Dos jóvenes de 20 y 22 años de Paraná acordarán penas de 12 y 20 años, tras admitirse responsables del crimen de uno de los choferes oficiales del Gobierno de Entre Ríos, quien fue hallado calcinado en un auto incendiado con un disparo en la cabeza y con sus dos manos amputadas y arrojadas en un basural de esa ciudad entrerriana a principios de año.

El acuerdo se dará en el marco del juicio abreviado que comenzó hoy por el crimen de Marcelo Cabeza (49), cuyo cadáver fue encontrado minutos después de las 2 de la madrugada del 2 de febrero dentro de un Renault Clío propiedad de su hermana que se estaba incendiando en un descampado sobre calle Virrey Vertiz, a metros del Club Ciclón del Sur, en la capital entrerriana.

Cerca de las 7.20, hallaron sus dos manos dentro de una bolsa de residuos en el Volcadero municipal, un basural a cielo abierto ubicado a unas 30 cuadras del centro de Paraná.

La autopsia determinó que la causa de su muerte fue ocasionada por un disparo de arma de fuego en la cabeza, "antes del inicio del fuego del vehículo" en el que fue encontrado.

Los acusados fueron detenidos en dos operativos, uno sobre calle Cortada 994, en el barrio Santa Rita de Paraná, a una cuadra de una de las principales avenidas y a pocas cuadras del centro, y otro en la localidad de San Benito, a unos 11 kilómetros de Paraná, días después del crimen.

Matías Rodríguez (20) y Alan Ávalos (22), los únicos detenidos acusados, acordaron arribar a un juicio abreviado en donde a partir de hoy se presentarán las pruebas, se espera que ambos reconozcan su responsabilidad en el hecho, y sean condenados a 20 y 12 años de prisión, respectivamente.

De esta manera evitaron llegar a un juicio por jurados, donde enfrentarían penas más elevadas.

El abogado querellante Marcos Rodríguez Allende manifestó hoy que se definieron así las penas ya que Rodríguez "fue el autor material del disparo"; mientras que Ávalos tuvo "un carácter de participe secundario".

En conferencia de prensa, el letrado consideró que la investigación "siempre estuvo bien encaminada y se supo desde el primer momento quiénes eran los responsables".

"Se trató de un crimen tremendo con características particulares y generó circunstancias agravantes en el dolor que sufrió la familia y esperamos que la condena sea reparadora para la familia", agregó.

Cabeza se desempeñaba dentro del Ministerio de Salud entrerriano desde 2006, también figuraba con un monotributo de alquiler de remises y era un activo militante del peronismo de esa provincia.