Tras la decisión judicial de allanar el viernes la municipalidad de Paraná, en una causa por supuestas amenazas, la comuna salió al cruce de la "malicia de algunos pocos medios", luego del secuestro del teléfono del intendente, Sergio Varisco, y el de su hija Lucía.

La decisión la tomó el juez federal con competencia civil, Daniel Alonso, por supuestas amenazas del intendente al juez Leandro Ríos, que lleva la causa por narcotráfico; y a Daniel Enz. El hecho ocurrió el 16 de agosto.

La noticia se había divulgado como primicia en Canal 9 Litoral, una empresa de excelentes vínculos con el gobierno nacional, al cierre de la jornada del viernes.

En el comunicado enviado a AIM, el municipio hizo referencia al hecho y recordó que "la medida fue adoptada por la Justicia Federal en el marco de una investigación iniciada por amenazas al juez Leandro Ríos y al periodista Daniel Enz, hecho sin dudas gravísimo y repudiable. No obstante eso no implica, como algunos pocos medios informaron equivocadamente, cuando no con real malicia, que el secuestro de los aparatos estaría indicando que los mismos hayan estado involucrados o hayan sido utilizados en el hecho denunciado.

Muy por el contrario, Lucía Varisco también fue víctima de una amenaza, como consta en los registro del mismo celular secuestrado ahora por orden del juez Daniel Alonso.

La situación es inquietante y muy grave por partida doble: por el hecho intimidatorio en sí, que refleja una actitud criminal y cobarde, pero también porque revela el interés de personas por sumar confusión e intentar –creemos que sin lograr, afortunadamente su propósito– generar el descrédito en las autoridades municipales.

La gestión ejecutiva municipal suma su propio y enérgico repudio a la actitud deleznable de personas de baja estofa moral, pero también advierte a la sociedad que hay sectores, a los que la Justicia deberá llegar, que están buscando menoscabar el gobierno de la ciudad y lo hacen a través de llamadas o mensajes de un aparato de celular, que aún se desconoce si forma parte de la flota municipal de telefonía móvil.

La municipalidad expresa su solidaridad incondicional con las personas amenazadas, tanto el juez como el periodista, y ratifica la voluntad que ha primado hasta ahora por parte de las más altas autoridades comunales: colaborar con las causas judiciales, respetar profundamente tanto al magistrado como a los trabajadores de prensa que aludan al hecho, y clamar para que la verdad se imponga sobre las dudas y la justicia sobre las amenazas y las operaciones de paupérrimo nivel intelectual y moral.

Sabemos que cualquier acción solapada de personas que actúan en el anonimato están orientadas y persiguen siempres fines inconfesables, además de intimidar a los destinatarios de las amenazas, generan confusión, y malestar. Y sería ingenuo no pensar que también buscan, en este caso, perjudicar a la gestión de gobierno, que debe permanecer concentrada en la tarea diaria que requieren los ciudadanos de Paraná.

Además de impensado, es ridículo pretender hacer creer que un intendente, que un funcionario o que cualquier persona ligada a una gestión de gobierno va a enviar amenazas a un juez que, por otra parte, cuenta con la herramienta de fijar la trazabilidad de las llamadas y conocer incluso sus contenidos".

La municipalidad apeló "a la mesura y a la razonabilidad de los ciudadanos y ciudadanas para que no caigan en las redes de informaciones malintencionadas que, seguramente, van en la misma dirección en la que fueron lanzados estos mensajes aún anónimos: generar confusión, desconcierto, temor y a su vez perjudicar la gestión de gobierno municipal".