Más de 3.100 puestos de trabajo perdidos solo en Ciudad de Buenos Aires y más de 4.500 en todo el país, cercenamiento de voces críticas y aumento de la concentración mediática en grupos cada vez más poderosos que incumplen las leyes vigentes. Este es el escenario que relevó Sipreba y al que tuvo acceso AIM. Los datos son irrefutables y la precarización, evidente.

El relevamiento del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), al que tuvo acceso AIM, arrojó datos sobre la situación laboral de los trabajadores: Desde 2016, se perdieron por lo menos 3.127 puestos de trabajo registrados, solo en la Ciudad de Buenos Aires. De esos, 990 ocurrieron durante 2018 y 288 en lo que va de 2019

La trágica cifra se eleva a más de 4.500 en todo el país e implica la pérdida de aproximadamente un 30 por ciento de los puestos de los trabajadores y las trabajadoras bajo Convenio Colectivo. Los empresarios aprovechan la situación crítica para precarizar periodistas bajo la figura de “colaboradores” y free lance. Es así que violan el Estatuto del Periodista Profesional, con la complicidad del Estado: Por acción u omisión de las secretarías de Trabajo y de  Medios Públicos, encabezada por Hernán Lombardi, del Enacom o de la Jefatura de Gabinete, según el caso.

En cuanto a lo salarial, se perdió un 41.6 por ciento de poder adquisitivo en las últimas cuatro paritarias de prensa escrita y oral, donde se definen los salarios y las condiciones de trabajo de los diarios, revistas, agencias, portales y radios de la Ciudad de Buenos Aires.

El año pasado estuvo signado por el ataque a los medios públicos, con 357 despidos en la Agencia Télam, ajuste en la TV Pública, Radio Nacional, Canal Encuentro, Paka Paka y DeporTV tras el desguace de la TDA en diciembre de 2017.

Luego de tres despidos iniciales, el 26 de junio los funcionarios Lombardi y Pousá dieron curso a 354 despidos más, un ataque grosero y brutal que fue enfrentado con cuatro meses de paro y permanencia pacífica. En estos momentos, aún resta la resolución final de la justicia para que definitivamente los trabajadores sean reincorporados.

Los despidos en los medios públicos comenzaron el primer día hábil de 2018 con 15 cesanteados en Radio Nacional, lugar donde la pérdida de puestos de trabajo trepó a 196 durante ese año. En la TV Pública la planta se redujo en un 20 por ciento por retiros voluntarios y se redujo un 50 por ciento el salario nominal de los trabajadores de prensa a partir de la paritaria cero y la eliminación ilegal de ítems salariales de convenio.

Igual de negativo fue el año para los medios privados: se perdieron 126 puestos de trabajo en Radio Del Plata, 65 en Espn, 12 en Telefé a través de despidos y otros tantos a través de retiros voluntarios y 80 en Radio El Mundo que finalmente cerró en 2019. A ello se sumó el cierre del servicio en español de la corresponsalía de la agencia DPA con 17 despidos y la tercerización de la impresión del diario La Nación (ahora se imprime en Agea-Clarín) que dejó a más de 70 familias en la calle. También hubo tres despidos en Diario BAE, dos en el Diario Crónica, uno en Diario Veloz, y uno en Crónica TV.

El año se completa con otros 14 despidos en Publiexpress (que se suman a otros tres despidos en 2017) y da cuenta de la profundidad del ajuste que no se circunscribió a la esfera pública.

2019

A inicios de 2019, la AM750 del Grupo Octubre -comandado por Víctor Santa María- despidió a Paula “Poli” Sabatés por sus tareas gremiales como única delegada mujer de Página/12.

