Jubilados exigen “un sistema previsional que garantice salarios dignos, reclaman un aumento de emergencia y una cláusula gatillo para no perder con la inflación”, afirmó a AIM la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, Juana Ávalos.

En la reunión del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE que se realizó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), se definió impulsar un conjunto de medidas urgentes en materia previsional, para garantizar la promoción y defensa de derechos humanos y libertades fundamentales de los adultos mayores y de las personas discapacitadas, contó Ávalos a esta Agencia.

Precisamente, se reclama “que se vuelva a discutir urgentemente una reforma del sistema previsional en su conjunto, que garantice (no solo a través de los aportes y contribuciones de los trabajadores empleados, sino, también, de un sistema tributario que mediante impuestos directos, progresivos y redistributivos) jubilaciones y pensiones dignas”

Además, se demandan “políticas que garanticen el trabajo digno, con protección social para los trabajadores, que permitan una recomposición real de haberes jubilatorios en el plazo más corto posible”

En ese sentido, explicó que durante los cuatro años del gobierno neoliberal que sufrió el país y luego de estos años de pandemia, “se produjo una pérdida significativa del poder adquisitivo de las prestaciones previsionales”. En ese marco, se propone “que se aumenten las jubilaciones mínimas a un importe equivalente al de la canasta básica alimentaria de las personas mayores (64.039 pesos); así como recomponer todas las escalas jubilatorias”.

Además, se pide “compensar a los beneficiarios del sistema previsional la pérdida sufrida en la movilidad jubilatoria y no abonada en marzo de 2018 (nueve por ciento) y durante el 2020 (22 por ciento).

Paralelamente proponen “que se derogue la Ley de ‘reparación histórica’, sobre todo el capítulo referido a la armonización a la baja de las Cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a Nación y al Fondo de Garantias de Sustentabilidad”, apuntó.

También, se reclama al Estado nacional “una política activa de fiscalización y formalización del trabajo precario (en los ámbitos público y privado), que permita a los trabajadores garantizar a los trabajadores un salario con protección social, y ampliar el régimen previsional público”.