El juez federal dispuso que se renueven por cinco años más las circulares rojas sobre cinco ciudadanos iraníes que tienen orden de captura internacional desde 2006, dispuesta por el exjuez del caso Rodolfo Canicoba Corral

El juez federal Daniel Rafecas ordenó este lunes a Interpol la prolongación de las alertas rojas que actualmente pesan sobre los ciudadanos iraníes imputados en la causa por el atentado contra la AMIA. Las capturas vencen cada cinco años. Las actuales caían el 7 de noviembre próximo. En ese contexto, el magistrado que quedó a cargo interinamente del juzgado federal 6 dispuso extender las capturas por un nuevo período hasta el 2027.

El caso por el atentado a la mutual judía que ocurrió el 18 de julio de 1994 causando la muerte de 85 personas, se encuentra en etapa de instrucción en el juzgado federal 6, que subroga Rafecas.

Las circulares rojas tienen como fin lograr la captura internacional de los ciudadanos iraníes Moshen Rezai, Ahmad Vahidi, Alí Fallahijan, Ahmad Reza Asghari y Moshen Rabbani para ser indagados por la Justicia argentina en relación a las acusaciones vinculadas al ataque terrorista.

El planteo ante el juez Rafecas había sido elevado por la División de Asuntos Internacionales del Departamento de Interpol, dando cuenta del inminente vencimiento en noviembre próximo. En ese contexto, el juez firmó las renovaciones que ahora se extenderán hasta noviembre de 2027.

Desde 2003, el caso estuvo delegado en la unidad fiscal especializada dirigida por Alberto Nisman. Su trabajo estableció la responsabilidad de la agrupación pro iraní Hezbollah en la organización y realización del ataque, con pruebas mediante las cuales se formalizó la acusación a cinco ciudadanos iraníes y uno libanés, de quienes Interpol aceptó pedir la captura internacional con la difusión de "alertas rojas" sobre cada uno. Eso ocurrió el 9 de diciembre de 2006.

La justicia argentina los busca para dar cumplimiento con las declaraciones indagatorias ordenadas con fecha 9 de noviembre de 2006, en base al estado de sospecha existente de su participación en el ataque terrorista a la mutual judía perpetrado el 18 de julio de 1994, que provocó la muerte de 85 personas.

Según la hipótesis que se analizó en la causa, el atentado a la mutual judía fue ordenado por Hezbollah. Desde Irán siempre se habló de un complot en su contra, se criticó la investigación argentina y se han negado a prestar colaboración con los tribunales locales.

Rezai era comandante del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución al momento del atentado; Vahidi tenía el mismo cargo en la fuerza "Al Quds" del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución, y Fallahijan era ministro de Inteligencia y Seguridad de la República Islámica de Irán. Asghari, por su parte, fue tercer secretario de la Embajada de Irán en Argentina mientras que Rabbani ocupó el cargo de Consejero Cultural en la misma sede diplomática.

Hasta el momento, la Justicia no pudo indagar a ninguno de los imputados pese a intentos frustrados de pedir su arresto cuando en algunas ocasiones se detectaron viajes al extranjero.

En distintas oportunidades, los iraníes prófugos de la Argentina viajaron por el mundo sin ser detenidos. El último episodio tuvo lugar a inicios de año cuando se supo que el gobierno de Nicaragua había recibido al terrorista iraní acusado por la voladura de la AMIA, Mohsen Razai, en el marco de la asunción presidencial de Daniel Ortega.

El capítulo de los alertas rojas fue uno de los ejes del debate en la denuncia por el Memorándum con Irán, que impulsó el gobierno de Cristina Kirchner y que fue denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman como un presunto encubrimiento a los iraníes acusados. Fue el juez Rafecas quien intervino en esa denuncia y la rechazó por inexistencia de delito. El caso, sin embargo, fue reabierto años más tarde y la hoy vicepresidenta quedó procesada por el juez Claudio Bonadio y enviada a juicio.

El año pasado, el Tribunal Oral Federal 8 decidió sobreseer a la vicepresidenta y el resto de los acusados por entender que no hubo delito. Una apelación de la querella de los familiares de víctimas y la DAIA impugnó esa decisión que ahora será revisada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.