Desde la Asamblea Extraordinaria de Psicología, conformada por estudiantes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), se emitió un comunicado en rechazo a la Resolución 1.254/2018 que dispone, entre otras cosas, el achicamiento en el alcance de muchos títulos de grado. Giuliana Ragone, estudiante e integrante de Indignadxs, contó a AIM que esta norma “intenta sacar al psicólogo de los barrios, de las cárceles y de muchos otros lugares donde se trabaja en derechos humanos”. También denunció la falta de apoyo por parte de los directivos y varios profesores de la institución educativa.
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La Resolución 1.254 fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación el pasado 5 de mayo y, entre otras cosas, limita el campo de acción de muchas carreras de grado. En el área de psicología, por caso, postula un achicamiento significativo donde, de 16 actividades que hoy contempla la profesión, solo quedarían cinco.
En este marco, el comunicado de la Asamblea Extraordinaria de Psicología denuncia que “limitar las áreas de competencia profesional generará títulos de grado devaluados e incentivará a pagar posgrados para completar una formación que amplíe la inserción laboral”.
“Se está ante un intento de mercantilización de la educación y de vaciamiento de la formación”, explicó por su parte Ragone, alertando que “si bien la resolución no afecta la currícula actual, habilita a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), a realizar recortes en el plan de estudio”.
“Esto dejará al profesional sin una formación fundamental, porque gran parte de lo aprendido no es para ser aplicado en el ámbito privado, ni entre cuatro paredes, sino para conformar sujetos activos que puedan razonar en pos de la transformación social”, explicó.
En tanto, las áreas más perjudicadas serían las relacionadas al campo socio-comunitario: “Se intenta sacar al psicólogo de los barrios, de las cárceles y de muchos otros lugares que trabajan en derechos humanos”, precisó Ragone, y recordó que son espacios que en su momento fueron conquistados por el área de salud mental. "Volver a quedarse sin la posibilidad de trabajar en ellos sería un grave retroceso”, sostuvo.
Directivos inactivos
Ragone también cuestionó tanto la pasividad de la Comisión Directiva de la Uader, quienes no concertaron una reunión para tratar el tema, como el rol desempeñado por algunos profesores “que están llamando a la tranquilidad”.
“Hay necesidad de información, y muchos profesionales aprovechan este falta de conocimiento para decir que la Resolución todavía no perjudica a la profesión”, dijo la estudiante. En este sentido, analizó que “resulta bastante ingenuo creer que es una situación que no se va a profundizar, porque se trata de un plan de vaciamiento de las universidades y mercantilización de la formación”.
Por este motivo, “desde el área de socio-comunitaria se organizó una clase pública para profundizar la temática, donde al final de la misma se concluyó que se está transitando un intento de recorte, y que no es casualidad que se dé en el contexto de un país dirigido por un gobierno neoliberal”.
Lucha conjunta
Finalmente, Ragone comentó que el plan de acción de la asamblea continuará esta semana, “cuando se confluya en la lucha con compañeros de la Facultad de Ciencias de la Educación, quienes realizarán una asamblea interclaustro el martes”.
“También se adherirá a la marcha de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), a realizarse el viernes, donde uno de los reclamos será la derogación de la Resolución 1.254“, agregó.
“Si quieren sacar las conquistas, va a tener que responderse con lucha, presión y organización”, finalizó Ragone.