La Comisión de Legislación General del Senado se reunirá en plenario con Presupuesto y Hacienda este martes a las 17, para tratar la modificación de la Ley de Alquileres, en revisión, que llega con media sanción de la Cámara de Diputados. De haber acuerdo, mañana podría llegar al recinto. Además, se tratará un proyecto sobre deudores morosos y una iniciativa para cambio de apellido sin intervención judicial, confirmaron a AIM fuentes parlamentarias.

Tras su constitución, la Comisión de Legislación General del Senado se reunirá hoy a las 17 con Presupuesto y Hacienda, para tratar la modificación de la Ley de Alquileres, en revisión, que llega con media sanción de la Cámara de Diputados.

Cabe recordar que el miércoles pasado, en el recinto de la Cámara de Diputados, la oposición logró la media sanción del proyecto que establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.

Según pudo saber AIM, en agenda, también estarán dos proyectos presentados sobre el mismo tema en el Senado por la senadora Clara Vega (propone 2 años para habitar, 3 para comercializar y ajuste de precio cada 6 meses), el de la misionera Magdalena Solari Quintana (que el locatario pueda renunciar cuando lo desee), el del radical Julio Martínez (2 años con prorroga por solo uno más), el de Maurice Closs (ajuste anual) y el de Carolina Losada que busca directamente la derogación.

Otros temas

En la reunión de hoy, también se tratará la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM) que tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde el 9 de noviembre de 2022.

Esta iniciativa tiene por objeto la conformación de una base de datos unificada y dinámica, con soporte digital de acceso público y gratuito, de los deudores alimentarios morosos de todo el territorio nacional inscriptos en los registros jurisdiccionales y/o a solicitud de autoridad judicial competente.

La inscripción en el ReNDAM se dará cuando la persona obligada al pago de cuotas alimentarias, provisorias o definitivas, mediante resolución judicial o convenio homologado judicialmente, incumpliera con el pago en tiempo y forma. Mientras que, para la baja, una vez acreditado el pago de lo adeudado el juez o tribunal correspondiente deberá ordenar la baja de la inscripción dentro de los cinco días hábiles posteriores.

Asimismo, los registros de las distintas jurisdicciones deberán “notificar al ReNDAM toda alta, baja o modificación en el plazo establecido en el instrumento de adhesión, el cual no puede superar los cinco días hábiles de ocurrido el hecho que lo cause”.

El proyecto plantea una serie de impedimentos para quienes estén inscriptos en este registro, de manera que distintas instituciones u organismos no les otorguen “la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o débito; inscripciones o anotaciones en los registros de la propiedad inmueble nacional o de las jurisdicciones locales; otorgamiento o adjudicación, a título oneroso, de viviendas sociales o cesión de los derechos emanados de las mismas; expedición o renovación de pasaporte; solicitud de licencia para conducir o su renovación; habilitación para la apertura de comercio o industria; e inscripción a matrícula de colegios profesionales o entidad similar necesaria para el ejercicio de actividad bajo matrícula pública”, entre otros.

Además, será tratado el proyecto de ley presentado por el senador fueguino Matías Rodríguez para modificar el artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de permitir el cambio de nombre y apellido con y sin intervención judicial.

La iniciativa propone los cambios de apellido sin intervención judicial para personas que hayan sido víctimas en casos de: delitos contra su integridad sexual por parte de alguno de sus progenitores o ascendientes y descendientes hasta el primer grado de aquellos que cometieron delitos contra la integridad sexual o la vida de terceros.