Tras la escandalosa suspensión de la final de la Copa Libertadores de América entre River Plate y Boca Juniors, el Gobierno buscó una salida y anunció que volverá a impulsar en el Congreso el debate sobre el combate a las barrabravas. Será a través de un proyecto que enviará el Poder Ejecutivo en las próximas horas, a modo de reedición de un texto que ingresó en 2016 y en el mes de febrero perdió estado parlamentario. Así las cosas, deberán convocar a sesiones extraordinarias, ya que este viernes culmina el periodo legislativo.

La iniciativa ingresará por la Cámara de Diputados, según confirmó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. Cambiemos buscará agilizar el debate, que podría arrancar la primera semana de diciembre -posiblemente el jueves 6-, una vez que el presidente Mauricio Macri oficialice la convocatoria a sesiones extraordinarias.

El viejo proyecto del Ejecutivo ingresó al Senado el 10 de agosto de 2016, y dos meses después la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindó detalles en una reunión informativa de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; Seguridad Interior y Narcotráfico; y Deporte. Sin embargo, el tema nunca volvió a discutirse.

“Fue un proyecto que no activaron mucho. No se planteó como un eje central”, recordó el jefe del interbloque peronista, Miguel Pichetto, y agregó: “Es un tema que tiene que ver con la seguridad interior, con las organizaciones delictivas y con la ineficacia policial. No es un tema de estatutos deportivos o de buena conducta en las canchas”.

El titular del bloque Justicialista insistió: “Si le quieren echar la culpa al Congreso, háganlo, pero el problema es mucho más complejo. Destruimos a la Policía Federal para crear una Policía de menor cuantía… si gana la Argentina narco, estamos liquidados como sociedad, transitando un largo desfiladero hacia la decadencia”.

El texto que perdió vigencia en el Senado, de 26 artículos, instrumenta un régimen penal especial para espectáculos futbolísticos. “Nuestro objetivo es desfinanciar a las barrabravas y desarticular sus negocios ilícitos, los cuales se nutren de este deporte”, había asegurado la ministra Bullrich durante la presentación.

Uno de los puntos principales es que será el Estado el que maneje el derecho de admisión, en lugar de los clubes. Además, se establecen penas de prisión de entre dos y ocho años para quienes cometan un delito agrupados bajo la forma de barrabravas -grupos de tres personas o más que cometan delitos vinculados al espectáculo deportivo-.

Para “los fundadores, cabecillas, jefes, organizadores o quienes hayan contribuido a la financiación de dichos grupos y para todo aquel que, interviniendo de cualquier otro modo obtuviere provecho o utilidad personal o económica producto de la actividad del grupo”, el mínimo de la pena será de cuatro años de prisión.

A su vez se propende al desfinanciamiento de los barrabravas, se incrementan las penas y se tipifican nuevos delitos, como la reventa de entradas -sancionada con prisión de un mes a un año- y la venta de entradas falsas -con prisión de dos a ocho años-.

Aquel que permita el ingreso al estadio de personas sin la correspondiente entrada o la debida acreditación será reprimido, de acuerdo al proyecto que volverá a enviar el Ejecutivo, con prisión de uno a seis meses; y si se facilita el ingreso de barrabravas, la pena será de seis meses a dos años de prisión.

Por otra parte, debido a la connivencia que existe entre los dirigentes de los clubes de fútbol y los integrantes de las barras, dichas instituciones serán sancionadas mediante la aplicación de una multa en caso de detectarse este tipo de actividades ilícitas. Asimismo, habrá una inhabilitación a funcionarios por el doble de tiempo de la condena penal para ejercer cargos públicos.

Se incorporarán además algunas figuras, como el juicio abreviado hasta el momento de la acusación; y la figura del arrepentido, con la cual el imputado podrá acceder a beneficios procesales si brinda información veraz y colabora con la investigación.

Otro tema tiene que ver con los cuidacoches o “trapitos” diseminados en las inmediaciones del estadio: el proyecto que el Gobierno impulsó en 2016 proponía prisión de uno a seis meses.