La Asamblea del Pueblo de General Alvear ratificó ayer el «No a Portezuelo del Viento» y reclamó «la paralización de su procedimiento licitatorio», en público rechazo a la posición del intendente local, Walter Marcolini, y contra la decisión del gobierno provincial de avanzar con el controvertido proyecto. La movilización de esta asamblea, formada a principios de siglo para enfrentar el avance de la megaminería y los proyectos de fracking en Mendoza, acompañó la discusión y sanción de la Ley 7722 «Guardiana del Agua», que regula la actividad extractiva y prohíbe el uso de químicos tóxicos.

Mediante un comunicado, la organización precisó con pasmosa claridad las razones por las que Mendoza debe renunciar al proyecto y «convocar a un debate democrático para modificar el destino de los fondos con distribución equitativa» en toda la provincia. Esos 1.023 millones de dólares deben destinarse «al mejoramiento de sistemas de riego, rutas y caminos, al desarrollo productivo de alimentos sanos y arraigo a la tierra, y a la construcción y ampliación de hospitales y escuelas», expresaron.

Claras razones.
Los asambleístas mendocinos recuerdan que «el proyecto multipropósito Portezuelo del Viento es principalmente una central hidroeléctrica» cuya energía será destinada «fundamentalmente al servicio del extractivismo minero (Línea Minera de Alta tensión Comahue Cuyo)», y advierten que su construcción dejará «a Las Loicas y parajes cercanos bajo el agua, con sus pobladores serán desplazados y los caminos de trashumancia afectados de forma permanente».

También revelan que «no fue realizada la evaluación de impacto ambiental integral que exige la legislación vigente y que implica incluir a las cinco provincias del río Colorado» y denuncian el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT «que obliga a la consulta de todas las comunidades afectadas» por el proyecto.

Además, sostienen que «el cambio climático y el río Grande, con caudales en la última década de entre 50 por ciento y 74 por ciento de su media histórica, hacen inviable el proyecto» y afirman que «se necesitarían entre 40 y 50 años para la construcción de la obra, sin generación de energía eléctrica, sin disponibilidad de agua para el llenado una vez construido el embalse y sin beneficio alguno para la provincia».

Y «tampoco existe seguridad jurídica» para construir Portezuelo. «Tres juristas de nuestra provincia lo afirmaron ante el fiscal de estado: si por cualquiera de estas falencias, presentaran una demanda unas provincias de la cuenca y la justicia dictara una medida cautelar, podría paralizarse y obligar a Mendoza a indemnizar a la empresa adjudicataria» argumentaron. Finalmente, recordaron que hubo una única oferta en su licitación, del consorcio Malal Hue, cuya «empresa mayoritaria, la china Sinohydro, afronta juicios millonarios por graves fallas en construcciones realizadas en Ecuador y denuncias por corrupción en otros países».

Desde Río Negro.
A los vecinos de Alvear se sumó también la voz de Gustavo San Román, intendente de Río Colorado (Río Negro), autor de una carta enviada al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) manifestando su «rotunda oposición» a Portezuelo del Viento. El mandatario rionegrino explicó que «hace dos años requerimos la realización de estudios de impacto ambiental sobre Portezuelo del Viento y toda la cuenca del Colorado y la convocatoria a una Audiencia Pública Nacional, así como la aprobación en Mendoza de la ampliación de facultades del Coirco, sin obtener respuestas».

A San Román le preocupan noticias referidas a una supuesta voluntad del presidente Alberto Fernández para «agilizar y avanzar con la concreción del proyecto, sobre todo porque nuestras inquietudes nunca fueron respondidas». Hace algunas semanas, cuando el mandatario nacional visitó Mendoza por anunciar la capitalización estatal de Impsa, circuló una versión sobre el respaldo presidencial para la obra, aunque fue desmentida más tarde por el ministro del Interior Eduardo de Pedro.
San Román reiteró que «no están dadas las condiciones que garanticen el caudal de nuestro río Colorado ni la conservación del medio ambiente» y prometió avanzar con las «acciones que sean necesarias para evitar el avance de la obra».
Fuente: La Arena