En una reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Agricultura, Ganadería y Pesca, los senadores recibieron a referentes académicos, ambientalistas y del sector productivo, entre ellos autoridades del Inta, que expresaron su opinión sobre una Ley Nacional de Humedales.

Mientras Diputados avanza con jornadas informativas con una batería de proyectos de ley que siguen ingresando, en la Cámara Alta comienzan a reactivarse las jornadas con especialistas, con tres proyectos en agenda, impulsados desde todos los bloques.

Gladys González (PRO-Buenos Aires), titular de la Comisión de Ambiente de Senado, se refirió a los proyectos y las jornadas informativas que se están realizando en ambas Cámaras y se mostró auspiciosa de poder contar con una ley. “La Ley de Humedales se ha puesto en agenda en virtud de la pandemia incendiaria que hemos sufrido, pero forma parte de la agenda legislativa desde hace muchísimos años y esperamos este año terminar de consensuar y sancionarla», introdujo.

Desde el Inta, Gerardo Mujica, asesor en Gestión de la Innovación se refirió al proyecto nacional de humedales, abordado por 90 expertos, y señaló que “muchas veces se ve al productor individual, pero no al sistema económico productivo que hay detrás”, donde la producción en esas zonas se basa en el aprovisionamiento de agua, madera, pero también aporta a la cultura y el folclore de quienes residen ahí.

“Los problemas no se pueden generalizar a partir de los problemas puntuales del Delta ya sea por incendios o inmobiliarios”, precisó el ingeniero y señaló la falta de un diagnóstico previo.

Yendo al detalle, Mujica dijo que, dependiendo de la definición que se tome, la ley puede alcanzar más de 30 millones de hectáreas del territorio nacional, o 12 millones, según la definición del Cofema. “Van a quedar pegadas siete cadenas agroalimentarias e industriales nacionales: carne, hortalizas, lana, especies, forestales, granos, etc. y unas docenas de economías regionales dependiendo de aguas de deshielo y ríos de llanura. También decenas de sistemas productivos agropecuarios que se basan en la actividad primaria y manejo de agua de riego y almacenaje”, detalló.

A continuación, solicitó se preste atención a las multas y moratorias y que la ley no afecte actividades contempladas en programas provinciales y nacionales de fomento agropecuario. También señalo que el espíritu de la ley “no tiene que ser punitivo o restrictivo en cuanto a lo productivo, debe promover una agricultura sostenible e inclusiva”, pero primero se debe contar con la tecnología apropiada y pidió se considere el desarrollo de esas nuevas tecnologías.

José Volante, coordinador de Recursos Naturales de Inta señaló que los 12 proyectos en agenda del Congreso se refieren a ecosistemas, que es diferente al abordaje que promueve el Inta, que promueve una normativa de ordenamiento territorial donde se aborde el socio-ecosistema, que introduce a los actores sociales, entre ellos, los productores agropecuarios.

El referente del Inta retomó el proyecto Humedales -al que se refirió Mujica también- que está avanzando en la realización de un mapa de localización de los humedales y los ecosistemas asociados y que, también, busca entender los usos de los territorios, para trabajar sobre guías de Buenas Prácticas de Aplicación.

También estuvo presente el diputado nacional e ingeniero agrónomo, Jorge Vara (UCR-Corrientes), quien no se refirió a su iniciativa impulsada en la Cámara Baja sino que precisó algunos puntos que debe contemplar la legislación: el reconocimiento de legislación actual y convenios internacionales, como la Convención Ramsar -aunque reconoció que se trata de una definición incompleta- y el ordenamiento territorial como primer insumo.

Con respecto a la definición, dijo que, si se contemplan los rasgos hidromorfismo, 60 millones de hectáreas se verían afectadas por los humedales, con el riesgo de que un cuarto de ellas sería considerada categoría roja -intangibles- y amarillo -producción con restricciones-

A modo de ejemplo, el diputado precisó diferentes zonas del país que se verían alcanzadas por los humedales: Buenos Aires, Corrientes – el 70 por ciento del territorio-, el Delta, Norte Santa Fe, Jujuy, Mendoza, San Juan, Rio Negro, Neuquen, Chaco y Formosa ya que la definición alcanza los mallines, salinas, turberas y bajos submeridionales. Por ultimo sentenció: «Los humedales están siendo amenazados en el mundo. Nos están queriendo hacer pagar pasivos ambientales generados en el hemisferio norte».

