El escrito presentado por los abogados querellantes de la vicepresidenta toma parte de la información que publicó Tiempo en su última edición impresa. Los chats posteriores al intento de asesinato. El trabajo de inteligencia en la casa de la vecina de Cristina y el financiamiento que apunta al macrismo.

Sobre la base de un artículo publicado en Tiempo en la última edición impresa, y con nueva prueba surgida de los teléfonos de los líderes de la agrupación fascista Revolución Federal, la querella de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, pidió hoy la detención de Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Ángel Guerra. A estas alturas, a punto de cumplirse cuatro meses del intento de magnicidio, es poco menos que insólito que un sector de Comodoro Py insista en descartar la participación –directa o indirecta- de Revolución Federal en el ataque. Como reza una vieja canción de los 60, “las cosas se cuentan solas; sólo hay que saber (¿querer?) mirarlas”.

“Estamos, lisa y llanamente, frente a un grupo que tiene mucho más poder y contactos de lo que parecía a primera vista, que ha dado una imagen engañosa en este proceso y que mantiene su objetivo de matar a Cristina Fernández de Kirchner”, sostiene el escrito firmado por los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal. “El contenido de los mensajes recabados (de los teléfonos de los imputados) obliga a disponer, nuevamente, las detenciones de Morel, Sosa y Guerra. (…) Dada la importancia para el descubrimiento de la verdad de lo solicitado y la posible frustración de las pruebas que podría suponer el conocimiento de su producción, solicitamos que se dicte el secreto de sumario mientras se lleva a cabo lo propuesto en este escrito”.

El escrito recoge buena parte de la información publicada por Tiempo el sábado 24 de diciembre. Aquel artículo advertía que Revolución Federal “tenía entre sus militantes a instigadores a ‘pegarle un tiro’ a la vicepresidenta, invadir la Casa Rosada, ‘matar jueces’ y organizar manifestaciones armadas a las que recomendaba concurrir con botiquines para atender a heridos”. También señaló “cuatro días antes del atentado, el 28 de agosto, la vecina del piso de arriba de Cristina Kirchner, Ximena de Tezanos Pinto (en cuya casa hacía ‘changuitas’ Gastón Guerra), le envió lo que parece ser un primer mensaje a Sosa” para una reunión.

El escrito de la querella señala que “el día 15 de agosto se dio una conversación en la que estaba Morel y el tercer líder de Revolución Federal, Sosa (quien también fue a la casa de De Tezanos Pinto), en la se habló de hacer una ‘vaquita’ para contratar un sicario para matar a la Vicepresidenta”. Dos semanas después, Fernando Sabag Montiel gatilló dos veces a diez centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner. “¿Fue Sabag Montiel el sicario de Revolución Federal? Todavía no lo sabemos, pero la conversación entre Sosa y Morel existe, y en la causa 2998/2022 varios testigos dijeron que Sabag Montiel sólo podría haber hecho lo que hizo por dinero”, dijeron los abogados Ubeira y Aldazábal.

“La prueba producida en esta causa, cada vez más voluminosa, muestra a las claras a un grupo con una organización compleja y aceitada. Este grupo incita a la violencia, como ya sabíamos, pero es evidente que también busca ejercerla de modo concreto, con objetivos específicos. El más evidente es Cristina Fernández: Revolución Federal quería, y tal vez contrató, un sicario para asesinarla; Morel explicó en Twitter Spaces como matarla; Guerra y Sosa realizaron tareas de inteligencia en su edificio; otras personas ya habían hablado de entrar a su vivienda y pegarle un tiro. Y detrás, la alta sociedad: millones de pesos sin explicación provenientes un grupo perteneciente a la familia más cercana al ex presidente Macri; cincuenta mil dólares en manos de personas que no tienen el poder adquisitivo para adquirirlos; y, como se investiga en la causa 2998/2022, un diputado nacional del PRO que sabía lo que iba a ocurrir”.

Los abogados de CFK pidieron el allanamiento del domicilio de Ximena De Tezanos Pinto y el secuestro de su dispositivo celular “y de todo otro elemento de interés para esta investigación, con el fin de esclarecer sus vínculos con Revolución Federal”.

El escrito también propone investigar las comunicaciones de Jonathan Morel entre el 1 de septiembre y el 9 de septiembre de 2022 “con el fin de identificar quién habría sido la persona a que se comunicó con él para atribuirse el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner”.

Tiempo está en condiciones, sobre la base de documentación que obra en el expediente, de avanzar en esa respuesta. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi acaba de recibir un informe de la Unidad Operacional Antiterrorista de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) sobre los teléfonos celulares de Morel y Sosa, que consigna que desde un perfil de Twitter identificado como “juanargento”, Sosa recibió un “DM” (mensaje privado) diciendo textualmente: “lo hicimos bien???; ? lo organizamos en un chat de una comunidad de Taringa, con un extranjero; igual no tenía alas, es solo para que corran, Van a Correr!, como dicen cadena nacional”. El nombre de identificador de la cuenta de Twitter es “@juanpeluchan”, y todavía está activo en esa red social. Tiene muy pocos seguidores y sigue a un puñado de otros usuarios. El más conocido es el conductor de programas de radio y TV Baby Etchecopar.

Ubeira y Aldazábal dedicaron un capítulo especial de las 21 páginas del escrito al financiamiento de Revolución Federal y, a través suyo, probablemente del atentado, según la hipótesis que deslizan. “Si Morel era una persona de clase baja (así se presenta) y sus únicos ingresos parecen ser los provenientes de Caputo Hermanos, totalmente injustificados, se sigue que el financiamiento provenía, evidentemente, de esta sociedad o, al menos, de Rossana Caputo. Por lo tanto, solicitamos que se cite a Rossana Caputo a prestar declaración indagatoria, con el fin de que brinde las explicaciones que por ahora no ha podido dar”.

La mira está puesta en la empresa que lleva el apellido de un ex estrecho colaborador del gobierno de Cambiemos. “Caputo Hermanos S.A. de ningún modo ha podido explicar las millonarias transferencias a Revolución Federal. Sosa tampoco ha podido explicar los casi cincuenta mil dólares hallados en el allanamiento al domicilio en donde vive. Tampoco puede explicarse la relación entre los líderes de Revolución Federal y De Tezanos Pinto”.