Será en el marco de una sesión maratónica que se iniciará pasado el mediodía del martes y que será precedida por un debate en el que el oficialismo se mostró muy dispuesto a hacer modificaciones al proyecto original

La Cámara de Diputados debatirá esta semana el proyecto de Presupuesto 2023, con el respaldo de los legisladores del oficialismo y de bloques provinciales. De esta manera, busca otorgarle media sanción a la ley de leyes y, así, girarla al Senado para su sanción definitiva.

La iniciativa tiene como característica una búsqueda de reducción del déficit fiscal y, a la vez, contempla la mayor parte de sus recursos para gastos sociales.

La convocatoria se difundió el jueves pasado, luego de la última reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la que se firmó el dictamen correspondiente, que contó con las firmas de los representantes del oficialismo, el aliado habitual Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionera) y, con disidencias, el cordobés Ignacio García Aresca.

Juntos por el Cambio no acompañó el dictamen, lo cual no implica que no vayan a votar sus miembros -o algunos de ellos- a favor al menos en la votación en general. Eso sucederá en la madrugada, o ya entrada la mañana del miércoles, pues lo que a priori se ha establecido es que el debate se realice sin pasar a un cuarto intermedio a las 12 de la noche del primer día de discusión, tal cual la propuesta del diputado radical mendocino Julio Cobos. Si bien esta propuesta encuentra beneplácito en la mayoría de los legisladores -incluidos los del Frente de Todos-, está prevaleciendo la tradición y, sobre todo, la precaución en el seno del oficialismo respecto de evitar sorpresas a la hora de mantener el quórum.

Cualquier decisión en contrario al mantenimiento de la modalidad habitual debería resolverse en la reunión de Labor Parlamentaria, que será a partir de las 11 del martes.

Uno de los puntos incorporados por el oficialismo en las últimas jornadas al proyecto enviado por el Ejecutivo es la eliminación de la exención en el pago del impuesto a las Ganancias que tienen los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial, lo que permitiría sumar $237.000 millones a las arcas públicas.

Sin abandonar el estado de alerta, la Justicia apuesta a que el artículo incorporado por el kirchnerismo al proyecto de la ley de presupuesto que obliga a pagar Ganancias a todos los jueces se caiga el martes por la falta de apoyo de la oposición.

La disposición es enmarcada por muchos en la pelea que mantiene el oficialismo con la Justicia en general y la Corte Suprema en particular, que es la que tendrá que terminar resolviendo a partir de los planteos que surgirán en la materia. También genera una situación incómoda en el seno de la principal oposición, donde muchas voces se han alzado apoyando esta medida, pero otras, como la de Pablo Tonelli (Pro), se han anticipado contrarias. Se verá la decisión que adopte a la hora de la votación en particular el espacio opositor, pero muchos insistían este fin de semana en la “endeblez” que supondría imponer una norma definitiva a través de un proyecto que tiene validez anual.

Los votos
Según los últimos conteos, el oficialismo tendría garantizada la aprobación debido a que cuenta con 117 legisladores del FdT, 8 del Interbloque Federal, 4 de Provincias Unidas, 1 del Movimiento Popular Neuquino, y espera sumar dos de la bancada Ser, con lo que tiene asegurado más de 130 votos.

A esto se podría agregar el grueso de Juntos por el Cambio, que discutirá este lunes si votan en general, como propone la UCR y Evolución Radical; o si se abstienen, como prefiere la mayoría del Pro y la Coalición Cívica, aunque en un principio la idea de estos últimos es pronunciarse en contra.

La decisión se tomará luego de analizar algunos cambios que se están introduciendo en el dictamen durante este fin de semana, según señalaron a Télam fuentes parlamentarias opositoras.

Uno de los cambios fue eliminar la posibilidad de cobrar un extra del 15 por ciento en el monto que abonan los trabajadores registrados que cuentan con obras sociales prepagas, una cuestión que se barajó en los días previos.

Uno de los temas que monopolizó el debate de las últimas semanas -que fue conducido por el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller- fueron las previsiones sobre el incremento de precios del corriente año, ya que hasta septiembre lleva acumulado una suba del 66,1 por ciento y en los últimos doce meses suma 83 por ciento, con lo cual desde la oposición creen que no se podrá cumplir con el objetivo del 90 por ciento fijado en la iniciativa.

Para ello, el proyecto establece además una “cláusula gatillo” sugerida desde la oposición por el tema de la inflación calculada para el año entrante, del 60 por ciento. Se estableció en el artículo 138 que “si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10 por ciento la meta anual establecida en la presente ley, o si los ingresos del Sector Público Nacional superaran en un 10 por ciento los previstos para el período acumulado, el Poder Ejecutivo nacional enviará una Ley Complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la Administración Pública Nacional (APN) y el plan de gastos para el cuarto trimestre”.

“El proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo nacional ampliar el presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso”, puntualiza el texto aceptado por el oficialismo.

En cambio algo que no fue aceptado, pero que la oposición insistirá hasta último momento en modificar -y en última instancia buscará “voltear” en la votación en particular- es el tema de las retenciones, más puntualmente la posibilidad del Ejecutivo de modificarlas hacia arriba.

Proceso
El tratamiento del Presupuesto llegará al recinto de la Cámara baja luego de haber tenido una ronda de consultas donde participaron nueve ministros y más de 20 funcionarios del Poder Ejecutivo, y tras cuatro jornadas de análisis de los legisladores donde se introdujeron alrededor de 30 cambios respecto del proyecto original.

Los cambios fueron consensuados entre el ministro de Economía, Sergio Massa; la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau; el jefe de la bancada del FdT, Germán Martínez; la secretaria parlamentaria del bloque y miembro de La Cámpora, Paula Pennaca; el equipo económico y los senadores nacionales oficialistas.

Los principales puntos del Presupuesto 2023
De todos modos, el proyecto diseñado por el Ministerio de Economía mantiene todas las variables macroeconómicas -que son el corazón del texto-: prevé un crecimiento de la economía del 2 por ciento en 2023, un dólar promedio de 219 pesos, un descenso del déficit fiscal del 2,5 al 1,9 por ciento y una pauta inflacionaria del 60 por ciento.

El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.