Luego llegaron los despidos masivos en Editorial Atlántida –que dejó a más de 60 trabajadores en la calle bajo el pretexto de un Preventivo de Crisis avalado por la Secretaría de Trabajo—, los 65 despidos en Clarín-Agea (empresa que edita los diarios Clarín y Olé), y otros tres despidos en Publiexpress. A todo ello se suman los incumplimientos salariales y/o pagos en cuotas en Página/12 del Grupo Octubre, Ámbito Financiero, C5N, Radio 10, Agencia Noticias Argentinas (NA), Diario Popular y en las radios privadas como Del Plata, Radio Rivadavia, Splendid y Rock and Pop.

El ajuste no es solo un problema económico

Dos días antes de los 65 despidos en Clarín (ocurridos el 17 de abril de 2019), las cámaras empresariales Aedba (editores de diarios de Bs. As.), Adira (diarios del interior), Aaer (editores de revistas) y Adepa (asociación de entidades periodísticas) enviaron un pedido al ministro de Producción Dante Sica en donde reclaman “nuevos enfoques” con el supuesto objetivo de “defender el empleo”. El pedido está totalmente en sintonía con la intención del gobierno de avanzar sobre la reforma laboral y los convenios colectivos de trabajo. No es solo un problema económico y de modelo de negocios, sino que hay un objetivo político de flexibilizar las condiciones laborales de los trabajadores de prensa que cuenta con el aval del Estado.

Cabe destacar que en materia de pauta oficial, para empresas de prensa escrita, los medios más beneficiados son Clarín y La Nación: Solo en 2018 recibieron 89.362.123 y 51.345.783 millones de pesos, respectivamente.

Ambos realizaron este año despidos de una parte significativa de su planta: A los 65 despidos en Clarín, se suman los más de 70 despidos de trabajadores gráficos de la planta impresora de La Nación.

Contra la desigualdad de género

En los medios de prensa las mujeres apenas ocupan un 34 por ciento de los puestos de trabajo. De estas, solo una ínfima minoría llega a cargos jerárquicos, que por lo general están ocupados por varones en casi todas las empresas. En algunos medios las mujeres están casi ausentes: es el caso de Diario Popular, donde apenas hay un 8,3 por ciento de mujeres en sus redacciones de papel y web; o el diario Olé, donde representan menos de un ocho por ciento de toda la planta.

A esto se suma que es entre los puestos de colaboradores o free lance donde se halla la mayor proporción de mujeres, que encuentran en esta modalidad precarizada el único modo de poder trabajar y ocuparse de las tareas domésticas y de cuidado al mismo tiempo.

Estas desigualdades agudizan problemáticas como la brecha salarial y se suma al trabajo doméstico no remunerado como pilar de la desigualdad de género. Las licencias por violencia de género y por paternidad extendida son reclamos presentes en todas las empresas.

Ante esta realidad, las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries han puesto en marcha herramientas de autoorganización como el protocolo de actuación contra la violencia de género en la Agencia Télam, un documento análogo en Página/12, una Comisión de Mujeres y Géneros también en esa empresa, donde en un caso excepcional en el gremio, dos mujeres fueron sumadas al equipo de dirección. La organización de base también se condensó en asambleas de trabajadoras en Radio Nacional, TV Pública y otras empresas. Al respecto, por medio del reclamo del grupo de mujeres organizadas en Clarín, con el antecedente de Diana Maffia en Perfil, se creó el puesto de Editora de Género de Diario Clarín a cargo de Mariana Iglesias. Así, a través de la organización colectiva, las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries van peleando por cada vez más espacios dentro de las estas empresas, aunque todavía se esté muy lejos de una situación de igualdad.

Represión a la prensa

Los ataques a la libertad de prensa por parte del aparato represivo del Estado nacional se convirtieron en moneda corriente para este gobierno: Desde 2016 a esta parte hubo 28 detenidos y 55 heridos por balas de goma. La frialdad de las cifras no transmite cabalmente la dificultad de cubrir acontecimientos vinculados a la protesta social en las calles, pero evidencian que el sesgo represivo tiene un correlato con el ajuste.