Luego de varias semanas de demora, el próximo miércoles 22 de junio se retomará en la Cámara de Diputados el debate por la modificación de la Ley de Alquileres. Esta vez, se realizará una reunión conjunta entre la Comisión de Legislación General y la c comisión de Presupuesto y Hacienda.

La Ley de Alquileres entró en vigencia hace dos años, pero a los pocos meses sus efectos no deseados hicieron que diversos sectores comenzaran a plantear cambios y fue uno de los lemas de campaña de la oposición en las últimas elecciones legislativas. A fines del año pasado, el propio Gobierno reconoció la necesidad de modificaciones.

En su momento, la norma tuvo amplio consenso: fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri, pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández.

Su sanción introdujo dos cambios clave, que generaron incertidumbre entre los propietarios: extender la duración de los contratos de dos a tres años y convalidar una sola actualización anual del valor mensual del alquiler de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación. Con su aprobación, según datos del mercado, se produjo una suba por encima de la inflación para los nuevos contratos, con dueños que buscaban cubrirse de sus efectos negativos y de la baja rentabilidad (los alquileres se pagan en pesos y las propiedades en dólares).

En noviembre del año pasado, Sergio Massa anunció que impulsaría una modificación de la ley actual. Y unos meses después, el 1 de marzo pasado, durante la apertura de las sesiones en el Congreso, el presidente Alberto Fernández también pidió avanzar con los cambios. Sin embargo, el tratamiento legislativo se demoró y luego de que la oposición anunciara la convocatoria a una sesión especial para derogar la ley en abril pasado, los distintos bloques llegaron a un acuerdo para que se debata un proyecto consensuado.

Esa iniciativa fue llevada adelante por la comisión de Legislación General, pero no se llegó finalmente un único proyecto y hubo tres dictámenes: el proyecto del oficialismo no incluyó cambios en la duración de los contratos ni en el índice de actualización, los puntos más conflictivos de la ley actual. Como los proyectos incluían incentivos fiscales para los propietarios se determinó el pase a la Comisión de Presupuesto, lo que demoró el debate en el recinto.