En un comunicado de prensa, la Mesa de Enlace de las entidades rurales señalaron “que el tratamiento de la Ley de Humedales no sea una cortina de humo”, en relación al abordaje en el Congreso de la Nación de la legislación de protección de estos ecosistemas. “Entendemos que dicho tratamiento debe darse con las garantías de una absoluta responsabilidad, amplitud y rigurosidad como sea necesaria, ya que legislar sobre alrededor del 20 por ciento del territorio argentino no puede hacerse a partir de oportunismos ni demagogias”, señalaron en la carta pública. “No obstante, algo debe quedar absolutamente claro: no hay ausencia alguna de legislación. De hecho, existe y establece las protecciones ambientales, al tiempo que el combate contra el fuego también tiene su normativa y procedimientos. Lo que sucede es que está fallando el Estado, por lo que una nueva ley no garantiza nada mejor, ya que si hoy no responde, nada garantiza que lo hará en el futuro con otro texto. En resumen, el Estado falla en la ejecución del cuidado del medio ambiente, en establecer las compensaciones y en el manejo y combate del fuego. Resulta claro que el hecho de volver sobre el tema en estos momentos está basado en los incendios del Delta e islas, pero de ninguna manera el humo puede transformarse en un velo que tape o falsee la realidad”, apuntaron.

Las entidades rurales hicieron en este sentido un “llamado a la sensatez (que) se basa en declaraciones públicas esgrimidas por distintos sectores políticos y sociales donde desde un absoluto y total desconocimiento se buscan las causas de los problemas ambientales en la producción agropecuaria. Semejante sinrazón debe ser enfrentada con argumentos científicos y técnicos, que existen, y que instamos a que sean escuchados. Todo tratamiento que se dé al respecto debe abordar de manera equilibrada el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, al tiempo que deben privilegiarse en el análisis los criterios científicos serios y demostrables que evidencien los daños que se pretenden remediar, las razones y causas de las transformaciones, que se espeten las autonomías y normas provinciales y que se armonice cuando existen confluencias entre varias jurisdicciones, así como el principio constitucional de razonabilidad, evitando en todo momento que el oportunismo político y el revanchismo de algunos sectores asomen manipulando, forzando y tergiversando la realidad”.