Dada la laicidad del Estado, “no puede imponerse ningún tipo de creencia por encima de las libertades democráticas que la Constitución Nacional y las constituciones provinciales sostienen”, afirmó a AIM Valeria Canoni, profesora de filosofía y militante feminista.  

Hace unas semanas, la vicepresidenta de la nación, Gabriela Michetti, vertió su perspectiva en las circunstancias que está permitida la interrupción embarazo según el Código Penal. Al respecto opinó que ella no permitiría el aborto ni siquiera en los casos de violaciones, porque, según su parecer, se pueden dar en adopción y las mujeres pueden hacer terapia por el dolor.

En 1921, el código penal ya autoriza la causal de violación para la interrupción de los embarazos. Además, en el fallo FAL, de 2012 ratifica las causales y pone énfasis en una interpretación ampliada de las causales que se relacionan con la salud de la mujer.

“La señora vicepresidenta no desconoce estos avances en la legislación argentina, solo persiste en desoírlos y poner sus creencias sobre la función pública que debe ejercer. Ella tiene el deber moral, de responder como funcionaria elegida democráticamente y no como creyente. La esfera de lo público y lo privado entran en contradicción, pero en ese dilema debe prevalecer su opinión como funcionaria del Estado. Se legisla, se ejerce una función para los ciudadanos argentinos, sin distinción de credos, origen o clases sociales”, dijo a esta Agencia Canoni.

En ese sentido, aclaró (más allá de la faceta jurídica), algunos nudos que se le atragantaron en la lectura de su opinión: “Por un lado, que los cambios en la legislación argentina fueron empujados por miles de militantes que en cada lugar pusieron su granito de arena para que los sectores conservadores, religiosos y oligárquicos no pusieran la letra más restrictiva en los códigos penales, ni procesales.

“Por otro lado, que en total desconocimiento de los tratados de Derechos Humanos que nuestro país firmó, se reconoce como tortura la imposición de llevar un embarazo no deseado a término por injerencia del Estado o de médicos que no cumplen con el artículo 86 del código penal”, apuntó.

Un tercero, pero no menos importante punto, es que, “dada la laicidad del Estado, no puede imponerse ningún tipo de creencia por encima de las libertades democráticas que la Constitución Nacional y las constituciones provinciales sostienen”, señaló.

Un cuarto punto, que consideró nodal es la carencia de empatía: “La falta de conocimiento acerca de la realidad de las mujeres, niños y niñas que diariamente son abusados sexualmente. Cuestiones que, ligadas estrechamente con la revictimización judicial a las que se ven sometidos, han tomado enormes esfuerzos por parte de distintos organismos de educación y salud para que sean desnaturalizados y denunciados”.

“Como sobreviviente de abuso sexual en la infancia, me siento realmente enojada por la impericia, la desfachatez con la que la señora Gabriela Michetti habla. La violación es un hecho espantoso, violento, que somete a una de las partes a la humillación, a la desaparición de la voluntad, a la renuncia del deseo. No se puede hablar ligeramente sobre una temática tan grave y a la vez tan frecuente en sociedades como las nuestras, signadas históricamente por el patriarcado y la crueldad religiosa que, a sangre y fuego sometió a nuestros pueblos originarios a adoptar el catolicismo como credo”, dijo.

“Hay millones de argumentos para esgrimir, pero creo que he sido suficientemente clara, porque queremos que se cumpla con la ley de Educación Sexual, porque necesitamos que el aborto sea legal para que dejen de morir niñas y mujeres víctimas de abortos clandestinos, el 8 de agosto, nuestros derechos se ampliarán y serán ley”, aseguró.