Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados y al que tuvo acceso AIM busca legalizar la eutanasia y la muerte asistida en Argentina. La iniciativa propone incorporar la práctica al sistema de salud bajo estrictos controles y reabre una discusión que ya tiene legislación vigente en varios países de América y Europa.

El debate sobre el derecho a decidir cómo y cuándo terminar la propia vida llegó al Congreso. El diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para regular la denominada muerte voluntaria médicamente asistida, una práctica que actualmente no cuenta con un marco legal específico en Argentina.

La iniciativa establece que toda persona que padezca una enfermedad grave e incurable o una condición crónica que le provoque sufrimientos considerados intolerables pueda solicitar asistencia médica para morir, siempre bajo un procedimiento controlado y con múltiples instancias de evaluación.

Según pudo constatar AIM, el proyecto contempla tanto la eutanasia -cuando un profesional de la salud administra una sustancia letal a pedido del paciente- como la muerte asistida, en la que es la propia persona quien se autoadministra el medicamento prescripto.

La propuesta prevé la intervención del médico tratante, un equipo interdisciplinario, un profesional independiente y una comisión evaluadora antes de autorizar el procedimiento. Además, exige solicitudes reiteradas, consentimiento informado y la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento.

El debate no es nuevo en el escenario internacional. Informaron a AIM especialistas que países como Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo cuentan con leyes que permiten la eutanasia desde hace años. En España, la práctica fue legalizada en 2021, mientras que en Canadá rige desde 2016 a través del programa conocido como Asistencia Médica para Morir.

En América Latina, Colombia se convirtió en pionera al habilitar la eutanasia mediante decisiones judiciales y posteriores reglamentaciones sanitarias. Más recientemente, Ecuador aprobó cambios normativos tras un fallo de la Corte Constitucional que despenalizó la práctica en determinados casos. Uruguay y Chile también han discutido iniciativas legislativas, aunque sin alcanzar aún una regulación integral.

Fuentes consultadas por AIM señalaron que la región atraviesa un proceso de creciente debate sobre la autonomía personal, los cuidados paliativos y el alcance del derecho a una muerte digna. En ese contexto, Argentina ya cuenta con antecedentes vinculados al consentimiento informado y al rechazo de tratamientos médicos a través de la denominada Ley de Muerte Digna, sancionada en 2012, aunque sin contemplar la eutanasia ni la asistencia médica para morir.

El proyecto de Paulón también incorpora la posibilidad de dejar directivas anticipadas para solicitar el procedimiento en caso de perder la capacidad de expresar la voluntad en el futuro. Asimismo, reconoce la objeción de conciencia individual para los profesionales de la salud, pero impide que las instituciones sanitarias bloqueen el acceso al servicio.

Supo AIM que uno de los principales argumentos de la iniciativa es reducir las desigualdades existentes entre quienes pueden acceder a alternativas en el exterior o mediante mecanismos informales y quienes carecen de esas posibilidades. La discusión recién comienza, pero promete convertirse en uno de los debates bioéticos y jurídicos más sensibles de los próximos meses.