El oficialismo, junto con algunos gobernadores peronistas, fogonean la iniciativa en el Congreso; Juntos por el Cambio es el principal partido perjudicado por la cantidad de internas sin definir en la mayoría de los distritos

El bloque de diputados nacionales del PRO consideró ayer que "eliminar las PASO pocos meses antes de una elección presidencial es querer hacerle trampa al conjunto de los argentinos y a la democracia", por lo que expresó su "rechazo al intento de suspenderlas".

A través de un comunicado difundido por redes sociales, la principal fuerza dentro del interbloque de Juntos por el Cambio, señaló: "El Gobierno nacional busca cambiar las reglas, a poco tiempo de las elecciones y a las apuradas, porque sabe que en tres años de gestión lo único que hizo fue ocuparse de sus propios intereses en lugar de solucionar un solo problema de la gente".

Para los 50 diputados del PRO, "es una locura que quieran cambiar las reglas de juego electoral a pocos meses de la elección y sin hacerlo por un mínimo consenso. Es jugar sucio, violar las normas básicas de convivencia y ponen en riesgo el sistema democrático".

"La Argentina atraviesa una de las crisis más graves de su historia: inflación, pobreza, corrupción, violencia e inseguridad son las preocupaciones de la mayoría de los argentinos. El Gobierno sabe del descontento de las mayorías con su gestión y busca recurrir a toda trampa que esté a su alcance para intentar debilitar a la oposición", continuó el texto.

El comunicado añadió que "para eliminar las PASO, el oficialismo necesita el apoyo de otras fuerzas en el Congreso porque hoy no cuentan con votos propios para hacerlo. Por eso, es muy importante que la sociedad rechace y le reclame a los otros bloques no oficialistas que no le hagan el juego al gobierno kirchnerista dándole los votos que le faltan".

Durante el último mes, la versión sobre la intención del oficialismo de eliminar las Primarias fue desmentida por la vocera presidencial, Gabierla Cerruti, y por el jefe de Gabinete, Juan Manzur. Sin embargo, el tema se mantenía en la agenda pública por las denuncias de la oposición, que miraba con preocupación lo que ocurrió en varias provincias gobernadas por peronistas. Salta, Catamarca y San Juan ya avanzaron con las iniciativas de suspensión.