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Política
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La necesidad de una emergencia social en medio de la pandemia

Las políticas públicas destinadas a restituir y garantizar los derechos de niños y adolescentes en situación de calle se encuentran en una situación crítica, exponiendo a riesgo no sólo a los menores sino también a los trabajadores. En ese sentido, en el marco de la actual pandemia, “resulta necesaria una emergencia en materia Social, asignando una partida presupuestaria extraordinaria, que permita enfrentar el estado de situación actual, garantizando al conjunto de la población en vulnerabilidad todas las medidas de cuidado”,  manifestaron a AIM desde el colectivo de trabajadoras y trabajadores del Centro de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia en Calle (Caina), perteneciente al ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

La necesidad de una emergencia social en medio de la pandemia
La necesidad de una emergencia social en medio de la pandemia

La ausencia de planes de asistencia integrales por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para hacer frente a la pandemia de Coronavirus en una ciudad que constituye además el principal foco de contagio del país, trae aparejado que no se garantice el derecho a realizar cuarentena para la población de menores, exponiéndolos a múltiples situaciones de riesgo y vulnerando una vez más sus derechos, subrayaron.

“El fortalecimiento de esta red institucional es clave para aportar a reducir la circulación comunitaria del virus, aportando al resguardo no sólo de la población de extrema vulnerabilidad con la que trabajamos, sino de la sociedad en su conjunto. Como trabajadores estatales, declarados Servicio Esencial para hacer frente a la pandemia, entendemos la importancia del Estado en esta coyuntura y asumimos con responsabilidad y compromiso este desafío”, agregaron en un documento al que tuvo acceso AIM.

La población alojada y asistida tanto en Caina como en el centro de noche y día, La Boquita, padece de diversas y complejas problemáticas que dificultan, en ciertos casos, una permanencia sostenida en espacios convivenciales (aspecto central para lograr el aislamiento social, preventivo y obligatorio en esta población). Esta heterogeneidad abarca niños y adolescentes con problemáticas de consumo, discapacidades, patologías graves de salud mental, trayectorias marcadas por violencias y abusos, que en muchos casos requieren de asistencia especializada.

Por ello, “venimos planteando a las autoridades que resulta imprescindible montar múltiples dispositivos de emergencia y abordaje acordes a dichas posibilidades, habilitando que aquellos en condiciones de sostener la permanencia puedan hacerlo en espacios designados para tal fin, cumpliendo de esta manera con su derecho a la cuarentena. A la par, deben garantizarse otros espacios de atención integral y cuidado para aquellos otros a quienes se les dificulte la permanencia sostenida, desde donde pueda trazarse una estrategia de trabajo para tal fin. Todos estos dispositivos deben contar con el personal, los recursos técnicos y materiales necesarios para contener, concientizar, alojar subjetivamente y acompañar desde equipos de trabajo idóneos a esta población de gran circulación social”, indicaron los especialistas.

Respecto a estos dos únicos centros activos al presente, es necesario destacar la falta de protocolos claros para accionar medidas de cuidado eficientes, así como la nula articulación con el sistema de salud. “Partiendo de la caracterización de esta población como de alto riesgo, debido a las características previamente mencionadas, consideramos fundamental la elaboración inmediata de un plan de salud integral para su abordaje. Contar con asistencia médica para la detección de casos sospechosos y evaluación integral de los niños y adolescentes”, agregaron.

Respecto al personal necesario para garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos, a partir del licenciamiento de los trabajadores considerados parte de grupos de riesgo, los equipos de trabajo del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat se vieron reducidos a menos de la mitad, y en otros casos a la tercera parte. Esto ha llevado a una sobrecarga de tareas que se torna insostenible para quienes aún se encuentran desempeñando funciones de manera presencial. Dicha situación se viene elevando a las autoridades hace tres semanas sin respuestas al momento. Siendo que, además, los restantes programas de asistencia se encuentran acompañando a niños y familias de manera remota, viéndose redoblada su tarea, consideramos de suma necesidad que se contrate a personal idóneo para las tareas de cuidado a cumplimentar en los centros.

Desde Caina y Boquita, “venimos realizando un máximo esfuerzo para construir las mejores condiciones posibles de cuidado hacia los niños y adolescentes asistidos. Asumimos nuestro rol como vehiculizadores y constructores de la política pública, convencidos de la imprescindibilidad de nuestra labor. Sin embargo, no hay voluntad que alcance sin los recursos necesarios. Insistimos, desde únicamente dos Centros de asistencia no se puede garantizar la cuarentena hacia la totalidad niños y adolescentes en situación de calle en la Ciudad”.

Por eso, “hemos elevado a las autoridades diversas propuestas, elaboradas desde una mirada técnica y profesional e incorporando criterios epidemiológicos, para garantizar tanto el aislamiento obligatorio, como la implementación de medidas preventivas dentro de los centros y el cuidado hacia los niños y el personal. Dichas iniciativas no sólo no vienen siendo escuchadas, sino que han tenido como respuesta acciones de amedrentamiento y hostigamiento hacia los trabajadores, incluyendo amenazas de despidos en caso de no acceder a realizar ingresos compulsivos de niños a los centros. Estas directivas violan los protocolos establecidos e implican romper con la cuarenta que vienen realizando los niños que se encuentran alojados en dichos centros desde el 16 de marzo. Esta actitud vulnera los derechos de niños y trabajadores y expone a toda la comunidad a la propagación de focos de contagio”.

Por todo lo mencionado, los trabajadores de la Caina y la Boquita piden declarar de manera urgente la Emergencia en materia Social, asignando una partida presupuestaria extraordinaria, que permita enfrentar el estado de situación actual, garantizando al conjunto de la población en vulnerabilidad todas las medidas de cuidado.

“Es necesario que, en este escenario, el Gobierno de la Ciudad continúe su trabajo en consonancia con lo dispuesto por el Gobierno nacional y, en este sentido, genere los recursos necesarios para que el ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat pueda hacer frente a las necesidades desempeñando un rol desde la cartera social, que apuntale las medidas preventivas y de cuidado dispuestas en este contexto de crisis sanitaria”, afirmaron a AIM.

 

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