Nadie habla ya de del informe Mc Bride. La comunicación como derecho humano es ignorada por el Gobierno de Mauricio Macri, que promueve diariamente (con pautas millonarias) y normas oscuras y maliciosas la concentración excesiva en la producción y distribución de contenidos.  Por Renzo Righelato *

El vaciamiento de los medios de comunicación del Estado es sistemático (estrategia que también se aplica a la salud y la educación) y el ahogo a las pequeñas empresas de comunicación es sustancial, en un proyecto político que apuesta a la polarización en grandes medios de comunicación que realizan ditirambos al Gobierno.

El Ejecutivo nacional -comandando por condotieros de los granes grupos económicos- primero derogó la Ley Medios, una norma hecha a medias por el kirchnerismo, que representaba un pequeño avance en la discusión sobre la concentración de la producción y distribución de contenidos.  Luego, fue por las FM  de las AM, que no lograron generar una propuesta superadora “a la bolsa de empleos”, pero tampoco fueron consideradas como espacios culturales y de identificación local.  También, asaltaron la Televisión Digital Abierta (TDA), Arpeggio y Paka-Paka. Ahora vacían Télam, las AM en cada una de las provincias y la Televisión Pública, mientras el Senado de la Nación debate la llamada Ley corta  (a favor del Grupo Clarín).

El Gobierno de Mauricio Macri se diferencia del kirchnerismo en la forma de control de la información, pero el espíritu anti-democrático es el mismo; en vez de expandir los medios Estatales (que habían sido copados por el periodismo militante) y fomentar radios y boletines comunitarios o privadas que se sentían deudores del Gobierno kirchnerista por lo que devenían en sicofantes, el ministro de Medios Públicos, Hernán Lombardi, apuesta a los grupos concentrados de multimedios como Clarín y La Nación.

En contraposición al informe  MacBride Un solo mundo, voces múltiples -aprobado en la sesión anual que la Conferencia General de la Unesco (1980)- que promovía  un nuevo orden mundial de la información, el Gobierno de Macri otorga el cuarto poder a unos pocos poderosos, que no sólo producen los contenidos, sino que, también,  son propietarios de las empresas de distribución.

La resolución de la Unesco se pronunciaba en contra de “los efectos negativos que para la información suponen ciertos monopolios y concentraciones excesivas”, pero al “restaurador” de la República (Macri) y sus aliados no le importa la opinión de los demás (isegoría) y la democratización de la producción de contenidos y su distribución.

El ajuste no es sólo despidos. En comunicación, salud y educación  el ajuste implica un profundo debate sobre  qué rol debe ocupar el Estado. La destrucción de la educación pública, la salud y los medios de comunicación públicos (y pequeños medios) tiende a la concentración en manos de grandes empresarios que no les importa la democracia, la igualdad, la formación, ni la libertad.

Si pensamos la comunicación social como un herramienta de la ilustración y su programa que atraviesa todos los campos, podemos decir que por ella se difunden ideas políticas, científicas y educativas; se promueven buenos usos; se genera crítica y se puede avanzar en proyectos comunitarios emancipadores. Pero hay que ser conscientes que la comunicación social con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics) son un arma, ya que controlan pautas de consumo, se manipula el pensamiento de las masas y, ahora también, se vigila –por medios digitales- a los ciudadanos.

Los repudiables despidos sólo son un síntoma de un programa más nefasto que nos debe forzar a los comunicadores sociales críticos a abrir un profundo debate sobre qué es lo mejor para la democracia y la libertad.

*Renzo Righelato, director periodístico de AIM.