La Cámara de Diputados convirtió en ley la semana pasada la ratificación del Acuerdo Regional Escazú que promueve el acceso a la información y justicia en materia ambiental, la participación pública, y la defensa de los derechos humanos de quienes defienden al medio ambiente. La deforestación y el pedido por la sanción de una ley de humedales fueron mencionados por varios diputados.

La Cámara Baja dio tratamiento al proyecto de ley sobre la ratificación del Acuerdo Escazú proveniente de la Cámara Alta con media sanción y quedó aprobado por 240 votos positivos, cuatro negativos y dos abstenciones. Estuvieron presentes en el recinto jóvenes de diferentes organizaciones de la sociedad civil.

El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

En sesión
En la sesión de la Cámara de Diputados, el primer legislador en tomar la palabra fue Eduardo Valdés (FDT-Caba), quien remarcó la importancia del tratado que parte de la premisa de asegurar la protección del medioambiente y los derechos humanos en un modelo de desarrollo sostenible. “Su distintivo radica en que trata la temática ambiental desde la perspectiva de los derechos humanos”, explicó.

También hizo énfasis en la importancia del cuidado del medioambiente que representa un desafío para la Humanidad. Para finalizar, dijo que el acceso a la información ambiental permite a los individuos comprender en qué medida su deterioro y daño pueden menoscabar sus derechos.

A continuación, Leonardo Grosso (FDT-Buenos Aires), quien preside la Comisión de Ambiente, explicó que Argentina es el decimo país en ratificar el tratado y que aun falta un país más para su entrada en vigencia.

Sobre el tratado en sí, dijo que instala un “nuevo paradigma de democracia ambiental” en América Latina y que es ineludible “porque cada vez hay más muertos por defender al medioambiente; porque cada vez se avanza más sobre nuestros recursos naturales; y porque cada vez el mundo está al borde de un colapso ecológico”.

Sobre la evidencia del “colapse ecológico” mencionó que el Ipbes – Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services- afirma que más de un tercio de la superficie terrestre del mundo y el 75 por ciento del agua dulce se utilizan para la producción agrícola y ganadera.

A nivel nacional dijo que “durante la pandemia, se deforestó o desmontó una superficie equivalente a dos veces la ciudad de Buenos Aires y que, en los humedales, que tanta discusión han generado en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, se han prendido fuego 90.000 hectáreas”.

En la misma línea, sobre la crisis climática, se expidió Gabriela Cerruti (FDT-Caba). La diputada se preguntó si la situación, “que es tan radical, no requiere soluciones más radicales”.

Se preguntó si “¿vamos a homenajear a los bomberos y a los voluntarios y no vamos a preguntarnos quiénes son los que prenden fuego los humedales? (…) ¿no vamos a cuestionar seriamente si lo que está en crisis no es un modelo productivo que se basó en sacar todo lo que se pueda de la tierra”. En este sentido, se refirió a la discusión de la ley de humedales y la ley de bosques “teniendo en cuenta que Argentina es uno de los 10 países que más deforestaron en los 20 años” y la ley de educación ambiental que debe contemplar también a “gobiernos y corporaciones”.

Por su parte, Brenda Austin (UCR-Córdoba), vicepresidenta de la Comisión de Ambiente, aseguró que “se torna más imperioso que nunca que la única perspectiva posible que tenemos por delante es la del desarrollo sostenible y sustentable”. También se refirió a la ley de humedales: “debemos abrir los ojos y empezar a actuar. Es tiempo de que hagamos algo más que discursos. Es tiempo de que sancionemos leyes. Es tiempo de que revisemos nuestros marcos normativos y que los hagamos cumplir”. Por último, dijo que no es uno contra otros, sino entre todos, entendiendo que el único modo de revertir el estado de crisis es con la articulación de los actores que componen nuestra sociedad.

Sobre la ley de bosques también se expidió el mendocino Federico Zamarbide (UCR-Mendoza), quien o dijo que, si bien Argentina cuenta con una buena cantidad de leyes que protegen el ambiente y los recursos naturales, en muchos casos no se implementan como corresponden o directamente se incumplen, como ocurre con la Ley de Bosques. “Si bien todavía tenemos que mejorar mucho nuestra legislación en materia ambiental, el principal problema que se presenta para conservar los recursos naturales es la gestión. Se está hablando de modificar la Ley de Bosques y, en principio, habría una propuesta del gobierno para concretarla. Por supuesto estamos abiertos a ese proceso y vamos a mejorar la ley en lo que haga falta, pero pedimos que no nos distraigan”.

