un convenio de gestión de permiso de vertido, que son las dos figuras que preveía la Resolución 778 en su versión original, para regularizar la situación de todos esos establecimientos que producto de su actividad, generan un efluente que debe ser dispuesto de una manera segura. Si aplicábamos estrictamente las disposiciones de la 778, teníamos 1645 establecimientos en situación de clausura. Esto nos llevó a plantearnos si quizá las herramientas que preveía dicha resolución no estaban a la altura de las circunstancias para resolver esta problemática”.
Según Irrigación, en 2017 se inició un relevamiento de todas las empresas que estaban sin permiso y sin convenio de gestión de permiso de vertido. A estas empresas se las llamó "empresas en transición, para salir del primer incumplimiento formal de la norma que obligaba a la clausura”, expresó Torchia. Con ese procedimiento, se pasó de cinco a 53 permisos y de 50 a 350 convenios.
Irrigación considera además que "había una laguna legal" en la resolución 778 sobre el re uso de fluentes. “Por lo tanto, creamos una figura jurídica que es la autorización para re uso de efluentes industriales”, para lo cual se establecieron una serie de exigencias técnicas.
En cuanto a la fiscalización, se detalló que la resolución 778 había un procedimiento que establecía que el inspector que detectaba el vuelco podía catalogarlo de contaminación manifiesta sin necesitar extraer muestras.
“Nosotros hemos remplazado ese concepto de contaminación manifiesta por el de vuelco irregular y se va a exigir en todos los casos muestras y se ofrece contra-muestra, garantizando el debido proceso”, agregaron desde Irrigación.
Además, Irrigación dice que definió distintas zonas para preservar “el acuífero libre” y se puso un factor de localización. Todo ello, para determinar un índice de peligrosidad final, que tiene en cuenta “la peligrosidad y la vulnerabilidad de la zona”.
Fuente: MDZ