"Respeto profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente estos días", manifestó el gobernador de Chubut, tras las protestas en la provincia y dijo que va a "impulsar un plebiscito a nivel provincial para escuchar a todas las voces del pueblo".

Con movilizaciones en contra en toda la provincia, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, maniobró para enfriar el conflicto desatado tras la aprobación de la ley de zonificación que permite la explotación minera y anunció este lunes que la derogará.

Luego de que la medida generara fuertes protestas de organizaciones ambientalistas en la provincia, Arcioni dijo a través de su cuenta en la red social Twitter que impulsará la convocatoria a un plebiscito a nivel provincial "para escuchar a todas las voces del pueblo" en este tema.

"Respeto profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente estos días y quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad, la oportunidad de pensar cómo damos trabajo a quienes no lo tienen, cómo generamos inversiones para industrializar nuestra producción, y con qué recursos mejoramos nuestra educación, nuestra seguridad y nuestra salud", planteó ayer por la tarde Arcioni.

Allí anunció su decisión de "derogar la ley" e "impulsar un plebiscito a nivel provincial para escuchar a todas las voces del pueblo".

Desenlace del conflicto

El miércoles pasado, la Legislatura provincial aprobó la ley de zonificación minera en un marco de protestas signadas por enfrentamientos y represión que derivaron en múltiples pronunciamientos, tanto desde el ámbito político, como sindical e incluso de representantes de la Iglesia en la región.

Un día después, el gobernador promulgó la Ley de Zonificación de la Actividad Minera en Chubut, que avala la "diversificación productiva" en los departamentos de Gastre y Telsen, del interior provincial, con la habilitación de la explotación de los recursos sin cianuro.

Esa aprobación, criticada por la Universidad Nacional de la Patagonia y por representantes del Conicet, motivó en los últimos días fuertes protestas que provocaron graves daños en la Casa de Gobierno provincial y en otros edificios del centro cívico de Rawson.

La sanción del proyecto había recibido el respaldo del gobierno nacional a través de la cartera de Desarrollo Productivo que tiene bajo su órbita a la Secretaría de Minería y del Consejo Federal de Minería (Cofemin), esta última integrada por las provincias productoras, por considerar que se trataba de un "importante paso hacia adelante" que contribuiría al "desarrollo de la industria" en la provincia y el país.

"Es una herramienta válida para comenzar a transitar con la prudencia que merita el rubro, el camino de la producción y de la industria minera, y hacerlo, además, es pensar en desarrollo, crecimiento, trabajo genuino e inversiones que naturalmente llegarán a La Meseta Central y localidades aledañas de la provincia del Chubut", manifestó en esa oportunidad el Cofemin.

Del otro lado de la discusión, quienes se oponen a la ley, aseguran que la empresa minera Pan American Silver, propietaria del proyecto, usará un método distinto al cianuro pero no menos nocivo: el xantato.

"La decisión del gobierno y la legislatura provincial de avanzar con la megaminería no cuenta con licencia social, a lo que se suma el cuestionamiento de diversos organismos científicos y académicos", sostuvo un documento firmado por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Ctera, Barrios de Pie, Jóvenes por el Clima, y personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Masristella Svampa y Rita Segato.

El xantato y la policriamida son dos de los reactivos rechazados por los vecinos por su potencial contaminante. Al reaccionar con la poliacrilamida, el xantato genera bisulfuro de carbono que es un compuesto del cual se puede obtener ácido sulfúrico. Aunque no existe una normativa que en la Argentina prohíba el uso de esta sustancia, hubo un proyecto en el Senado en 2015 que nunca prosperó