A la iniciativa del intendente de Malargüe para que ese departamento quede excluido de la normativa que impide explotar la minería metalífera, se sumó ahora un proyecto de aliados del PRO y otros partidos. Esta iniciativa vuelve a plantear que se modifiquen los artículos que bloquean la actividad.

Legisladores aliados del Frente Cambia Mendoza presentaron finalmente este viernes un proyecto de ley para intentar flexibilizar nuevamente la ley ambiental 7722, en momentos en los que el gobernador Rodolfo Suárez rechazó la posibilidad de acompañar otra iniciativa en torno a la minería, en este caso del intendente de Malargüe Juan Ojeda, que pretende establecer zonas aptas en su comuna para habilitar la minería metalífera.

El proyecto, que es una propuesta del diputado provincial del Pro, Gustavo Cairo; lleva no sólo el acompañamiento de su partido -como la del legislador Enrique Thomas-; sino también de otros partidos políticos de Cambia Mendoza, como el Partido Demócrata Progresista, con Josefina Canale; y de Demócratas en el Frente, con Guillermo Mosso.

El principal cambio que proponen los legisladores es el de modificar el artículo 1 de la 7722, en el que se pide excluir de las sustancias prohibidas para actividad minera al ácido sulfúrico, mientras que se mantendría solamente la prohibición, según el articulado, al cianuro y mercurio. También la iniciativa propone que la Legislatura no deba refrendar las declaraciones de impacto ambiental que se realicen para futuros proyectos mineros, con el objetivo de “quitar la especulación política de un estudio que es técnico y científico”; y por último, se prevé la creación de una Agencia de Control Ambiental de Mendoza a partir de la disolución del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (Epas).

De esta manera, y casi a contrarreloj de la finalización del período ordinario de la Legislatura, ingresó otro proyecto más, que pretende reabrir el debate minero, ante un Rodolfo Suárez que ya dejó en claro en varias oportunidades que mientras sea gobernador no volverá a impulsar la minería; y un intendente radical, como Ojeda, que busca excluir a algunas zonas de Malargüe del área de control de la 7722. A la par, organizaciones ambientalistas han manifestado su crítica respecto a estas iniciativas, y aseguran que se está preparando el terreno para una nueva discusión legislativa que tiene como objetivo quitar poder a la ley que ha causado sin dudas controversia en Mendoza.

Se espera que el proyecto, que ingresó por la Cámara Baja, sea remitido a las comisiones de Economía, Ambiente y también a Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).

Punto a punto

Sobre la quita del ácido sulfúrico como sustancia prohibida del proceso minero, en el proyecto se hizo referencia a que esta sustancia está presente en una gran cantidad de procesos industriales, como por ejemplo para la creación de fertilizantes, refinación del petróleo, producción de pinturas, tratamiento del acero, extracción de metales no ferrosos y manufactura de detergentes y plásticos, entre otros. Cairo también dijo a Los Andes en la edición del 17 de octubre que se utiliza en la industria vitivinícola, tanto en bodegas como en la producción de mosto.

No obstante, también en el proyecto se elimina la frase “y otras sustancias tóxicas similares” que actualmente está vigente en la ley 7722 cuando se enumeran las sustancias prohibidas para el proceso minero. Esto fue propuesto, ya que incluso un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de noviembre de 2021 declaró esa propia frase como inconstitucional ante un planteo judicial que realizó la empresa minera San Jorge, que pretende extraer cobre en Uspallata.

Como argumentos del fallo, que fueron tomados en los considerandos del proyecto, se remarcó que esa controversial frase “se aparta del principio de legalidad que surge de los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional, toda vez que en este aspecto la ley adolece de una gran indeterminación”. Precisamente el artículo 19, tal como indicó el juez de la Corte, Carlos Rosenkrantz, “exige que las normas incluidas dentro de la juridicidad tengan el mayor grado de previsión y previsibilidad posible a fin de que cumplan con el estándar de claridad que es exigible para que los sujetos puedan ajustar sus respectivas conductas”.

Con relación a la actual aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Cairo manifestó que aprobarla “implica seguir un procedimiento complejo y exhaustivo” desde el punto de vista técnico, con participación de universidades nacionales, la Dirección General de Irrigación, más organismos como el Inta, el INA y organizaciones ambientalistas.

Ante esto, consideró la necesidad de dejar la aprobación de la DIA al aspecto técnico y científico, y quitar el político, quitando a la Legislatura como otro de los filtros para este tipo de proyectos. “Allí los intereses partidarios y electorales de unos y otros pueden dar por tierra, como lo han hecho, a proyectos impecables desde el punto de vista técnico”, marcó, y agregó: “Si queremos algún desarrollo minero y que esa área de la economía traiga inversiones y empleos a nuestra provincia, esto requiere necesariamente una modificación”.

Por último, respecto a la creación de una Agencia de Control Ambiental de Mendoza, el proyecto considera como “fundamental” que la gente pueda confiar en quienes controlan. Ante esto es que se propone la creación de la Agencia “con un directorio elegido por instituciones vinculadas al cuidado del medioambiente”. El mismo estaría integrado, según el artículo 3 del proyecto, por un presidente elegido por el Poder Ejecutivo y cuatro vocales elegidos por las siguientes instituciones: uno designado por la Universidad Nacional de Cuyo, uno por la Universidad Tecnológica Nacional, uno por el Consejo Provincial del Ambiente creado por ley provincial 5.961 y el último designado por el Departamento General de Irrigación.

Por otro lado, la Agencia “reemplazará al Epas”, según el proyecto, que quedará disuelto a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y cuya estructura administrativa pasará a formar parte de este organismo de control ambiental.

Minería en San Juan

También en los fundamentos del proyecto se decidió comparar la minería con lo que ocurre en la provincia de San Juan. “En San Juan hay más de 750 empresas que prestan servicios a las mineras y cerca de 10.000 personas trabajando en forma directa en los emprendimientos. Esto se debe multiplicar por toda la actividad económica que producen todas esas personas consumiendo e invirtiendo en la provincia”, manifestaron.

También se mencionó que, en el caso de la provincia vecina, se tributa un 55 por ciento de la moto total de ventas, de los cuales un 85 por ciento lo recauda la Nación; y un 15 por ciento la provincia y el municipio donde se desarrolla la explotación”.

“Además de esto, las empresas gastan aproximadamente el 30 por ciento de lo obtenido en sus ventas en costos de producción, como salarios, insumos y servicios que contratan dentro de la población local”, agregaron.

Por último, Cairo consideró que los mendocinos “estamos perdiendo grandes oportunidades”. “No alcanzan ya los tres pilares de desarrollo que hemos emprendido: agroindustria, petróleo y turismo. A nuestra economía le falta esta cuarta pata que genere empleos de calidad e ingresos para las arcas del estado. El futuro depende de nosotros”, culminó.

Fuente: Los Andes