Sin expositores invitados y con modificaciones la iniciativa tuvo dictamen favorable. Los legisladores de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda avanzaron con la iniciativa del senador oficialista, Oscar Parrilli, que crea un fondo a partir de dólares provenientes de la fuga

El dictamen del proyecto de ley que busca pagar la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el gobierno del expresidente Mauricio Macri pasó este miércoles a la firma en un plenario de comisiones del Senado de la Nación.

Así, el Frente de Todos en el Senado logró darle dictamen favorable al proyecto que crea Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI, en medio de cruces con la oposición que no acompaña la iniciativa.

"Ha sido un debate rico, se está discutiendo quién va a pagar la deuda con el FMI en el marco de una discusión profunda sobre evasión impositiva y fuga de capitales. Sería muy injusto que la carga de esta deuda recaiga en la totalidad del pueblo argentino", afirmó, al cierre del encuentro, el senador oficialista y titular de la Comisión de Presupuesto, Ricardo Guerra.

Fue en un plenario de las comisiones de Legislación General, que preside el pampeano Daniel Bensusán, y de Presupuesto y Hacienda, a manos del riojano Ricardo Guerra, que se llevó a cabo en el Salón Azul y duró tan solo una hora.

El proyecto que pasó a la firma prevé la creación de un fideicomiso formado por el aporte del 20 por ciento de los bienes de argentinos en el exterior no declarados, mientras que la otra iniciativa que reforma la Ley de Entidades Financieras para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal, cuya idea es que el Estado pueda detectar las cuentas radicadas por argentinos en el extranjero que no están declaradas en el fisco, seguirá siendo debatido.

Desde Juntos por el Cambio, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto, el chaqueño Víctor Zimmermann, adelantó el no acompañamiento de su interbloque al tildar de "inoportuno" el proyecto. Sin embargo, consideró una realidad que en la Argentina haya fuga de capitales y planteó como "gran desafío" el trabajar para generar "políticas de previsibilidad".

Más allá de que el oficialismo realizó este martes una serie de modificaciones a la iniciativa, desde la oposición siguen insistiendo con su mirada de que se trata de un "blanqueo".

“Estamos dispuestos a escuchar para continuar aplicando modificaciones para mejorarla”, expresó Parrilli y agradeció el tratamiento que se dio en las comisiones porque “se dio una discusión interesante porque es un tema que los legisladores no pueden dejar pasar que es el de la deuda externa y la fuga. El problema de la fuga y de los bienes y recursos que están fuera del ámbito legal el 8 por ciento del PBI fiscal están en guaridas y fuera del alcance de los gobiernos, lo dijo uno de los expositores. Puede haber leyes mejores, tiene que haber decisiones políticas de senadores y diputados tendientes a investigar, a detectar, a cobrar y a evitar que se siga fugando dinero de forma ilegal”.

"Si no hay otras modificaciones esto va a seguir siendo un blanqueo. Vamos a tratar a quien tiene dinero no declarado en el exterior mejor de lo que nuestra legislación vigente lo haría", consideró el senador, Martín Lousteau, quien chicaneó a Parrilli, con la división del bloque del Frente de Todos. "Usted, en nombre de qué bloque habla", le espetó.

Desde el nuevo interbloque del Frente de Todos, defendieron la iniciativa, ante las críticas. La senadora Juliana Di Tullio, nueva titular del Bloque Unidad Ciudadana, aseguró: "Acá estamos armonizando los considerandos del proyecto con el articulado. No es un blanqueo. Y como es compulsivo, no hay necesidad de restringir a nadie".

Por su parte, el formoseño, José Mayans, que quedó al frente del bloque oficialista Frente Nacional y Popular, agregó: "No decimos que este proyecto va a resolver el problema de la deuda externa, esta es una herramienta más. Una herramienta para aquellos que evadieron y que tienen cuentas ocultas en países especiales".

Luego de la jornada del martes en la que el proyecto se vio expuesto a errores y críticas, el oficialismo reconoció que la iniciativa necesitaba cambios.

Parrilli procedió a detallar los cambios en la redacción del proyecto: “Este proyecto o Fondo o es para cancelar la deuda actual con el FMI la presente y la futura sin prórrogas, es decir se suprime la facultad del Ejecutivo de derogarla; ampliamos las facultades de la AFIP para dictar los procedimientos que necesita para aplicar la ley sobre la documentación respaldatoria de las investigaciones que lleven adelante; establecemos que el monto que se deba pagar que la AFIP lo cobre en efectivo y aplique un plazo de 12 meses en cuotas mensuales para facilitar la percepción; si no hay allanamiento y se tienen que cobrar todos los impuestos evadidos, se cobra además el 20 por ciento establecido en el proyecto; nada se contempla con respecto a lavado de dinero, contrabando, terrorismo, nada de eso”.

Respecto a la figura del colaborador, el senador neuquino señaló que “debe dar una información veraz, confiable, contundente y sincera, no irá a la AFIP a denunciar, sino que pretendemos crear un nuevo programa dentro del Ministerio de Justicia para garantizar el anonimato. Si da información falsa comete un delito o quiere difamar nada más, no tendrá cabida en esto. El monto mínimo que tiene que denunciar el colaborador es de u$s 500.000 dólares”.

El proyecto que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI establece que sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos.

La vigencia del Fondo será hasta la cancelación total de la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para los incentivos a los colaboradores que contribuyan a identificar evasores.

Sostiene que el Fondo será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía, y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.