Los legisladores porteños de Vamos Juntos, María Cecilia Ferrero y Maximiliano Ferraro, presentaron en la Legislatura el proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos, que tiene por objeto regular el financiamiento de los mismos y de las campañas electorales, asegurando mayor equidad en la actividad de los mismos garantizando su desenvolvimiento institucional mediante la asignación de los aportes públicos necesarios para ello, y permitiendo el efectivo control y fiscalización patrimonial por parte de la justicia electoral, supo AIM.

La norma consta de 135 artículos y prevé que las agrupaciones políticas del distrito capitalino adecuen “su actividad financiera a los siguientes principios que emanan de la forma republicana de gobierno y el respeto a la soberanía popular y representación política: publicidad del origen y destino de sus fondos; rendición de cuentas a la ciudadanía; auditabilidad; y transparencia”.

En lo que respecta a la conformación del patrimonio de cada partido, la norma sostiene que el mismo “es público y se integrará con los bienes y recursos públicos y privados que autoricen la ley y la respectiva carta orgánica, restándole las deudas que pesan sobre él”, es así que los mismos “deberán informar a la justicia electoral de la Ciudad el listado de sus bienes, la identificación de sus cuentas bancarias y sus movimientos de cuentas y caja en la forma que establezca la reglamentación”.

Asimismo indica que los partidos deberán cerrar el ejercicio contable anual el 31 de diciembre de cada año, por lo que la falta de presentación o de aprobación de estados contables anuales por más de tres ejercicios consecutivos será causa de caducidad de la personalidad jurídico-política de los partidos políticos.

En lo relativo al financiamiento el texto sostiene que los partidos políticos de la Ciudad poseen un sistema de financiamiento mixto, integrado por fondos públicos y privados. También prevé la creación del Fondo Partidario Permanente de la Ciudad cuyos aportes estarán destinados al desenvolvimiento institucional y capacitación y formación política.

Los aportes efectuados a dicho Fondo serán deducibles para el impuesto de los ingresos brutos hasta el límite del cinco por ciento de la ganancia neta del ejercicio. Por su parte, la justicia electoral de la Ciudad deducirá el 20 por ciento de la partida presupuestaria asignada al Fondo Partidario Permanente en la Ley de Presupuesto General de Recursos y Gastos de la Ciudad, previo a toda otra deducción, con el objeto de asignar el aporte para el desenvolvimiento institucional de aquellos partidos políticos reconocidos con posterioridad a la distribución anual del Fondo Partidario Permanente.

A su vez, el aporte a distribuir a cada partido político no podrá ser superior al del partido político que hubiese recibido el menor importe en la distribución anual.

Cabe destacar que de acuerdo a la asignación de dicho Fondo, se destinará un 80 por ciento políticos que hayan presentado candidatos para cargos públicos de la Ciudad y en un 20 por ciento para partidos políticos que hayan presentado cargos públicos comunales.

En los fundamentos de la medida, Ferrero y Ferraro explicaron que “desde hace tiempo la ciudadanía reclama nuevas normativas y encuadramientos legales que contribuyan a mejorar la transparencia de los procesos electorales, piedra angular en la que se sostiene la legitimidad del sistema democrático” y consideraron que “resulta impostergable ofrecer una respuesta a la demanda ciudadana de llevar adelante elecciones en forma limpia y transparente, al tiempo que se exige que las diferentes expresiones políticas tengan la oportunidad de poder expresar sus ideas y difundir sus plataformas electorales de la manera más equitativa posible, a fin de que los electores puedan tomar una decisión informada y meditada”.

“Sostenemos la necesidad de actualizar la legislación porteña a los nuevos tiempos y dotar a la Ciudad de una sana práctica de financiamiento partidaria”, completaron.