Sobre el tratado destacó dos principios de suma importancia en materia ambiental: el de no regresión y el de progresividad. Ambos ratifican la necesidad de ir avanzando paso a paso en materia de protección de derechos sin la posibilidad de volver atrás.

Sobre la importancia de la educación ambiental, también declaró Camila Crescimbeni (PRO-Buenos Aires), y recordó el proyecto de su autoría conocido como “Ley Yolanda” que propone la formación en materia de desarrollo sostenible y educación ambiental para los tres poderes del Estado, “a fin de que todos que los trabajamos en la función pública también tengamos esa concientización, acercamiento y mirada para que respecto de cada decisión que tomamos, ya sea pequeña o grande, consideremos cómo eso impacta, afecta y repercute sobre el medio ambiente”. Para finalizar, dijo que el ambiente tiene que estar en el centro de las consideraciones y que el desarrollo sostenible debe ser parte de la reactivación post pandemia.

Graciela Camaño (Consenso Federal-Buenos Aires), aseguró que el Acuerdo de Escazú es una política de Estado de los argentinos y también se refirió a la justicia: “es interesante revisar el proceso penal en la Argentina; hay un código que imputa delitos de primera generación, siendo que los delitos ambientales son los de cuarta generación”.

El diputado José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal-Mendoza) hizo hincapié en que “los privados no queden afuera de las obligaciones y que no sea solamente el Estado el que cargue con esta obligación”.

Después, Alma Sapag (MPN-Neuquén), habló de la importancia de la participación ciudadana ya que los instrumentos jurídicos y administrativos con los que se cuentan hoy en día “resultan insuficientes para garantizar el acceso a la información ambiental y así lograr una verdadera participación social en los proyectos de desarrollo”.

El pampeano Hernán Pérez Araujo (FDT-La Pampa) categorizó a la política ambiental como un camino que tenga como norte la eliminación de la “falsa dicotomía entre la defensa del medio ambiente y el desarrollo económico. Ambos, evidentemente, deben ir de la mano en esta nueva democracia ambiental que todos queremos”. En este sentido acentuó la necesidad de que la Cámara debata y logre el consenso necesario para la sanción de una ley de humedales, y recordó dos medias sanciones muy importantes como fueron las normas que contemplan el principio in dubio pro aqua e in dubio pro natura.

Gabriel Frizza (PRO-Córdoba) recordó su proyecto de ley presentado en 2018 “que habla sobre los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la Justicia por cuestiones ambientales y que pronto estaré insistiendo en la comisión para que empecemos a debatirlo”.

Posteriormente, Karina Banfi (UCR-Buenos Aires) especificó que, al hablar de derecho ambiental, “nos estamos refiriendo a los derechos humanos” e hizo un llamado de atención a “actuar ahora ya que es un momento trascendente en la historia del derecho ambiental”.

Después, Diego Mestre (UCR-Córdoba) dijo que está convencido de que desde el Congreso de la Nación se deben impulsar herramientas que permitan conciliar lo económico, lo social, pero fundamentalmente lo ambiental y aprovechó la oportunidad para hacer referencia al “principio de consumo sustentable” presentado en el nuevo Código de Defensa del Consumidor que se presentó junto al diputado Cornejo.

El representante de Lilita Carrió, Maximiliano Ferraro (CC ARI-Caba) expresó: “Escazú nos interpela a dejar de cuestionar el vínculo entre las actividades humanas y el impacto en los ecosistemas. Este engranaje es real y, como tal, debemos poder diseñar herramientas adecuadas para que, de forma informada y con participación de las comunidades locales, desde los gobiernos se puedan priorizar y promover aquellas actividades sustentables que no pongan en peligro los ecosistemas y los servicios que nos prestan para nuestra vida y nuestro desarrollo”.

¿Quiénes votaron negativamente?

Votaron en contra los opositores Gustavo Hein (PRO-Entre Ríos); Carla Piccolomini (PRO-Buenos Aires); Francisco Sánchez (PRO-Neuquén) y Pablo Torello (PRO-Buenos Aires).

Las abstenciones

Su par Romina del Plá (FDZ-Buenos Aires), justificó que “con la aprobación de este acuerdo no se avanzará ni un milímetro en la real protección del ambiente. Entiendo que para lograrlo debemos reforzar la organización y la movilización independiente de los Estados y de las empresas que con la producción capitalista liquidan el ambiente que efectivamente es propiedad de los que lo habitamos”.

El otro legislador que se abstuvo de votar fue Alfredo Schiavoni (PRO-Misiones).