El bloque de diputados nacionales del PRO elaboró un paquete de cinco proyectos de ley para amortiguar el efecto negativo que la emergencia sanitaria y económica provoca en aquellos sectores aún fuera de los alcances de las medidas anunciadas por el gobierno nacional. Los aportes se inscriben dentro de la posición colaborativa que ha asumido la bancada opositora ante el coronavirus y comunicada al titular de la Cámara baja, Sergio Massa.

La iniciativa apunta a complementar las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo en las últimas horas, apoyar a los trabajadores independientes y las empresas particularmente afectadas por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Los cinco proyectos de ley son de carácter extraordinario y su vigencia se formaliza en el plazo en el que rija el Aislamiento Obligatorio y tres meses a partir de la finalización del mismo para permitir la recuperación económica de los argentinos.

En materia tributaria, entre otras medidas, el Pro propone aliviar la carga tributaria de trabajadores independientes, MiPyMES y empresas en general afectadas por las restricciones decretadas. En este sentido, el proyecto que presentarán prevé:

-A los monotributistas de todas las categorías se los eximirá del impuesto durante los meses de abril, mayo y junio bajo el entendimiento de que constituyen uno de los grupos de trabajadores más afectados por las restricciones decretadas y representan en su conjunto, menos del uno por ciento de la recaudación total de Afip.

-A los autónomos, empresas y otros contribuyentes no considerados “esenciales”, junto con los contribuyentes de “sectores esenciales” que acrediten una reducción en sus ingresos del 30 por ciento en los últimos seis meses, se los liberará del cómputo de los intereses por mora de todos los impuestos nacionales facilitándoles un plan de pagos de al menos 24 cuotas para el repago del capital, una vez finalizada la emergencia. Esta medida va acompañada de la suspensión por 180 días de las ejecuciones fiscales. Por último, se permitirá la reducción de anticipos de ganancias a partir del próximo vencimiento de la obligación.

-A los argentinos “varados” en el exterior, se les deberá devolver el impuesto “Pais” abonado durante su permanencia involuntaria en el exterior.

En materia crediticia, se declara a los servicios bancarios como “servicio esencial” -por tanto, exceptuado de las restricciones- y se plantea la reforma de manera transitoria de la Carta Orgánica del Banco Central para que los bancos puedan ofrecer por cuenta y orden directa del Central dos líneas de crédito destinadas al sostenimiento del empleo y la normalización de la cadena de pagos. En materia de empleo, los créditos se otorgarán por un monto equivalente a 20.000 pesos por trabajador, estarán garantizados por el Central y tendrán como destinatarios a los empleadores que acrediten una reducción de ingresos superior al 30 por ciento en términos reales en los últimos seis meses. Las condiciones estarán fijadas por el Banco Central y tendrán un período de gracias no inferior a 6 meses. Para normalizar la cadena de pagos se propicia la refinanciación automática de los cheques impagos entre el 19 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2020.

En materia laboral, se amplía el Programa Repro a los efectos de asistir a todos los empleadores que demuestren una reducción sustancial en sus ingresos superior al 30% en términos reales del promedio de los últimos seis meses. Asimismo, se eleva la ayuda económica mensual hasta mayo de un monto equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles por seis meses. La iniciativa impulsa, también, extender por el “ingreso familiar de emergencia” de 10.000 pesos durante los meses de abril, mayo y junio. También se propicia la suspensión de emergencia de aportes solidarios y sindicales hasta 90 días luego de finalizado el período de Aislamiento Obligatorio y la suspensión del pago de cotizaciones de ART por el término de las restricciones para aquellos trabajadores afectados.

En materia tarifaria y servicios públicos, se pone el foco en trabajadores autónomos, monotributistas y MiPYMes, ampliando los sujetos sobre los que se prohíbe el corte de los servicios públicos por el plazo que se mantenga la emergencia. Respecto de las deudas acumuladas, se impulsa un prorrateo de seis meses con una tasa no superior al 20 por ciento anual.

Finalmente, en materia de austeridad fiscal del Estado nacional, se impulsa una reducción del 30 por ciento de los salarios de los tres poderes del Estados de los funcionarios con altos ingresos, durante el tiempo de duración de la cuarentena, prorrogable por tres meses. La medida afectaría el recorte a funcionarios de organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas públicas y otros entes públicos nacionales. Por otra parte, se promueve la reducción del 25 por ciento de los rubros del Presupuesto Nacional destinados a actividades que no estén vinculadas directa o indirectamente a la crisis sanitaria.