Durará todo febrero; el Consenso Fiscal y la reforma del Consejo de la Magistratura son las principales preocupaciones del oficialismo; desde Juntos por el Cambio reclaman diálogo y se mantienen alertas ante los intentos de dividir el interbloque

El presidente convocó finalmente la semana pasada al Congreso para un período de sesiones extraordinarias que se extenderá del 1° al 28 de febrero con un amplio temario que incluye muchos de los proyectos que se venían mencionando, pero también numerosas omisiones. Algunas de las cuales se irán sorteando a lo largo del presente mes a través de ampliaciones del temario.

El entendimiento anunciado el viernes entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario deberá transformarse ahora en una carta de intención que será lo que vaya a debatir el Poder Legislativo en fecha a convenir. Seguramente a lo largo del mes de febrero y en extraordinarias, habida cuenta de que el acuerdo debe ser suscrito en marzo para ser refrendado, tal como estipula la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, sancionada en febrero de 2021.

El entendimiento con el organismo internacional para refinanciar la deuda de USD 44 mil millones contraída durante el gobierno de Mauricio Macri, junto con el Plan Económico Plurianual anunciado por el propio Presidente, habían sido los dos grandes ausentes en el temario que el Ejecutivo propuso para las sesiones extraordinarias de febrero.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, reveló ayer que prevé que el entendimiento tenga aprobación parlamentaria antes del 21 de marzo, para que cubra el pago de USD 2.800 programado en esa fecha y los USD 1.900 que deberían ser abonados 10 días después. El margen para el tratamiento en el Congreso es bastante acotado.

Después de haber prescindido de extraordinarias en el mes de diciembre, apelando a una extensión de sesiones ordinarias, el Poder Ejecutivo terminó enviando al Congreso un temario de 18 proyectos.

El proyecto que generará los debates más tensos será la reforma del Consejo de la Magistratura. La nueva ley debe aprobarse antes de marzo para poder así cumplir con el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reforma de 2006 que modificó la constitución del organismo.

El Poder Ejecutivo envió en diciembre pasado -días antes del fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley vigente- un proyecto que amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo, sumando un juez, dos abogados y un académico o científico. El problema para su debate en extraordinarias es que difícilmente la oposición vaya a estar dispuesta a aceptar así como así y sin modificaciones lo que el Gobierno quiera imponer.

El Consejo de la Magistratura se encarga de seleccionar y controlar a los jueces. Es un órgano de vital importancia, especialmente en el contexto actual de tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial. El oficialismo presentó su proyecto, mientras que Juntos por el Cambio tiene otros cuatro (Negri, Carbajal, Tonelli, Stolbizer) que intenta unificar.

El resto del temario
Un proyecto que seguramente saldrá sin mayores inconvenientes es el Consenso Fiscal 2022 que busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones que participen, y que fuera rubricado el pasado 27 de diciembre de 2021 por la mayoría de las jurisdicciones, salvo el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Figuran en el temario los proyectos de ley de Promoción de la Electromovilidad, y de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz. Asimismo el proyecto que crea el Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal; y el proyecto de ley de Compre Argentino.

La lista elaborada por el Poder Ejecutivo contempla el proyecto de ley por el cual se prorrogan los plazos establecidos en el Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda.

También el proyecto de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería y el de respuesta integral al VIH, Hepatitis Virales, y el de producción, industrialización y comercialización de la planta cannabis.

El capítulo medio ambiente incluye la creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza, en la provincia de Córdoba, y otro en el Islote Lobos, en la provincia de Río Negro. Más allá de su importancia, llama la atención que figuren proyectos como esos en un temario de extraordinarias y se obvie por ejemplo la ley de humedales, que hasta fue enarbolada por el oficialismo en la campaña electoral.

Muchos observadores compararon este accionar oficial con aquello de cómo esconder un elefante: soltando una manada, de modo tal de ocultar a algunos.

Amén de la ley de humedales, también puede mencionarse una nueva ley de alquileres, que el propio oficialismo reconoció como necesaria, pero por lo visto no la ha reconocido como urgente. Sí en cambio la creación de dos universidades nacionales: la del Delta y la de Pilar, instaladas en territorios afines al oficialismo.

Cierran el temario, además de acuerdos y transferencias de inmuebles, uno de prevención y control de la resistencia antimicrobiana, y el proyecto que crea el Area Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”, por el que suele insistir la diputada Graciela Camaño. Un guiño hacia un sector que el oficialismo busca -hasta ahora sin éxito- tener como aliado en muchos temas.