Si bien se esperaba que el proyecto de ley de alquileres sea incluído en temario de sesiones extraordinarias, finalmente, el Gobierno decidió planchar el texto, debido a “la falta de acuerdo entre los sectores”. La iniciativa perdió estado parlamentario en diciembre pasado y no hay expectativas sobre una nueva presentación durante este año electoral que se inicia. Cabe destacar que, durante 2019, los inquilinos deberán enfrentar una suba mínima del 30 por ciento, lo que encarece el monto total que necesita una persona para poder arrendar una propiedad.

El proyecto sobre alquileres obtuvo dictamen favorable el pasado 16 de octubre en la Comisión de Legislación General, donde expusieron los distintos actores involucrados; sin embargo, las diferencias entre los bloques postergaron el tema, y el proyecto que cuenta con media sanción del Senado caducaría en febrero.

Cabe recordar que el proyecto inicial obtuvo media sanción en el Senado hace dos años, votado por unanimidad. La presentación había sido una iniciativa de la senadora del FPV, Silvina García Larraburu.

En Diputados, fue redactado en base a la media sanción, junto a un proyecto del legislador nacional por el PRO, Daniel Lipovetsky, y a propuestas de la Casa Rosada.

Qué dice el texto

Período. De los dos años actuales, se lleva el mínimo del plazo de alquiler a los 3 años, lo que daría más previsibilidad a los inquilinos.

Actualización. Si bien la ley actual prohíbe la indexación, con inflación de más de dos dígitos éstas existen de facto. El proyecto establece un sistema de actualización cada seis meses a partir de un mix entre inflación y variación salarial (lo estipulará probablemente el Indec). El proyecto del Senado establecía actualización cada 12 meses.

Garantía. La reforma simplifica el trámite y contempla garantías no solo con títulos de propiedad. Podrán ser certificados de ingreso, recibos de sueldo o bancarias.

Extras. Las comisiones inmobiliarias por el alquiler y las expensas extraordinarias -es decir, aquellas que no tengan que ver con el funcionamiento del edificio- estarán a cargo exclusivamente del propietario.

Rescisión. El inquilino podrá rescindir el contrato 60 días antes del vencimiento sin tener que pagar multa. Seguirán las penalidades si rescinde antes de ese plazo.

Ganancias. Los contratos se registrarán para que el inquilino pueda descargarlo en Ganancias y, además, evitar la “evasión” impositiva.

Tiempo atrás, cuando el presidente Mauricio Macri fue consultado sobre la exclusión de la Ley de Alquileres del temario de extraordinarias, contesto: “tenemos limitaciones”, y argumentó el problema de “poder acordar”.

Últimas novedades

Desde 2017, el trabajador en relación de dependencia que paga Ganancias puede deducir el 40 por ciento del contrato de alquiler del impuesto, con un límite que desde esta semana es de 85.848,99 pesos por año tras la actualización de las escalas del impuesto que comenzó a estar vigente desde este año.

Pero para hacerlo, el fisco requiere cargar en la web el contrato y las facturas o recibos que acrediten los pagos mensuales del alquiler.

Esto último suele representar todo un desafío para el inquilino, ya que en la mayoría de los casos los propietarios son reacios a entregar el comprobante fiscal.

Con el proyecto legislativo caído, el organismo tributario no podrá emitir ninguna resolución general, por lo que la situación se mantendrá como en la actualidad, en que según cálculos privados solo un cinco por ciento de los propietarios acceden a dar comprobantes a sus inquilinos. "Nos hubiera gustado porque es uno de los sectores a los que queríamos apuntar", señaló el titular de Afip, Leandro Cuccioli.

La ONU opina

En pleno lobby de las inmobiliarias que consiguieron suspender el tratamiento del proyecto de ley de alquileres, la relatora especial de Vivienda de las Naciones Unidas, Leilani Farha, metió presión para que el Gobierno tuviera en cuenta la iniciativa:"Creo firmemente que este proyecto de ley contribuirá significativamente a que el derecho a la vivienda se convierta en una realidad para aquellos que alquilan", opinó la canadiense mediante una carta destinada a Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña; al ministro del Interior, Rogelio Frigerio; y al secretario de Vivienda, Iván Kerr.

Meses atrás, Macri osciló en un presunto impulso a sancionar una ley respecto de la cuestión de los alquileres. En octubre y a pesar de la media sanción señalada, el líder PRO adelantó que el Ejecutivo trabajaba con sus legisladores para ingresar una nueva ley de alquileres a la cámara de Diputados para que se aprobara antes del cierre del año legislativo. No pasó ni una cosa ni la otra: Liquidó la iniciativa que tenía media sanción y que contaba hasta con el apoyo de la ONU y tampoco envió nada al Congreso.

El mandatario cambió de opinión y quitó el proyecto del temario para sesiones extraordinarias. Por eso la ley perdió estado parlamentario. La iniciativa ya tenía dictamen y había logrado el consenso del bloque oficialista y también de los espacios opositores, pero Macri prefirió postergar el asunto para otro momento y los contratos de 2019 seguirán con las pautas actuales.

Farha, en su misiva, destacó que el proyecto había sido "presentado por diversas organizaciones y acordado en al Congreso de la Nación por el gobierno argentino". En esa linea, destacó que la iniciativa "restringe algunas exigencias abusivas" en contratos, "regula el precio de los alquileres", "otorga a los inquilinos una mayor seguridad en la tenencia" y "amplía las garantías" que el inquilino puede ofrecerle al propietario.

"Urjo al Gobierno Argentino y a los parlamentarios de todos los sectores políticos a que aprueben esta ley en un plazo perentorio", reclamó la especialista internacional al final de su carta, en la que recordó "los diversos pactos internacionales a los cuales adhirió la Argentina".

A pesar de todo esto, incluso cuando desde el ministerio del Interior impulsaban el proyecto, Macri se inclinó por el lobby inmobiliario.

De la Redacción AIM.