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Confirman la condena Ricardo Fabián Barreiro, funcionario y proveedor del Estado

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió por mayoría rechazar la impugnación extraordinaria presentada por los abogados Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, en ejercicio de la defensa técnica de Ricardo Fabián Barreiro, contra la sentencia dictada por la Sala I de la Cámara de Casación Penal, que dispuso rechazar el recurso de casación interpuesto oportunamente. En consecuencia se confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná integrado en forma unipersonal por el juez Pablo Vírgala. La Sala Penal estuvo integrada por la vocal Claudia Mizawak y los vocales Daniel Carubia y Bernardo Salduna.

El 23 de mayo de 2017 Barreiro fue declarado autor material y responsable del delito de “falsedad ideológica de documento público”, y condenado a la pena de un año y medio de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena para ejercer cargos públicos.

El vocal Vírgala también le impuso realizar trabajos no remunerados para una entidad de bien público que deberá denunciar a la Oficina de Medios Alternativos (OMA) dentro de los 15 días, a partir de que esta sentencia quede firme, con una carga de ocho horas mensuales por el plazo de dos años. Además le impuso acreditar semestralmente su cumplimiento ante esa oficina, bajo apercibimiento de revocar la condicionalidad de esta condena (art. 27 bis inc. 1, 2 y 3 del CP).

Por su parte, el 23 de octubre de 2018 la Cámara de Casación Penal ratificó la sentencia de primera instancia al desestimar los agravios formulados por la defensa de Barreiro, quien dijo desconocer su condición de funcionario público al momento de inscribirse como proveedor del Estado provincial y negó haber cometido falsedad ideológica. El voto que fundamentó la resolución fue emitido por el vocal Hugo Perotti y contó con la adhesión de las vocales Marcela Davite y Marcela Badano.

Entre Ríos, a pesar de que existía un decreto provincial por el cual se lo designó como que estuvo a cargo de su amigo de militancia, Sebastián Lorenzo. El superior inmediato de Lorenzo fue el exministro de Cultura y Comunicación del gobierno de Sergio Urribarri, Pedro Ángel Báez.

El caso

Barreiro fue designdo coordinador, ad honorem, de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales (Ceicer), el 15 de agosto de 2012; en tanto que su ingreso al Registro de Proveedores del Estado, con el número 4.711, fue el 17 de octubre de ese año. En ese trámite de registración omitió decir que era funcionario provincial. Y aunque la Justicia no avanzó con una acusación en su contra, en la tarea de inscripción del Registro de Proveedores contó con la ayuda de un funcionario público –un ilícito–, Aníbal Beorda, “Anibalito”, segundo de su titular, Sebastián Lorenzo, en el Ceicer. Así, el 7 de noviembre, el entonces gobernador Sergio Urribarri firmó el decreto Nº 3.793 con el cual se le asignaron viáticos, pero que nunca utilizó.

Cuatro meses después del nombramiento, en diciembre de 2012, su empresa RP Transportes SA le cobró al Estado provincial 220.000 pesos por haber llevado estudiantes secundarios de la capital entrerriana al complejo de Tecnópolis, en Villa Martelli, Buenos Aires. Lo curioso del caso fue que a la licitación realizada por la Dirección de Turismo Social, dependiente del Ministerio de Turismo, entonces a cargo de Hugo Marsó, sólo se presentó un oferente: Barreiro.

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