La justicia determinó que no hubo delitos en la autorización de la primera prueba de fracking en Mendoza. La denuncia apuntaba contra funcionarios de Ambiente y también contra el ex gobernador Alfredo Cornejo. La Corte analiza otras causas, pero para anular las normas.
Hoy "Vaca Muerta" es mucho más una promesa que una realidad en Mendoza. No hay ningún proyecto de fractura hidráulica activo y los planes de inversión que algunas empresas tenían para ejecutar se frenaron. Pero igual el debate sobre la industria petrolera y en particular el fracking está presente en Tribunales y los debates políticos. En ese plano hubo un hecho importante surgido, justamente, desde la Justicia: el ex gobernador Alfredo Cornejo, el secretario de Ambiente Humberto Mingorance y la directora de Protección Ambiental Miriam Skalany fueron exculpados y se archivó una denuncia que había en su contra por supuestas irregularidades en la autorización del primer proyecto de fracking que se realizó en Mendoza.
La denuncia había sido presentada por organizaciones defensoras del ambiente y apuntaba a que el proyecto piloto de fractura hidráulica realizado en Puesto Rojas, en Malargüe, había sido autorizada de manera irregular. La fiscal correccional Mercedes Moya ordenó el archivo de la causa porque para ella no había delito. Para tomar esa decisión cita como testimonios clave lo que dijeron otros dos ex funcionarios: Emilio Guiñazú, que tenía a cargo el área energética, y la directora del área jurídica de la Secretaría de Ambiente.
El cuestionamiento principal apuntaba a que para autorizar el fracking se había usado un método rápido de evaluación de impacto ambiental y no el proceso completo. Justamente ese fue el eje del debate: como en el área ya había actividad petrolera, el Gobierno consideró que no hacía falta realizar todo el proceso ambiental desde cero y, en cambio, un aviso de proyecto y adecuación. Por eso si bien se hizo una evaluación ambiental, no hubo audiencia pública, entre otras cosas.
La denuncia era para que se investigara si los funcionarios habían incumplido sus tareas por haber autorizado prácticas por fuera de las normas. En concreto se apuntaba al artículo 248 del Código Penal, que prevé penas de hasta dos años y una inhabilitación para ejercer cargos públicos para los funcionarios que tomen decisiones contra las normas. Para la justicia no fue así en el caso de la autorización de la exploración y explotación petrolera en Vaca Muerta. Para la fiscal, el delito que se cita requiere que haya "dolo", es decir que los funcionarios actúen con intenciones de delinquir.
Para ella las decisiones tomadas por los tres funcionarios fueron con fines lícitos y en el marco de sus funciones. "Entendemos que no resultaría configurado en el sub examen el tipo objetivo del delito previsto en el art. 248 del Código Penal conforme lo denunciado en la presente causa", dice la fiscal. Y asegura que Miriam Skalany, Mingorance y el propio Cornejo actuaron dentro del marco de sus cargos. "Tampoco se puede sostener que Alfredo Cornejo como Gobernador y máxima autoridad de la provincia haya tenido conocimiento de irregularidades con relación al caso concreto bajo análisis, ni mucho menos que haya instigado u obligado a sus inferiores a que cometan irregularidades administrativas para aprobar la citada tecnología de fractura hidráulica como se expresa en la denuncia", dice el escrito judicial.
Proyectos y litigios
Petrolera El Trébol había pedido realizar fracking en cuatro pozos que estaban en su concesión petrolera. Era el primer proyecto de exploración en la parte mendocina de Vaca Muerta. Se trata de los pozos Petre Md.N.Cp-1013, Petre Md.N.Cp-1015, Petre Md.N.CP-1707 e YPF. Md.Nq.PR-59. El área ya estaba a su cargo y, de hecho, hay una larga historia de explotación petrolera. La nueva concesión de El Trébol data del 2006. Pero el cambio se dio con la intención de realizar fracking para explorar la roca madre. Por eso se autorizó el proyecto piloto de cuatro pozos. La noticia se conoció a través de MDZ cuando las primeras fracturas ya se habían realizado.
Luego El Trébol pidió la concesión para explotar los pozos y se le otorgó. La crisis hizo que las inversiones previstas para este año se suspendieran y se postergaran. La empresa redujo a su mínima expresión la actividad exploratoria y postergó las inversiones. Lo mismo había pasado con otras petroleras. En los últimos días, por ejemplo, se realizó la audiencia pública para el proyecto Puesto Pozo Cercado Occidental, que es de YPF. Ese plan, que apunta a explorar un área convencional, se había prorrogado 18 meses por la crisis y la pandemia.
La resolución de la justicia sobre los tres funcionarios no es el punto final del debate. La Suprema Corte de Mendoza también analiza una denuncia que apunta a que sean declaradas inconstitucionales las resoluciones que aprobaron el fracking realizado por El Trébol y también la reglamentación específica. Allí no es una denuncia penal, sino que se busca anular las normas.
Al mismo tiempo, también están en discusión legal las ordenanzas que algunos municipios aprobaron y promulgaron para prohibir el fracking. Es lo que hicieron Lavalle y Tupungato, por ejemplo. Allí la discusión es sobre la jurisdicción: los recursos son de la provincia, pero los municipios tienen algunas potestades otorgadas por la Constitución y normas provinciales como la de Ordenamiento Territorial.
Fuente: MDZ