La iniciativa es autoría del legislador salteño Lucas Godoy, y fija penas de tres a ocho años de cárcel a quienes realicen talas o deforestaciones sin la debida autorización de la autoridad provincial competente.
Si bien la Ley de Bosques que entró en vigencia en 2009 y logró durante varios años disminuir la tasa de desmontes en el país, el dato de que entre 2008 y 2018 desaparecieron 2.8 millones de hectáreas de bosques nativos, de los cuales el 21 por ciento fue en Salta, llevó a que se presente en el Congreso un proyecto de Ley para penar con prisión efectiva a aquellos que deforesten sin autorización.
El autor de la iniciativa, el diputado nacional salteño Lucas Godoy, advirtió que en 2016 con la eliminación de las retenciones otra vez se desató una especie de fiebre de los grandes productores de soja por tratar de conseguir tierras cultivables mediante los desmontes.
“Si bien muchos tienen autorización por cumplir con los presupuestos que fija la ley, muchos otros son hechos de manera clandestina, porque se arriesgan a no ser descubiertos y en caso de que los controles logren detectarlos, las multas monetarias suelen ser muy inferiores a las ganancias que estiman obtener con los cultivos, por lo que no alcanzan para ser disuasivas, ya que prefieren pagar la multa y hacerse de nuevas tierras”, advirtió el autor de la iniciativa.
Por ello, el proyecto propone la inclusión de seis incisos en el artículo 208 del Código Penal. En primer lugar, el nuevo 208 bis reprime con prisión de tres a ocho años para el que de manera ilegal “realizare desmontes y/o actividades de tala, totales o parciales, sobre Bosques Nativos”.
Además, ese mismo apartado indica que “si se acreditare que dichas actividades tuvieron ánimo de lucro se aplicará, conjuntamente a la pena de prisión, una multa de pesos, dos millones (2.000.000) a pesos, diez millones (10.000.000)”.
Finalmente excluye de estas penas a los agricultores Familiares y miembros de Comunidades Indígenas “que realicen actividades para su subsistencia sin afectar la conservación, manejo sostenible y el desarrollo sustentable de los Bosques Nativos”.
Dentro del mismo articulado del Código, el proyecto añade una serie de incisos que apuntan a los funcionarios públicos que hayan autorizado un desmonte de manera irregular, a los que también le aplica pena de prisión y le impone períodos de inhabilitación en la función pública.
Godoy en los fundamentos del proyecto señala que desde que entró en vigencia la Ley de Bosques, “la tasa de desforestación disminuyó desde 0,94 por ciento en 2007 a 0,34 por ciento en 2015”, según un informe elaborado por la Dirección Nacional de Bosques, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Pero también en dicho informe daban cuenta que desde 2016 esa tasa volvió a aumentar.
También remarca que en el 2017 la superficie desmontada alcanzó en el Noa las 128.217 hectáreas y casi la mitad fue de bosques protegidos por la normativa (clasificados en las Categorías I – Rojo y II – Amarillo). Allí también señala que Salta es una de las provincias con más deforestación de las dos últimas décadas, ya que entre 1998 y 2018 perdió 1.425.493 hectáreas de bosques nativos.
Y en base a datos más actuales, Godoy grafica que en Julio 2020, con plenas restricciones a las actividades por la pandemia, “se detectaron en Salta desmontes sin la debida autorización administrativas y/o en zonas no desmontables de 546 hectáreas en los departamentos Anta, La Candelaria, Metán, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera y San Martín de los cuales 62,27 hectáreas correspondían a la categoría de muy alto valor de conservación (Categoría I -rojo)”.
Procuraduría de Protección Ambiental
Pero la penalización de este tipo de delito, indica el diputado, “conlleva asimismo a la necesidad de contar con organismos especializados en la protección y la tutela del ambiente, que cuenten con la competencia y con los recursos para desarrollar una adecuada investigación y la aplicación de eventuales sanciones ejemplificadoras”.
Por ello rescata otra iniciativa presentada en Diputados, que también lo incluye entre los autores, que propone la creación de la Procuraduría de Protección Ambiental, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, “asignándole precisamente aquellas funciones específicas referidas a la protección del ambiente, que comprende los bienes y valores colectivos que lo componen y el patrimonio natural y cultural nacional y la creación de Unidades Fiscales por Áreas Naturales”.
Ambos proyectos ya fueron presentados formalmente y ahora deberán cumplir con el circuito interno en distintas comisiones para poder obtener los dictámenes que les permitan su tratamiento en el recinto.
Fuente: Pagina 12