A su turno, Javier García Espil, ex director nacional de Gestión del Agua y Ecosistemas Acuáticos del ministerio de Ambiente se refirió a los ambientes de humedales, “que no es solo el Delta del Paraná”, que proveen servicios ecosistémicos, sostienen producciones y economías regionales. Para derribar temores, agregó que “la ley busca ordenar el territorio y no prohibir actividades”.

Compensación
“Esta no es una ley que pretenda inmovilizar el territorio sino lo que busca a favor de preservar los beneficios de los humedales”, concluyó.

Marco Vermaasen, coordinador de políticas del Programa Corredor Azul de Wetlands International y de Fundación Humedales bregó por una ley que apunte a la conservación de los humedales, con áreas preservadas, otras aprovechadas con uso sostenible y una zona de restauración, que promueva y planifique el desarrollo sostenible, el reconocimiento de los límites de la naturaleza y la adaptación de la producción hacia practicas sustentables.

Con respecto a la definición, señaló que Ramsar es una enumeración de ambientes que no permite distinguir humedales de otros ecosistemas, y propuso la definición del inventario de humedales basada en la presencia temporaria permanente de agua, con biota adaptada y suelos hídricos o sustrato con rasgo de hidromorfismo.

También precisó que la iniciativa proponga al ministerio de Ambiente como Autoridad de Aplicación Nacional y que las Provincias designen sus autoridades competentes, con articulación entre ministerios. El expositor sumo que el proyecto contemple un ordenamiento territorial equilibrado, que considere los servicios ecosistémicos, la ecología del paisaje, estudios de impacto ambiental y una moratoria.

Jose Jacosen, productor del Delta -forestal y ganadero- y Presidente de la Cooperativa Paranacito cuestionó la necesidad de una Ley Nacional de humedales, “ya que no permitiría seguir produciendo”. También se refirió a las quemas y señaló que deben atenderse por otra ley, desligando al sector agropecuario de los incendios. “Cada isleño es un guardabosque”, concluyó.

Laura Prol, del Taller Ecologista de Rosario, abogó por la sanción de la ley y señaló que no se trata de una “Ley anti producción”, que busca mantener las condiciones naturales en las que se basan las actividades, pero manteniendo la dinámica hidrológica. “Si la producción resguarda la integridad ecológica no debería prohibirse”, dijo.

El ingeniero en Recursos Hídricos, Luis Antonio Traba, se refirió a la gobernanza del territorio, la gestión integrada de las cuencas y propuso un plan de manejo para cada caso, gestionado con actores locales.

Desde el Consejo Hídrico Federal, Betina Laurenzano, geóloga y coordinadora de aguas subterráneas, se refirió a la relación transversal entre agua y ambiente y defendió la iniciativa impulsada desde ese organismo. Según el proyecto, se sugiere la definición del Cofema, exceptuando los rasgos de hidromorfismo, con la posibilidad de que cada jurisdicción pueda definir otros rasgos distintivos. “Nadie dice que no se va a poder hacer nada”, dijo la especialista.

Para terminar, propuso un inventario nacional, establecer los usos de los humedales, el ordenamiento territorial posterior a la realización del inventario, desestimó la moratoria -consideró que existe legislación que permite garantizar la sustentabilidad- y propuso el principio de progresividad.

La palabra de los senadores

La senadora Silvia Giacoppo (UCR-Jujuy) adelantó que presentó un proyecto de ley de humedales que equilibra el cuidado del ambiente y producción y se mostró preocupada por la posibilidad que las reservas de litio sean afectadas por la Ley.

A su turno, el chaqueño Victor Zimmerman (UCR) planteó un interrogante: cuál sería la Autoridad de aplicación para lograr una ley aplicable. Propuso tomar el punto, abordar la regionalización o la creación de un Consejo Federal.

El titular de la comisión de Agricultura, Adolfo Rodriguez Saa (FDT-San Luis), planteó la necesidad de lograr que las leyes se cumplan, preservando y conservando los humedales, y contemplando la producción, a través de la regulación de las Buenas Prácticas Agropecuarias.

Para terminar, Alfredo de Angeli (PRO-Entre Ríos) reconoció que fue una jornada muy productiva, donde se escucharon todas las voces.

Por Fundación Barbechando, especial para AIM