El gobierno de Javier Milei ha implementado una serie de medidas de ajuste fiscal que afectan principalmente a los sectores más desprotegidos. Mientras se prioriza la estabilidad macroeconómica, las consecuencias sociales comienzan a hacerse visibles.

Desde su asunción, el presidente Milei ha impulsado políticas económicas orientadas a reducir el déficit fiscal, como la eliminación de subsidios a servicios públicos y el recorte en áreas clave como la educación y la salud. Estas decisiones, aunque alineadas con las recomendaciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), han generado preocupación en sectores sociales que dependen de la asistencia estatal.

Uno de los ejemplos más visibles es el aumento en las tarifas de servicios básicos como la electricidad y el gas, que ha afectado especialmente a familias de ingresos bajos y medios. Según un relevamiento reciente, el gasto en servicios públicos representa ahora más del 20 por ciento del ingreso de estos hogares.

Por otro lado, organizaciones sociales y sindicales han manifestado su rechazo a estas medidas. "El ajuste fiscal no solo golpea a los sectores populares, sino que también compromete la recuperación económica, ya que reduce la capacidad de consumo de las familias", señaló un representante de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

En paralelo, el gobierno sostiene que estas decisiones son necesarias para estabilizar la economía y generar confianza en los mercados internacionales. Sin embargo, analistas económicos advierten sobre los riesgos de profundizar las desigualdades en un contexto donde casi el 40 por ciento de la población vive en situación de pobreza.

El desafío para la gestión actual será encontrar un equilibrio entre las exigencias fiscales y la necesidad de garantizar condiciones mínimas de bienestar para la población, un punto que marcará no solo su desempeño político, sino también el futuro del país.

De la Redacción de AIM