El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley que modificará el Código Fiscal. La Legislatura delegaría sus facultades para que Economía adecúe anualmente los valores de los distintos tipos de operaciones. Además, pretende darle mayor poder de policía a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (Ater). También, buscaría prorrogar la implementación acabada del Pacto Fiscal, confirmó AIM.

El largo texto que ingresó al hemiciclo en la última sesión de la Cámara Baja pasó a comisión junto al Presupuesto 2021 y sería tratado rápidamente por el oficialismo, ya que los legisladores (diputados y senadores) se comprometieron a sacar entre gallos y media noche las iniciativas impulsadas por el gobernador Gustavo Bordet.

El ingreso de la reforma del Código Fiscal pasó inadvertido, pero es un tema vertebral para las finanzas de una provincia sumida en una profunda crisis, ante el aumento de los incumplimientos tributarios producto de la profundización del terremoto económico y social que vive el país y el mundo.

El proyecto ingresado no fundamenta a los legisladores su necesidad (como establece el reglamento de la Cámara de Diputados), simplemente descarga 78 artículos de fondo y uno de forma que implicarán cambios trascendentales para los actores de la economía de la provincia.

Entre las modificaciones que se impulsan, se encuentra la delegación de facultades de la Legislatura para fijar impuestos. Precisamente, el artículo 77 vuelve a autorizar al Ejecutivo “a adecuar anualmente valores o importes para los diferentes tipos de operaciones”.

Además, el gobierno busca aumentar (dotando de distintas herramientas) el poder de policía de la Ater, para garantizar coacción sobre los contribuyentes que tributan en Entre Ríos.

Por otro lado, el texto prorrogaría, nuevamente, las metas del Pacto Fiscal, que tendía a reducir la presión fiscal. Los Ingresos Brutos son considerados impuestos distorsivos que el gobierno de Bordet se había comprometido a suprimir en la gestión de Mauricio Macri, pero Alberto Fernández autorizó a dilatar la eliminación del gravamen.

Si la propuesta del Ejecutivo logra el consenso necesario tendría rápido tratamiento en las Cámaras y entraría en vigencia el 1 de enero de 2021.