En una reunión que se extendió por un poco más de ocho horas, la Comisión de Juicio Político, presidida por la oficialista Carolina Gaillard, realizó este jueves la primera audiencia con la participación de testigos, en el marco de la etapa de recolección de pruebas del proceso de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Desde el oficialismo pidieron citar a declarar al fiscal Carlos Stornelli -por su dictamen en la causa de los chats entre Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles-, y a la fiscal María Laura Roteta.

Gaillard anunció que el próximo jueves 2 de marzo a las 13 citarán a una reunión de asesores donde “pueden participar cada uno de los diputados a modo de definir cuestiones procedimentales y mañana van a ser librados los oficios referidos a la prueba que ha sido ofrecida”.

Además, informó que continuarán con las audiencias testimoniales el martes 7 de marzo a las 13, a la que están citados Stornelli y Roteta, y aclaró que “no van a ser más de cuatro o cinco testigos” con el objetivo de “no dilatar tanto la audiencia como ocurrió hoy para que sea algo productivo y poder llevar con lucidez la jornada”.

Los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos quienes, con diferente criterio, intervinieron en denuncias sobre los chats filtrados del teléfono del ministro de Justicia y Seguridad porteño -con licencia- D’Alessandro, donde hay presuntas conversaciones con Robles, mano derecha de Rosatti, en referencia al fallo por la coparticipación de la Ciudad, son uno de los ejes principales donde pone el foco el oficialismo.

El primer testigo en la reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en el marco del proceso contra los miembros de la Corte Suprema, fue el juez federal Sebastián Ramos, quien negó vínculos con Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, al tiempo que defendió el dictamen del fiscal Carlos Stornelli para archivar una denuncia contra ambos por la filtración de chats.

El magistrado fue sometido a preguntas de diputados del Frente de Todos, entre los que comenzó Rodolfo Tailhade, y respondió a casi todos los interrogantes pidiendo “dispensarse”. “Las referencias o aclaraciones me imposibilitan, desde mi punto de vista funcional, modificar alguna palabra o algún concepto que haya sido expresado en esa resolución”, dijo sobre la decisión de dar por cerrada la causa.

En segunda instancia, fue el turno del juez Alejo Ramos Padilla, quien entre tantas interrupciones mencionó que hubo procesos judiciales basados en pruebas recopiladas por el espionaje, por lo que dijo que los chats filtrados entre Robles y D’Alessandro “deben ser ratificados como válidos”.

El oficialista Leopoldo Moreau indagó a Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración, sobre una inundación que afectó la documentación en el despacho de Silvio Robles.

“En el mes de enero hubo una inundación que no fue en la vocalía de Rosatti, sino que fue en un piso superior y que el agua llegó hasta planta baja no solamente al cuarto piso. Esa inundación afectó al despacho de Robles, fue en el mes de enero”. Por otro lado, Romero desconoció saber la existencia de un chat en el que participan jueces y funcionarios y ministros.

Luego fue el turno de Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N°5, actualmente inexistente en el organigrama de la Corte Suprema, a quien Moreau le solicitó que explique el ingreso, asignación y circulación de las causas y peticiones a la Corte cuando asumió en su función, sobre todo los de trascendencia institucional, a lo que Arbitta explicó que “la Corte nunca sorteó expedientes, siempre los asignó por materias porque tiene secretarías temáticas. El presidente decidía 5 según la trascendencia. Los presidentes consensuaban con los jueces de la Corte qué causas de otra naturaleza se asignaban a la secretaría 5”.


Además, el diputado kirchnerista interrogó respecto a las causas relacionadas a reclamos sobre la obra social del poder judicial y si recibía instrucciones por parte de los ministros de la Corte a la hora de la defensa. Por su parte, la entrerriana Blanca Osuna le consultó respecto de quién decide la circulación de los expedientes y los plazos de cada vocalía.

A su vez, la presidenta de la Comisión lanzó una picante pregunta: “¿Es responsabilidad del presidente de la Corte que la causa Consejo de la Magistratura estuviera el expediente durante un año en su secretaria y no se movió?”. “Lorenzetti me pidió que la retuviera en mi secretaria mientras él, no la Corte, decidía qué tramitación le iba a dar”, se defendió Abritta, pero de la vereda de enfrente Gaillard insistió con el tema: “¿Puede quedar retenido un año un expediente siendo que tiene los votos de todas las vocalías?”.

A continuación, el sanjuanino José Luis Gioja consultó a Alejandro Daniel Rodríguez (Secretaría de Juicios Originarios) respecto del fallo de la Corte a favor de la Ciudad de Buenos Aires sobre la coparticipación federal de fondos, precisamente los criterios aplicados para determinar que se entregue a la Ciudad el 2,98% de la masa de fondos, y si hubo presentaciones por parte de los gobernadores hacia la Corte sobre el tema, por qué no fueron consideradas y por qué no los hicieron participar.

No conforme con la respuesta, Gioja insistió enojado: “Hay un fallo que le obliga a la Nación de los fondos coparticipables darle un monto que no es el que fija la Ley de Coparticipación que por decreto simple fue modificada por Macri y luego fue corregida por Alberto Fernández y ahí se inicia todo a pedido del Gobierno de la Ciudad. La Nación está obligada a cederle más del doble de lo que establece la Ley 23.548 a la Ciudad Autónoma”.

En un tono más pacífico, Gaillard interrogó respecto a quién participó en representación del Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires en esa primera audiencia que se dio en el marco de la causa.

En una breve interrupción, el titular de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, lanzó munición gruesa contra el Frente de Todos: “El testigo dijo que la causa está en pleno trámite. Yo no conozco antecedentes de un juicio político que se haga, no por la interpretación de la sentencia, sino por una causa en trámite donde hay una sola medida cautelar, donde hubo dos o tres audiencias y donde ojalá haya una resolución de fondo. Tengamos presente que estamos, de un modo directo, presenciando que ustedes están apretando a la Corte para que el fallo del fondo sea en el sentido que el oficialismo quiere porque la causa está en pleno trámite y ustedes están interrogando por una causa donde le testigo tendría que guardar la mayor de las reservas. Están buscando condicionar la resolución final”.

También brindaron su testimonio Adriana Norma Valinotti, vocalía de Rosatti; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N°2; y Roberto Miguel Ángel Saggese, vocalía de Rosatti.